Jueves, 11 de marzo de 2010 | Hoy
EL PAíS › OPINIóN
Por Alfredo Zaiat
La historia es al revés de lo que se cuenta y se analiza.
Un grupo de productores agropecuarios cortan rutas durante varios días impidiendo el abastecimiento de centros urbanos, provocando una suba de precios de bienes básicos del hogar, que terminó afectando con más intensidad a los sectores más postergados, y el discurso dominante no considera que eso haya sido un comportamiento violento. “Fue una respuesta patriota a la prepotencia estatal”, afirmaron con elevada cuota de cinismo algunos líderes.
Las grandes compañías con posición dominante en el mercado suben los precios sin relación directa con la evolución de los costos para mantener o ampliar sus ya relevantes tasas de ganancias, castigando los bolsillos de trabajadores y jubilados, y la explicación que se difunde ignora que la responsabilidad primaria de esos ajustes es de los empresarios. “El alza de precios es consecuencia de la incertidumbre política provocada por medidas gubernamentales”, confunden con complicidad muchos analistas en temas económicos.
Importantes referentes del mundo de la política se llenan la boca de exabruptos, descalificaciones, profecías e incoherencias, que abonan un escenario de intolerancia y violencia verbal, y gran parte de los integrantes de la cadena nacional de medios privados ocultan en forma cuidadosa esos desbordes emocionales. “Son una derivación de las provocaciones del oficialismo”, señalan sin disimular su opción política profesionales independientes.
El vicepresidente afirma sin ruborizarse que no es oficialista ni opositor, aunque juega en el segundo bando con hipocresía consentida, e inquietos intelectuales custodios de la república minimizan ese despropósito institucional.
Las palabras consenso, democracia, diálogo y respeto a la opinión del otro inundan los discursos vaciando así el debate sobre los contenidos de medidas que afectaban intereses del poder económico, y ante la primera oportunidad de mostrar esas cualidades de las que supuestamente carecía el adversario dejaron en evidencia que desconocen el significado de esos términos.
Así fue la patética actuación de un grupo de senadores con el pliego de designación de Mercedes Marcó del Pont. En un manifiesto comportamiento antidemocrático durante ese proceso esos legisladores expresaron el nivel de subordinación a los intereses de grupos financieros que resisten la presencia de un banquero central no neoliberal. El argumento para censurar a Marcó del Pont por cumplir con celeridad un DNU con fuerza de ley es muy frágil. Se deduce que para esos senadores y el eco de respetados analistas un funcionario público debe violar la ley si ellos no están de acuerdo con una norma.
En caso de concretarse el despido de Marcó del Pont no será una derrota del kirchnerismo, sino la de una oportunidad extraordinaria para empezar a transformar una banca central que históricamente ha estado en función de cuidar privilegios de un atrofiado sistema financiero.
En los últimos años y con más intensidad desde el debate por las retenciones móviles, en cuestiones de la economía es al revés de lo que se afirma y se analiza. Uno de los logros más impactantes de la avanzada conservadora fue el de apropiarse de herramientas de protesta e ideas de los sectores populares. Han subvertido sus significados en la preparación para caer con toda su fuerza sobre ellos. Arremetida que cuenta con la complicidad de varios que dicen defenderlos, pero que en la actual etapa política están más preocupados por no quedar pegados a lo que consideran la mancha venenosa sin darse cuenta de que en este juego terminarán tocados con la mano de los grupos reaccionarios.
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