Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– que estaban doblemente “en Pampa y la vía”. Lo estaban por sus condiciones precarias de vida, situación que describe el dicho popular. Y también porque estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano. Los adultos son cartoneros que, desde comienzos de año, se habían asentado allí, sobre un playón de cemento. Desde ese lugar reclamaban que se reactivara el “tren blanco” con el que transportaban sus mercaderías y que fue desactivado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Ayer, antes del amanecer, el gobierno porteño y la Policía Federal los desalojaron por la fuerza, sin orden judicial. Como algunos se resistieron ante lo que consideraron un atropello, hubo nueve detenidos, seis de los cuales –entre ellos una mujer– tuvieron que ser asistidos porque sufrieron distintas heridas por la violenta represión. Anoche, siete de esas personas fueron liberadas. Las escenas hicieron recordar a las que reconstruyó la película La Redada, sobre un “operativo limpieza” realizado en Tucumán por el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, en plena dictadura militar.

Un comunicado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Juan Pablo Piccardo, aseguró que el desalojo se había realizado “por disposición de la Fiscalía Contravencional número 3 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la doctora Marcela Solano” (ver facsímil). Guillermo Reineque, jefe de prensa de la Fiscalía, se comunicó con Página/12 para aclarar que esa dependencia judicial porteña “no tiene atribuciones para ordenar desalojos”. Reineque sostuvo que lo ocurrido fue posible por “una resolución administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”.

El vocero de la fiscalía informó que Marcela Solano había recibido la denuncia que unos vecinos del barrio de Belgrano habían presentado en la comisaría 33ª por supuesta “ocupación indebida del espacio público, suciedad, presencia de menores, presunto maltrato a los transeúntes y presuntos robos y hurtos”. La fiscal sólo constató una contravención por “ensuciar bienes públicos”, que tiene una pena máxima de 15 días de trabajo de utilidad pública o el pago de una multa. Reineque confirmó que “no había ocupación indebida del espacio público, porque para que exista esta contravención debe constatarse una actividad lucrativa (como la que desarrollan los vendedores ambulantes) y eso no ocurría”.

La fiscal se reunió con los vecinos y luego informó al Ejecutivo porteño sobre lo sucedido. El 8 de febrero envió un oficio a la comisaría 33ª para exhortar a que tomara “medidas de prevención para evitar posibles delitos”. La fiscal recién fue informada a las 9 de ayer sobre el violento desalojo, que se desencadenó a partir de las 6 de la mañana. Ante la aclaración de la fiscal, el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboin presentó un pedido de informes ante el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para que responda “en virtud de qué autoridad y con qué fundamentación legal se dispuso el desalojo con intervención de la fuerza pública”. También requirió datos sobre “qué medidas se están tomando para garantizar los derechos constitucionales (de los desalojados) a la asistencia, a una vivienda digna, al desarrollo humano” y a la “prioritaria protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Consultado por Página/12, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, alegó que “hubo un error” en la redacción del comunicado donde se afirmó que había una orden judicial. “Se libró un oficio a la fiscalía para saber si se estaba cometiendo una contravención. Entonces, el ministerio a cargo de Piccardo le dice a la gente de Emergencias y Logística que intervenga. Ellos comprueban que hay una intromisión y preparan el desalojo. Son agredidos por los cartoneros y ahí es cuando interviene la Policía.”

En suma, el resultado es claro: el procedimiento se hizo por orden del gobierno porteño, sin aval de la Justicia contravencional. Lo que nadie aclaró, hasta ayer, es quién le dio la orden a la Policía Federal para montar un operativo que incluyó a cerca de cien hombres, incluyendo a un grupo de la Guardia de Infantería que cercó el lugar, aunque no intervino directamente en la represión, a cargo de personas de civil que llevaban chalecos, azules o de color naranja, con la inscripción “PFA”. Consultado por este diario, un vocero del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, de quien depende la Federal, dijo desconocer “si hubo una orden” ministerial para que la policía interviniera.

“La inexistencia de una orden judicial fue lo que comprobaron los vecinos durante el operativo y por eso resistieron el desalojo”, le dijo a este diario Olivie Reboursin, abogado de la Liga por los Derechos del Hombre (LADH), que asistió a los cartoneros, junto con los letrados Pedro Dinani, Juan Carlos Combi y Gastón Sánchez. “Esto es ilegal”, dijo Alejandro Tiscornia, vecino de la Asamblea de Saavedra y estudiante de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, aludiendo a la falta de validez de la orden de desalojo.

Tiscornia, y otras ocho personas más, resistieron frente al avance que intentaban los funcionarios porteños y eso dio lugar a la violenta intervención policial. Mientras eran rodeados por la Guardia de Infantería, lo que provocó el escape de muchos cartoneros, un grupo de civil con chalecos de la Federal comenzó a golpear a los que se opusieron a un acto que consideraban ilegal. Con golpes de puño, puntapiés, bastonazos y tironeos, los policías se llevaron arrastrando a los nueve detenidos, entre ellas una mujer y dos jóvenes de 17 y 18 años.

En menos de una hora, los empleados del gobierno porteño desmantelaron sin compasión las casas precarias, de lonas, maderas y chapas, en las que los cartoneros vivieron dos meses para protestar por la desactivación del “tren blanco”. En dos camiones cargaron algunas heladeras y otros muebles, pero lo más doloroso para los desalojados fue ver el tratamiento que se les dio a los cartones que habían juntado para vender durante las últimas dos semanas, a la ropa y a la comida que tenían en sus viviendas.

Los empleados del gobierno porteño las cargaron directamente en dos camiones de recolección de basura de la empresa AESA que habían llegado acompañando a la comitiva oficial. Todos los elementos personales que fueron arrojados dentro de los vehículos recolectores, incluyendo sábanas y colchones, fueron compactados de inmediato, en vivo y en directo, ante los ojos de quienes eran sus propietarios.

“El espacio público no se negocia”, fue la afirmación pública que hizo el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Pi-ccardo, con quien no pudo dialogar este diario, a pesar de una serie de llamadas a su despacho. Piccardo habló de “problemas de higiene y seguridad” que presuntamente provocaban los cartoneros.

El abogado de los cartoneros, Gastón Sánchez, refutó la palabra oficial y denunció que “los cartoneros fueron víctimas de un operativo represivo ilegal” y anunció la presentación de acciones judiciales: “Los responsables de la agresión cometida recibirán las consecuencias jurídicas que correspondan”. Sánchez afirmó que la policía “actuó en base a un decreto administrativo que no estaba suscripto por los funcionarios correspondientes y no se había emitido la notificación a las partes, tal como requiere la ley”. El letrado le dijo a este diario que el jefe de la comisaría 33ª “sabe que han cometido irregularidades”, porque incluso estaba mal la dirección del lugar desalojado. Horas después del operativo, una cuadrilla del Gobierno dejó como un espejo el lugar que ocupaban los cartoneros. Sólo quedó una leyenda: “Libre. Cartoneros por el tren. Gracias vecinos por el apoyo”.