La oposición en la Cámara de Diputados presentó ayer un pedido de sesión especial para tratar una reducción en las retenciones a la soja del 35 al 25 por ciento. La solicitud la realizó el diputado radical Pedro Moroni. El proyecto, que pretenden sea tratado mañana, fue consensuado por los bloques de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el socialismo con técnicos de la Mesa de Enlace. Los ruralistas amenazan con cortes de ruta si el oficialismo no da quórum para la sesión.

Además de la baja en la alícuota, la iniciativa contempla que los productores no paguen retenciones por las primeras mil toneladas de soja exportadas, ya sea para “personas físicas o jurídicas”. El beneficio alcanzaría a los pools se siembra. El texto también establece retenciones diferenciales para maíz, trigo, girasol y frutas, además de carne y leche.

En el caso del trigo, el proyecto establece en 15 por ciento la alícuota para el derecho a la exportación aplicable a las distintas variedades comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. Además bonifica el derecho de exportación hasta las 2400 toneladas que comercialice cada productor.

Para el maíz, la retención sería del 20 por ciento –salvo para la variedad pisingallo– y se bonifica a los productores por las primeras 2400 toneladas. En girasol la alícuota la pone en 15 por ciento –menos para semilla tipo confitería y descascarada– y la bonificación es para las primeras 900 toneladas. En tanto, al sorgo se le retendría 15 por ciento y la bonificación sería para las primeras 1800 toneladas.

El proyecto de la oposición además establece la eliminación de retenciones en carne bovina, leche, manteca, quesos, yogur y derivados. Lo mismo para naranjas, mandarinas, limones y limas, pomelos, manzanas, peras y membrillos frescos, kiwis, damascos, cerezas, duraznos y ciruelas, frutillas, frambuesas, zarzamoras, moras y arándanos.

El texto sugiere modificar el Código Aduanero y crear una Comisión Bicameral Permanente que analice las alícuotas de los derechos de exportación. El proyecto no estima cuál sería la pérdida de recaudación para el Estado.