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El Prode bancado no funciona, por ahora. Menos aún, un Prode que recogiera apuestas on line sobre las vicisitudes del Parlamento. Si hubiera existido en la noche del martes o la mañana de ayer, las apuestas habrían consagrado favorito al oficialismo en la votación sobre facultades delegadas y a la oposición en su propuesta de frenar los aumentos de tarifas de gas. El Frente para la Victoria (FpV), vía negociación y concesiones interesantes, se había ganado el apoyo de 16 diputados de centroizquierda para prorrogar las facultades del Ejecutivo, incluida la de fijar retenciones. Logró ampliar su base de sustentación, lo que (en sinergia) le valió conservar unida la fuerza propia. Hasta los diputados de Chubut, cumpliendo la promesa que el gobernador Mario Das Neves le hiciera a Agustín Rossi unas semanas atrás.

El panorama era muy otro respecto de la suba de los servicios de gas. Los legisladores del centroizquierda estaban en contra y muchos oficialistas tampoco se mostraban muy dispuestos a bancar la movida del Ejecutivo. La maraña de subsidios, por naturaleza, distribuye sus beneficios de modo muy dispar. En general, los más atendidos son los ciudadanos de Capital y Gran Buenos Aires, exacerbando los reflejos antiunitarios de otras provincias. Comparar los precios del gas o del bondi de “los bonaerenses” y, por ejemplo, de los cordobeses puede enardecer a cualquier oriundo de esa provincia, incluidos sus diputados. La coherencia interna estaba en serio riesgo, si no quebrada. La onda expansiva de esa fragmentación podía repercutir en el otro debate. Los jefes de los bloques de diputados y senadores del FpV trasladaron su inquietud a la Casa Rosada, durante la gira de la Presidenta a Quito y Caracas. Ya de regreso, Cristina Fernández de Kirchner comidió al ministro Julio De Vido a retractar el aumento, ahorrándose un revés parlamentario..., o tal vez dos. La jugada táctica de Olivos fue astuta, pero no resuelve la contradicción principal que es normalizar el régimen de servicios y de tarifas, lo que implicaría un abordaje integral, más complejo que el atajo elegido esta vez. Y el uso de la sintonía fina, tan ajena a las destrezas del oficialismo.

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En el trabajo de comisiones, el FpV mantuvo un interesante diálogo con los diputados de centroizquierda (SI, Proyecto Sur y Encuentro Popular y Social). Estos reclamaron reformas al proyecto original, depurando su calidad institucional. Las principales eran tres.

Una, reforzar el control parlamentario y el rol de la Bicameral.

Dos: negar “cheques en blanco” retroactivos validando a libro cerrado decisiones anteriores a la fecha.

Tres: jerarquizar la delegación, exigiendo que sólo pueda ser ejercida por la Presidenta y el jefe de Gabinete. Las subdelegaciones, o sea, los endosos a funcionarios de menor rango desmerecen el sentido particularista de la concesión parlamentaria. En esa derivación a niveles inferiores de la administración posibilita que proliferen medidas imposibles de auditar y hasta de enumerar.

También se debatió un acortamiento del plazo, el único punto que el oficialismo no cedió. En todos los demás, se allanó a los pedidos de la oposición. El dictamen de comisión fue suscripto por ambos sectores, el diputado Emilio García Méndez firmó por el SI.

El esquema era interesante. El oficialismo “abrió” su proyecto, varios bloques le introdujeron mejoras. Se mantenía la potestad del Ejecutivo de fijar las retenciones, básica para el ejercicio del gobierno. Pero se armaba un marco institucional de control, auditoría, restricciones y participación opositora.

