La villa de Retiro aloja en este momento a unas 25 mil personas en uno de los barrios más caros de la ciudad. Durante la campaña, Mauricio Macri habló de los programas de reurbanización de las villas porteñas, de todas excepto de Retiro, donde planteó el proyecto de erradicación. Esa sola idea disparó dentro del barrio todo tipo de fantasmas. Negociaciones, alternativas defensivas y estrategias que en este momento cada quien está componiendo. A contrapelo, los macristas también llegaron al barrio. O lo intentan.

La capilla mantiene el ritmo de las parroquias de pueblo. Detrás de la entrada, los pocos metros de la iglesia terminan en una cocina donde un grupo de mujeres corta y mezcla cubos inmensos de calabazas con algo de arroz para los más pobres, los que no están en la villa sino a unos metros de ahí, durmiendo sobre una de las explanadas de la estación de trenes de Retiro. En la calle, bajo el frío.

El cura Guillermo Torres sale de ahí con las orejas tapadas y un gorrito de lana en la cabeza. Su capilla está a dos infinitas cuadras de la entrada del barrio, después del camino que se abre desde la estación y va entrando, serpenteante, entre puestos de frutas, carnicerías, lavaderos de colectivos y paradas de micros. La iglesia enfrente de un comedor y pegada a una canchita de fútbol, una bocanada de aire suelto y liviano, rodeado por los cordones tensos de las casillas que van armando esta ciudad.

“Los muchachos vinieron a verme”, dice el cura Guillermo. “No sólo a mí; intentaron un diálogo con el equipo de curas para las villas porque a todos los barrios están intentando llegar, están buscando por dónde, que se les allane el camino, pero nosotros no les vamos a abrir las puertas de un barrio, por mi puerta no entran; por la gente, puede entender mal.”

La historia

La villa de Retiro nació en los años ’40 con una decisión del gobierno nacional, que cedió terrenos baldíos a los grupos de trabajadores italianos. Con el tiempo, el barrio dio cobijo a migrantes del interior del país y a comunidades de países vecinos. En 1956 era una de las 21 villas de Buenos Aires donde vivían 33.920 personas, ocasión para la que cobró impulso por primera vez la idea de la erradicación.

La revista de los chicos del villa, Retiro News, menciona aquello como un hito, un primer programa de desalojo masivo que “no fue tan violento como los que vendrían más adelante”, dice, porque contempló aspectos sociales como una vivienda digna. Ese primer plan, de todos modos, fracasó como sucedió de allí en adelante: durante siete años se construyeron 214 viviendas para 1284 personas.

Retiro ahora tiene unos 25 mil habitantes atravesados por las empalizadas de la autopista Illia con sus balcones a la barbarie. Los sectores más antiguos reúnen 33 manzanas en el barrio de los Inmigrantes y Güemes, donde ahora están los restos de Carlos Mugica. En los últimos diez años, detrás de la crisis, la villa se fue extendiendo más allá de los viejos límites, sobre la 31 bis, derramándose a lo ancho y hacia el cielo. Las nuevas manzanas urbanizadas crecieron hacia la Terminal de Omnibus de Retiro, sobre las cercanías de los peajes de la autopista y ganaron altura con casas de hormigón y piezas de alquiler de dos y tres pisos, rentadas a 300 pesos al mes. En total, ésas son 14 manzanas urbanizadas y con otras dos más recientes, según los datos que maneja la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización no gubernamental que construye la idea de ciudadanía con la promoción de los servicios básicos aún allí, donde la gente vive colgada de la luz aunque hace años reclama medidores a un Estado que prefiere –al parecer– mirar para otro lado, antes de otorgarles un papel.

“¡Después nos dicen que nosotros tenemos antenas satelitales!”, dice Jorge Vargas, un alto de barba franciscana que camina por el barrio. “¿Cómo no vamos a tener esos servicios, si trabajamos? Como no nos dejan pagar el agua, ni la luz, ni ninguno de los impuestos, nos sobra plata para eso.”

Como Jorge, un 95 por ciento de los vecinos parece dispuesto a pagar sus servicios con tarifas sociales porque parece tratarse de una apuesta esencialmente simbólica, dice Albertina Maranzana, abogada de ACIJ. Una tarifa que parece otorgarles el rol de usuarios, y correrlos del de asistidos.

Hace unos días, por ejemplo, un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires obligó a reformular la provisión de agua potable para las manzanas 11, 12, 13, 14, 100 y 101 de la 31 bis. Como no hay agua ni conexión informal a la red, la gente recibe camiones cisterna que entran de 8 a 17 para cargar tanques comunitarios. Los vecinos pidieron que los camiones entren de 8 a 22, domingos y feriados, porque el año pasado hubo una semana en la que directamente no entraron.

El proyecto

Las tierras de la 31 jurídicamente pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque el Instituto de la Vivienda de la ciudad (IVC) es el encargado de manejar todos los recursos que entran y salen del barrio, desde las chapas, el agua potable o las propuestas de nombres de los delegados. En los papeles, sin embargo, las tierras no son de la Ciudad. La mayor parte pertenece al Organismo residual de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y otra parte menor a Repsol-YPF, cuyo terreno está valuado en unos 25 millones de dólares, un dato que atado a los proyectos millonarios de desarrollo inmobiliario, turístico y comercial, proyectados sobre el Puerto de Buenos Aires y Retiro, explica algunas de las divergencias pasadas y futuras sobre la villa. A grandes rasgos, los urbanistas vinculadas con alguno de esos proyectos manejan dos tipos de soluciones posibles: erradicación o urbanización.

