La foto que ilustra esta nota fue tomada por uno de los familiares del prefecto Héctor Febrés que veranearon con él en la base naval de Azul, donde teóricamente cumplía su prisión preventiva por la comisión de crímenes contra la humanidad. A la muerte del jinete Febrés, el 10 de diciembre, envenenado con cianuro, siguieron esta semana las del coronel Paul Navone y el enfermero de la Armada Juan Barrionuevo. La jueza Sandra Arroyo cree que Febrés fue asesinado porque se disponía a incriminar a oficiales de la Marina con quienes hizo desaparecer personas en la ESMA. Navone dejó una carta explicando que había decidido suicidarse cuando debía ir a declarar por la apropiación de bebés de hijos de detenidos-desaparecidos y lo encontraron con un balazo en la sien, con orificio de salida. Barrionuevo llevaba el alias de Jeringa porque era uno de los que inyectaba a los prisioneros de la ESMA que serían arrojados al mar desde los aviones de la Marina y de la Prefectura y murió de un cáncer. Con independencia de la causa de cada deceso, son tres casos más que la morosidad judicial sustrae del juicio y el castigo. Antes que ellos, otros 155 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad habían muerto impunes o habían eludido la justicia por incapacidad para comprender lo que ocurre en un proceso. En esta larga nómina de la impunidad se destacan los ex comandantes del Ejército Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, de la Armada, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya y de la Fuerza Aérea, Ramón Agosti; los almirantes Luis María Mendía, Rubén Chamorro, Adolfo Arduino, Humberto Barbuzzi, Horacio González Llano y José Antonio Suppicich; los generales Ricardo Brinzoni, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Sigwald, Luciano Adolfo Jáuregui, Andrés Aníbal Ferrero, Jorge Hugo Arguindegui, Otto Paladino, Abel Teodoro Catuzzi, Arturo Gumersindo Centeno, José Montes, Jorge Maradona, José Rogelio Villarreal y Edmundo René Ojeda; el capitán de navío Jorge Perren, jefe del grupo operativo de la ESMA; el coronel Alcides Larrateguy, que actuó en la masacre de Margarita Belén; los ex jefes del batallón de inteligencia 601 y de la SS Federal de la Policía Julio César Bellene y Manuel Alejandro Morelli; el coronel Roberto Roualdes que fue el segundo de Suárez Mason en la subzona Capital; el coronel César Emilio Anadón, que condujo la inteligencia militar cordobesa durante los años de Luciano Menéndez: el coronel Roque Presti, que hizo gemir a La Plata. Entre los incapaces están el ex dictador Emilio Massera, los generales Adel Vilas, José Antonio Vaquero y Juan Bautista Sasiaiñ y el coronel médico Agatino Di Benedetto. Antes que Navone se pegó un tiro, pero sobrevivió con la cara destrozada, el suboficial de la Prefectura Juan Antonio Azic, cuya extradición pidió España por la tortura con picana eléctrica a un bebé de días, hijo de un detenido que se negaba a colaborar. Una rara excepción es el ex coronel de Inteligencia del Ejército Santiago Hoya, quien murió en el Hospital Militar, en diciembre pasado, tres días después de ser condenado a 25 años de prisión. La autopsia, terminada esta semana, no deja dudas sobre su muerte natural, consecuencia de males preexistentes.

Esta situación viola los derechos de todas las partes, deslegitima a la justicia y proyecta su corrosión sobre todo el sistema institucional. Algunos represores llevan años en prisión preventiva, sin derecho a que un tribunal independiente e imparcial decida sobre su culpabilidad o su inocencia. Al mismo tiempo se niega a los sobrevivientes de los campos clandestinos de concentración y a sus familiares el derecho a un juicio que castigue a los responsables de delitos atroces. En este momento, las causas importantes de la Capital se amontonan en el Tribunal Oral Federal 5 (ESMA, Cuerpo I, Masacre de Fátima). Además el Tribunal Oral Federal I acaba de remitirle también la causa por el Plan Cóndor. Seducidos por la idea de concentrar las causas más importantes, los miembros de ese tribunal afirman que pueden realizarlos y reclaman más recursos. Pero en ese embudo tales procesos no terminarían antes de 2012. Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema tienen facultades de superintendencia para reasignar esas causas, sortéandolas entre los demás tribunales de la jurisdicción. Una decisión de ese tipo ya se tomó con el mismo TOF 5, que fue liberado de cualquier otro juicio cuando le tocó la causa por el atentado a la AMIA, como recordó ayer CFK. Una medida similar acaba de aprobar la Legislatura Bonaerense, redistribuyendo entre distintas cámaras de la provincia, miles de causas atascadas en la Cámara de Casación. En ninguno de esos casos se afecta la garantía del juez natural ni la del debido proceso. En cambio la continuación del estado actual hace burla de los derechos al debido proceso y a un juicio en un plazo razonable. Si la justicia no asume su responsabilidad y pone fin a esta situación insoportable será hora de que el Poder Ejecutivo y el Congreso llenen el vacío. Así no es posible seguir.