Era una toma de posición valorable, frente al resto de la oposición, abroquelada detrás de la Mesa de Enlace, que la condujo, le dio letra y (lo cortés no quita lo valiente) la apretaba en las comisiones por si las moscas. La unidad del centroizquierda surgía como un dato sugestivo de cara al futuro. No la privaba de autonomía frente al oficialismo, al que enfrenta en buena parte de la agenda pública. Hasta Martín Sabbatella, quien no participó de las tratativas porque recién asumirá en diciembre, puso buenos oficios para ese avance, que celebró en declaraciones periodísticas formuladas ayer por la mañana.

En la tarde, el acuerdo interno del centroizquierda se resquebrajó. El diputado electo Fernando Solanas instó a que sus aliados votaran por la negativa, basándose en que no hubo acuerdo integral, puesto que primó el plazo dispuesto por el FpV. Claudio Lozano, Eduardo Macaluse y Miguel Bonasso le hicieron saber que votar negativo era una demasía en ese escenario, pero acompañaron la idea de distanciarse del oficialismo, absteniéndose. El producto fue una división del conjunto. Habrá que escuchar el respectivo debate en los días próximos, pero da la impresión de que prima el afán de diferenciarse del oficialismo, a punto tal de subestimar que esa conducta es funcional al conjunto de los aliados incondicionales de la Mesa de Enlace. Despegarse del FpV, parece, preocupa más que pegarse a los seguidores de Biolcati, Llambías y compañía.

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Un resultado negativo hubiera dejado al fisco al borde del desfinanciamiento. Así lo entendieron y explicaron las diputadas de Libres del Sur, reivindicando en simultáneo su distanciamiento del kirchnerismo. También lo entendió la mayor parte de los legisladores del centroizquierda a que vinimos haciendo referencia.

La narrativa de la oposición de centroderecha (a la que el radicalismo adscribió tras haber explorado posturas menos subordinadas al poder fáctico) subestima el impacto potencial de la supresión de las facultades del Ejecutivo. Describe un Parlamento virtual, congruente e idóneo para tomar medidas que hace décadas son resorte del Ejecutivo. Faltan antecedentes empíricos que corroboren esa pinturita. Es insensato suponer que el Congreso realmente existente pudiera unificar posiciones para hacerse cargo de un punto sustancial de la administración del Estado. Conspiraría la carencia de equipos técnicos, de formación, de recursos informativos. Y, ya que estamos, las propias divisiones entre la dirigencia de la UCR, la Coalición Cívica, el socialismo, el peronismo disidente y Unión PRO. Sus querellas son cotidianas, su falta de proyecto común, patente. En el rol de oposición eso se disimula, apenas, merced a su alianza con las patronales agropecuarias y a su enfrentamiento automático a cualquier medida oficial. Pero da la impresión de que no podrían ser congruentes o eficaces puestos a gobernar para el conjunto social, que va más allá de las patronales del “campo” aunque esté de moda soslayarlo.

La votación, que conserva la prerrogativa del Ejecutivo y da un resuello sin asfixia fiscal, era el mejor resultado posible. Podría haber sido mejor si se conservaba a pleno la plena confluencia, en este tema, entre FpV y el centroizquierda. De cualquier modo, la mayoría obtenida fue holgada, 136 votos contra 100.

Al cierre, un vibrante discurso del jefe de la bancada del FpV Agustín Rossi adelantó dos temas de agenda que impulsará el oficialismo y que desatarán polémicas y represalias. El primero, consensuado con el centroizquierda en las tratativas ya mencionadas, es establecer un ingreso universal a la niñez, que sería un salto cualitativo en las políticas sociales y en los derechos ciudadanos. El segundo, la ley de Servicios de comunicación audiovisual. Las réplicas ya se harán oír, y leer.

En un contexto de debilidad política expandida (oficialismo en merma, oposición que no gana terreno) y de crecimiento de la prepotencia de las corporaciones patronales, el proyecto pasa a Senadores. Es prematuro vaticinar resultados, es sencillo determinar que se pulseará voto a voto, con enorme presión de lobbies patronales y mediáticos.

La agenda democrática se expande, pero la soja sigue siendo el centro del universo en Yuyolandia; algunos llaman a eso República.

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