En este momento, los especialistas creen que una urbanización completa implica varias decisiones complejas del Estado nacional, como comprar las tierras de Repsol-YPF por 25 millones de dólares y olvidar el desarrollo inmobiliario, porque la cercanía de los pobres espantaría a los emprendedores dispuestos a pagar unos 6 mil dólares el metro cuadrado. En ese contexto, se analiza las alternativas de erradicación de un sector o de toda la villa (ver aparte reportaje con Sorin).

Hasta ahora, la Nación nunca dio los pasos necesarios para llegar a un acuerdo con la Ciudad sobre alguna de estas opciones que siempre tendrán un costo político. Esta vez, quien se aventuró a hacerlo fue Macri. Como sucedió con la policía, le pidió a la Nación la transferencia de las tierras de la Onabe (ver aparte). ¿Qué es lo que hará?

Juan Carlos Acevedo no tiene experiencia en el trabajo de villas, pero es la persona de PRO encargada del relevamiento y del diagnóstico de la 31. Su coalición dividió las villas de Buenos Aires, una por legislador, para hacer el mismo trabajo. “La idea no es erradicar”, dice. “Lo dijimos así por la campaña.”

Hace diez días, Acevedo empezó el trabajo en el barrio y tiene otros 20 días para pronunciarse. Hasta ahora conectó a “actores periféricos y de adentro” del barrio, dice, delegados y ex seminaristas. “Como nunca hice este trabajo en las villas, puedo tener una distancia objetiva, no estoy con las organizaciones internas, no las conozco, no conozco los actores, busco herramientas para mejorar la calidad de vida. Recuerde que vengo de una formación social en psicología y de trabajar en la dirección de Discapacidad de la gestión de Telerman, para decirle que soy más bien progresista.”

En el barrio, en tanto, no saben qué sucederá después de diciembre. Los más viejos, como acostumbrados, saben que detrás de cada nuevo gobierno el fantasma de los desalojos se renueva. Aun así, ahora las cosas parecen distintas: la expansión de Puerto Madero consolida la idea del desplazamiento.

Resistencias

En los últimos setenta años, la Villa 31 atravesó cinco grandes desalojos todavía recordados por sus habitantes como capítulos negros de su historia. Los más violentos sucedieron durante la última dictadura, con el gobierno de Carlos Grosso y de Jorge “Topadora” Domínguez. Una y otra vez, los vecinos dejaron obligadamente manzanas que tiempo después se volvieron a poblar con nuevos vecinos o con las mismas familias, que buscaron la forma de regresar. Hoy, aquello forma parte de las alternativas en las que piensa la gente.

“Las erradicaciones de Retiro siempre fueron por las que pagaron más grosso”, dice Valentín Herrera, referente de los cartoneros de Soldati, pero antiguo vecino temporario del lugar. “Hace 13 años se erradicó una parte del barrio a 35 mil pesos de entonces –explica–, hoy serán 100 mil; se pagó más que en otros lugares, eso es lo que tiene sujeta a la gente ahí: y ahora es la negociación del futuro, con cualquier gobierno que entre.”

En aquel momento, varias familias hicieron de las negociaciones sus espacios de resistencia. Con los subsidios, algunos se fueron a San Miguel o a José C. Paz. Otros aceptaron, en cambio, planes de un crédito hipotecario que poco después ya no pudieron pagar. Unos y otros volvieron al barrio, aunque muchos ya no pueden hacerlo en nombre propio por aquello de los subsidios, y vuelven de la mano de sus hijos.

“Nuestra idea es formar un Frente”, dice Jorge Vargas, el alto de barba franciscana que avanza por uno de los corredores de la autopista. “Lo que queremos con eso es conseguir la urbanización definitiva, porque queremos quedarnos, pero quedarnos bien.” Acá, “nos dicen que mucha gente viene de afuera y en realidad una familia vive en un cuarto de 6 por 4 con sus 7 hijos hacinados durante años, comparte comida, comparte la vida, pasan diez años y los hijos quieren formar otra familia y buscan un terreno desocupado para poder tener su intimidad: en su mayoría es gente de adentro que se descomprime, porque viven como sardinas en algunos casos”.

Vargas es delegado de la manzana 7 de la 31 bis, una manzana de 110 familias de unas 400 personas. Distinto a lo que sucede en otros barrios, en la villa no hay presidentes, o consejos vecinales, sino un delegado por manzana o dos cuando los ocupantes son demasiados. Los delegados son referentes vecinales, pero en ocasiones también referentes políticos. Ellos discuten por estos días la formación de un Frente con gente de ASIJ, de Cohre, referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con trabajo en el barrio, la CTA, los curas del Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia de la Ciudad y alguna cátedra de Arquitectura de la UBA con la que apuestan a generar algún proyecto de urbanización alternativa.

“Más que urbanizar, a nosotros nos gusta hablar de integración urbana”, dice en este caso el cura Guillermo, por ejemplo. A poco del ballottage, los curas villeros entregaron un documento sobre los desalojos y los proyectos de urbanización a los dos candidatos a jefe de gobierno, y luego los hicieron públicos. En esas líneas, los curas denuncian los desalojos que se están llevando a cabo en la Ciudad y las contradicciones entre quienes promueven el establecimiento de estos barrios cuando sirven políticamente. En ese contexto, también hicieron una interpretación de los proyectos de urbanización que se están desarrollando en algunos barrios como Soldati, donde la apertura de calles y la construcción de casas parece dar paso a la devastadora “cultura porteña”. “¿Acaso urbanizar no sería más bien crear situaciones positivas, donde se den las mismas posibilidades a los que viven en la villa que a los que viven en Belgrano?” Por eso, ellos hablan de integración, de respeto por la “idiosincrasia de los pueblos, de sus costumbres, de su modo de construir, de su ingenio para aprovechar tiempo y espacio”.