Ponerle “LaKarrió” a una de sus yeguas fue sólo una de las represalias que eligió el empresario pesquero Héctor Antonio cuando la candidata a presidenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lo vinculó al asesinato de otro ejecutivo del sector, Raúl “Cacho” Espinosa. La otra fue iniciarle una querella por calumnias e injurias. La ex diputada deberá comparecer este viernes ante el juez en lo correccional Luis Alberto Schelgel en el primer juicio oral y público que enfrenta por sus dichos (tiene otras dos causas abiertas). El miércoles de la semana que viene, en tanto, presentará un alegato que promete dejar caer denuncias como si fueran Napalm sobre el presidente Néstor Kirchner, al que –según insiste la candidata– financiaron generosamente esas pesqueras en la campaña de 2003.

Espinosa fue baleado el 30 de enero de 2003, cuando llegaba a su casa en Puerto Madryn. La investigación pasó por 14 jueces y los tres imputados –uno de ellos custodio de la compañía española Conarpesa– terminaron sobreseídos. Carrió señaló que Espinosa se había acercado a ella antes de que lo mataran con pruebas que comprometían a Conarpesa. Cuando le preguntaron a Carrió quién había instigado ese crimen, sugirió que se pusiese la lupa sobre los que querían la pesquera de Espinosa, San Isidro, que fue vendida por la viuda a Conarpesa.

En marzo de 2004, Carrió presentó un informe en el que sostuvo que Pescafina, la empresa que dirige Antonio, tenía una “estrecha vinculación” con Conarpesa. Asoció a ambas compañías al financiamiento de la campaña de Kirchner –su informe habla de “sospechas no comprobadas” de un aporte por 5 millones de pesos–, a “quiebras fraudulentas” y además las vinculó con el narcotráfico: aseguró que en la causa en la que se investigaba la “Operación Langostino”, como se llamó al envío de cocaína a través de la exportación de mariscos, estaba involucrada la empresa Estrella de Mar, atribuida a Antonio. El lo negó públicamente.

Carrió se ganó dos querellas: una iniciada por el titular de Conarpesa, el español Fernando Alvarez Castellano, y otra de Héctor Antonio, que es hijo del histórico financista del peronismo, Jorge Antonio, fallecido en febrero pasado. La inició su abogado Jorge Sandro, quien se hizo conocido por defender al cura Julio César Grassi y Gregorio Ríos, el custodio de Alfredo Yabrán, en el caso Cabezas. El delito por el que la imputa tiene una pena máxima de tres años y una multa. Además, Antonio le inició una demanda civil por 300 mil pesos.

“Pagaré con la cárcel, pero no con el silencio de una conciencia comprada”, había dicho Carrió cuando le iniciaron la querella. “Lilita quiere presentarse al juicio. Renunció a su banca para ir sin fueros. Ella estaba esperando este momento. Va a ir a decir todo lo que tenga que decir. Está muy tranquila”, aseguraron a Página/12 en su entorno.

La dirigente debe enfrentar una tercera causa, que le inició el ministro de Planificación, Julio De Vido, al que Carrió señaló como “el cajero de Kirchner”. Lo hizo al difundir un informe del ARI sobre las finanzas de la campaña presidencial en 2003. “Uno de los recaudadores era Claudio Uberti, que tres años después estaba recaudando en Venezuela”, recordaron cerca de la líder de la Coalición Cívica. Tanto la causa iniciada por De Vido como la de Alvarez Castellano están en el juzgado de Claudio Bonadío.

Este viernes, Carrió será indagada por el juez Schelgel. En esa oportunidad, Antonio podrá presentar pruebas, que podrían incluir los testimonios de los periodistas Mariano Grondona, Luis Majul y Andrés Klipphan, entre otros. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el miércoles 22 de agosto, cuando se expondrán los alegatos y Carrió hará uso de la palabra, antes de la sentencia.