En un marco de tensión permanente entre los familiares y amigos de las víctimas –acompañados por integrantes de las organizaciones de derechos humanos– y un grupo de personas que apoyó de viva voz a los represores –entre las que destacaba la activista Cecilia Pando– se leyó ayer la acusación en el juicio oral por crímenenes cometidos durante la dictadura militar en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. Los acusados son el capitán retirado del Ejército Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, el oficial de la misma fuerza Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quienes estuvieron presentes en la sala para escuchar cómo se los incriminaba por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por 15 de las decenas de personas que estuvieron cautivas en un galpón del RI-9 que funcionó como centro clandestino de detención. Se dijo que los cinco acusados presentes, el también imputado en ausencia general retirado Cristino Nicolaides, otros represores ya fallecidos y algunos que todavía no pudieron ser identificados por sus víctimas formaron “una empresa criminal creada por la dictadura militar” para desarrollar “una actividad delictiva en forma clandestina”. Es el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el interior del país.

–¿A usted qué le parece este juicio?

–Me parece bien que la Justicia empiece a juzgar los crímenes cometidos en Corrientes por la dictadura militar.

–¿Qué crímenes? ¿Qué dictadura militar? Acá hubo una lucha contra el terrorismo subversivo. Además, esto no es Justicia, esto es un circo. Ellos (por los militares acusados de delitos de lesa humanidad) defendieron la patria y el juicio es un verdadero circo.

La que empezó el interrogatorio fue Patricia Mariño de Barreiro, la esposa del coronel Rafael Manuel Barreiro. A la mujer no le parecieron muy satisfactorias las respuestas de Página/12, pero no se amilanó en ningún momento, siguió con su prédica: “Yo lo que quiero es que se diga la verdad. Que se hable de todo, no de una sola parte. El periodismo sólo repite lo que dice el gobierno de turno, que sólo quiere condenar y humillar a los militares que defendieron la patria”.

Acompañada por sus cuatro hijos, la mujer comenzó temprano, en la calle, con sus voces de apoyo ante la llegada de los detenidos: “Tranquilo viejo”, “Fuerza Puchi”, “Viva la patria”, “Vamos Piriz”. Los gritos siguieron en la sala de audiencias, en cada cuarto intermedio. Los hijos de Barreiro levantaban los brazos, sin gritar, como si festejaran un gol virtual. Lo hicieron para “celebrar” el ingreso de los acusados al recinto.

En la calle, varios centenares de personas, movilizadas por Barrios de Pie y los organismos de derechos humanos, se plantaron sobre la calle Carlos Pellegrini al 900, detrás del vallado policial, para exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia. Los familiares y amigos de los represores también hicieron lo mismo. Unas 70 personas, con rosarios y escarapelas a lo French y Beruti, entonaron el Himno Nacional y rezaron un Padrenuestro.

Los nostálgicos de la dictadura se mostraron agresivos ante la presencia de la diputada Victoria Donda, nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el cautiverio de su madre desaparecida, y trinaron por la presencia, en apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado, de la monja Martha Pelloni, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y del subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel. Los amigos de la represión contaron con el apoyo de Cecilia Pando, que poco menos quería “prohibir” el ingreso de Pelloni a la sala de audiencias. “Esta es una jornada de alegría, no hay que entrar en el juego de ellos”, respondió Victoria Donda.

Los cargos

En la acusación, que ahora será llevada en el juicio por los fiscales Germán Wiens, Jorge Auat y Flavio Ferrini, se hizo una larga exposición de argumentos tendientes a probar que los imputados conformaban “una asociación ilícita”. En ese sentido, se dejó sentado que hay “razones suficientes como para que se los condene por asociación ilícita agravada, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”. En la imputación se dejó planteado que “dentro de una asociación lícita, en este caso el Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado, puede gestarse una asociación ilícita con el objetivo de cometer hechos delictivos como los cometidos en Corrientes”. De esa forma, la fiscalía se anticipó a contrarrestar argumentos que seguramente van a ser expuestos por los abogados defensores.

Del mismo modo, se citaron párrafos de fallos de la Corte Suprema de Justicia con definiciones técnicas acerca de cuándo corresponde aplicar la calificación legal de “asociación ilícita” y sobre todo acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Sobre el punto, se recordaron párrafos enteros del fallo del máximo tribunal en la causa contra el agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, condenado por el asesinato en Buenos Aires, en el año 1974, del general Carlos Prats y su esposa. En ese marco, las mayores imputaciones recayeron sobre el capitán Juan Carlos Demarchi, aunque también se hizo mención a la responsabilidad mediata, como jefe de la Brigada de Infantería 7, del general Cristino Nicolaides, quien estuvo a cargo de la Subzona de Seguridad 23, de la que dependía el RI-9 de Corrientes. Como Nicolaides está ausente por enfermedad, el tribunal omitió ayer la lectura de las partes que lo involucran en forma directa, para respetar su derecho de defensa en juicio. Ayer tampoco estuvieron en la audiencia sus abogados defensores.

El que debutó ayer en el juicio, como defensor de Demarchi, fue el abogado porteño Eduardo San Emeterio, quien arrancó demostrando que no se va a andar con chiquitas. Con un discurso propio de la dictadura, le pidió al tribunal, sin nombrarlas, que se retiraran de la sala de audiencias las dos representantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Angela Boitano. El letrado alegó que los pañuelos de las Madres, a los que tampoco nombró como si hacerlo fuera pecado, tenían “un significado político”. El presidente del tribunal, Víctor Alonso, cortó en seco la intervención de San Emeterio: “No hay nada en la sala que tenga connotación política. Le ruego que no vuelva a interrumpir la audiencia con este tipo de intervenciones”.

La sala estaba dividida. De un lado, los familiares de las víctimas. Del otro, los amigos de los represores. Al finalizar la audiencia, la mujer de Barreiro y Cristina Losito, la esposa del coronel Horacio Losito, volvieron a manifestarse a los gritos. Recién allí el presidente del tribunal, Víctor Alonso, les advirtió por primera vez: “Si siguen alterando el orden, les voy a prohibir la entrada”. Las provocaciones siguieron en la calle.

“No hay que hacerles caso. Lo que les pasa es que están perdiendo los privilegios y la impunidad. Eso es algo que no pueden soportar”, comentó Martha Pelloni mientras se retiraba “feliz de que en Corrientes se empiece a hacer algo de justicia”.