La legitimidad de la intervención estatal en el caso del fútbol se desvanece en las querellas por calumnias e injurias del director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, contra el periodista de Clarín Daniel Santoro y los directivos de La Nación Bartolomé Mitre y Julio Saguier. Santoro en una nota, Mitre y Saguier en dos editoriales cuestionaron al agente por la investigación del atentado contra la AMIA. Los cargos contra Stiuso forman parte de la batalla entre sectores de la SIDE y de la Policía Federal. Los señalamientos contra el funcionario se originaron en un informe del comisario Jorge “Fino” Palacios, que contenía un dato inexacto, luego rectificado. Stiuso sostiene que “ciertos sectores de la comunidad judía” y algunos ex funcionarios que participaron en la investigación, intentan desplazarlo ahora a él. Aunque no los nombra se refiere al ex juez Juan José Galeano, a quienes reivindican el comportamiento de Rubén Beraja y al nuevo jefe de la policía metropolitana. La Nación también objetó el incremento de fondos reservados de la SIDE, cuestionó su eficiencia en casos de tráfico de efedrina, señaló operaciones prohibidas de inteligencia política y dijo que el Tribunal Oral Federal 3, que condenó a Galeano, también recomendó investigar a Stiuso. Stiuso lo niega. Fue uno de los testigos que contribuyeron a desentrañar el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo cual condujo a que el Estado argentino reconociera su responsabilidad ante la OEA. El TOF 3 no lo señaló a él sino al comisario Palacios, quien está al borde del procesamiento. Pero eso no habilita a Stiuso para perseguir a periodistas y directivos de medios. Sus querellas contra Mitre y Saguier dicen que las presenta a título personal, pero agrega que los textos que lo afectan también “enlodan a la Secretaría de Inteligencia, a todos sus integrantes y a sus máximas autoridades”, lo cual prueba que su propósito es silenciar la crítica al modo en que se ejerce el poder. También alega que él no es un político y que está obligado por el secreto de Estado, lo que le torna más difícil ejercer su derecho a réplica que a un particular. Invoca ese mismo secreto para no referirse a su desempeño en la SIDE durante la dictadura, que ha sido investigado por el periodista Gerardo Young en el libro La Argentina secreta. Allí se afirma que fue hombre de confianza de los generales Carlos Martínez y Otto Paladino. Los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK no habían recurrido hasta ahora a esta práctica intimidatoria tan frecuente en el menemismo. Cuando Enrique Albistur querelló a directivos de la revista Noticias, Kirchner le ordenó que desistiera. En cambio no cumplió su promesa de impulsar la despenalización de esos delitos cuando se cometieran contra funcionarios públicos. Ahora hacerlo ya no es una cuestión discrecional sino obligatoria. El año pasado, en el caso Kimel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó modificar la legislación sobre calumnias e injurias para impedir ataques similares a la libertad de expresión. A 30 años de su histórica visita de 1979, la Comisión Interamericana volverá a la Argentina en septiembre. Las autoridades acompañarán a sus miembros a visitar algunos paradigmáticos campos de concentración de entonces. No está mal reconocer el aporte que la CIDH hizo entonces al oprimido pueblo argentino. Pero mayor signo de respeto sería cumplir con sus órdenes por violaciones actuales a esos derechos, ordenando a Stiuso que desista de esas querellas injustificables y autorizando la reforma legislativa para que no se repitan.