La embestida contra los accionistas de Edelap tiene también fundamentos técnicos, ajenos a los procedimientos financieros presuntamente objetables de Aes, su principal accionista. De las tres distribuidoras privatizadas a principios de los ’90 y que brindan servicio a usuarios bonaerenses, es la que muestra hoy una más pobre performance en la calidad del servicio, según los registros del órgano regulador, dependiente del Ministerio de Planificación.

El propio intendente de La Plata, Pablo Bruera, se lamentó públicamente días pasados de la recurrencia en los apagones, apuntalando las críticas que desde el gobierno nacional se formularon hacia la mecánica financiera utilizada por el accionista mayoritario de la distribuidora. Los técnicos de Planificación ponen números a esa pauperización del servicio.

En términos comparativos, Edelap es la que tiene mayor número de cortes promedio anual por usuario: este año completará un 7,22 interrupciones, contra 5,64 de Edesur y 4,24 de Edenor. Si la mira enfoca la cantidad de horas de pausa en el suministro, la firma platense también lleva la delantera con 19 horas en lo que va del año, contra 14 de la sureña y 10 de la que atiende a los clientes de la zona norte de la Capital y el conurbano bonaerense.

A juicio oficial, esa pobre calidad no estaría totalmente disociada de los supuestos desmanejos atribuidos a Aes en la denuncia penal y que habrían colocado a la firma en una situación económica y financiera de gran delicadeza. Así se consigna expresamente en el texto que recaló en manos de Alberto Baños.

Edelap fue la primera en firmar un acuerdo de renegociación transitorio con el Gobierno, que le permitió cierto oxígeno tras el congelamiento tarifario impuesto con la Emergencia Económica. Ese documento –previo a la revisión tarifaria integral en curso– flexibilizó los índices de calidad del servicio, único parámetro para estimular la inversión: este núcleo de distribuidoras no está sujeto a un plan de obras determinado sino a la obligación de cumplir ciertas pautas en la prestación. Si no lo hacen, son pasibles de sanciones hasta el caso extremo del quite de concesión, alternativa que por ahora no se considera en este caso.

Aes, accionista privado y operador técnico, no es un improvisado en la materia, al menos si se juzga por su participación en el mercado energético. La propia denuncia penal presentada por el Gobierno destaca la presencia en veinticinco países de esa firma energética que en Argentina es responsable del 10 por ciento de la generación, parte como operadora de centrales hidráulicas, parte como responsable de usinas térmicas.

La apuesta local está fundada en una estrategia global que la firma concibió hace unos años, cuyo objetivo consistía en ganar posiciones en el rubro energético, incluyendo en su mapa inversor a países emergentes. Por esta razón, los estadounidenses no dudaron en comprarle la participación a Techint por un precio que sonó alto en el momento de realizar la operación, hace ya más de una década.