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El padre de la jueza que suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron al presidente del Banco Central es el coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, a quien dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte del estudiante Angel Enrique Brandazza, Tacuarita, secuestrado en la semana del regreso de Perón a la Argentina, el primero en la lista de la CONADEP. Durante la última dictadura Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. La lentitud del proceso hizo que aún no haya sido llamado a indagatoria. Poco conocido fuera del Ejército hasta que su hija saltó a la fama, fue uno de los principales jefes operativos de la represión durante la dictadura de Onganía-Lanusse, y continuó incluso después de su retiro durante la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. El parentesco no es causal de recusación en un proceso de enorme importancia para el gobierno que impulsó el enjuiciamiento de aquellos crímenes, pero ayuda a entender el insólito comportamiento de la jueza María José Sarmiento.

Buenos muchachos

Nacido en Córdoba el 17 de junio de 1925, Sarmiento egresó del Colegio Militar en la promoción 74, donde fue compañero de quienes ocuparían algunos de los cargos más importantes en la represión y en el gobierno a partir de 1976: Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Albano Eduardo Harguindeguy,

Otto Carlos Paladino, Jorge Carlos Olivera Róvere, Osvaldo René Azpitarte, Carlos Enrique Laidlaw, entre otros.

En mayo de 1971 fue destinado como Jefe de Inteligencia al Comando del Cuerpo II, uno de los escenarios principales de la lucha del Ejército contra las organizaciones armadas peronistas y marxistas y continuó en ese decisivo cargo operativo en 1972. El Libro Histórico del Comando indica que como G2, Sarmiento ocupaba el cuarto cargo en el orden de precedencia, sólo antecedido por el Comandante del Cuerpo, su jefe de Estado Mayor y el jefe de personal. El 28 de noviembre de 1972, Tacuarita Branda-zza, de 23 años, integrante de la agrupación universitaria peronista Unión Nacional de Estudiantes, fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. Según el médico Miguel Angel Hadad, Brandazza falleció allí a raíz de las torturas el 29 de noviembre de 1972, al día siguiente de su secuestro.

El caso tuvo una vasta repercusión porque once días antes había regresado a la Argentina el ex presidente Juan Perón. El secuestro de Brandazza se produjo cuando salía de la empresa donde realizaba trabajos contables. Lo introdujeron en el baúl de un auto, del que saltó en la concurrida esquina de Córdoba y Boulevard Oroño, gritando su nombre y pidiendo auxilio. Pero lo recapturaron allí mismo y nunca reapareció. El 25 de mayo de 1973, al concluir la dictadura del general Alejandro Lanusse, la Legislatura Santafesina creó una Comisión Bicameral Investigadora que determinó las responsabilidades y señaló a los culpables. El agente de policía Angel Jesús Farías se había fugado con su cuñada. La esposa despechada denunció que Farías había participado en el secuestro de Brandazza junto con el ordenanza Gregorio Prieto, y que se había quedado con el reloj de la víctima para venderlo. Esto condujo a la detención de ambos, quienes confesaron su intervención y declararon que las torturas fueron dirigidas por el coronel Luis Alberto Sarmiento. En su edición del 1o de diciembre de 1973, el diario Clarín transcribió el testimonio según el cual Sarmiento y otro oficial entraban al calabozo de Brandazza “con una valijita, con un regulador de tensión para picana ‘como el que se ve en la película Estado de Sitio’”. El mismo día, en el diario rosarino La Capital, el diputado Juan Lucero, presidente de la bicameral, dio una conferencia de prensa junto con el jefe de la JP Regional, Jorge Obeid. Lucero informó sobre la declaración de Farías, quien dijo que el coronel Sarmiento era “un mago” para la picana. A pedido del Ejército, el presidente Perón dispuso que el caso fuera juzgado por un instructor militar y designó para ello al general retirado Carlos Alberto Caro. A partir de la ruptura de Perón con Montoneros y la generalización de secuestros, torturas y asesinatos, el expediente quedó en el olvido.

A raíz de este caso, que tuvo amplia divulgación en la prensa, Sarmiento debió pasar a retiro en diciembre de 1974. Terminada su carrera militar, se recicló en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya entonces manejaban las Fuerzas Armadas. La conducía su compañero de promoción Otto Carlos Paladino. Quien lo hizo ingresar y se responsabilizó por él fue otro compañero de promoción, el coronel Eduardo Romeo San Emeterio, también oficial de Inteligencia, que había pasado a retiro en abril de ese mismo año. Ambos realizaron el curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cuando eran mayores. San Emeterio cursó además la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. El 9 de febrero de 1977 la agencia clandestina de noticias ANCLA, creada por Rodolfo J. Walsh, distribuyó un despacho titulado “El general Paladino dirige un grupo especial clandestino”, cuyos miembros recibían un pago extra “por el secuestro y asesinato de activistas políticos y gremiales del peronismo y de la izquierda: se les permitía el secuestro de algún alto industrial generalmente judío, para que por su liberación se obtuviera una buena recuperación económica”.

Lesa humanidad

Al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, Sarmiento cumplía funciones como jefe de Inteligencia en Posadas. Misiones era una de las seis provincias que dependían del Cuerpo de Ejército II y del coincidente Area de Seguridad II; de la Subzona 23, que correspondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes, y del área 232. Entre 1975 y 1976 el Cuerpo II fue comandado por otros dos compañeros de Sarmiento, Díaz Bessone y Galtieri; la Brigada de Corrientes por los generales Cristino Nicolaides y Cesario Angel Cardozo y el área 232 por los coroneles Juan A. Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco. Más de quince causas distintas se abrieron al concluir la dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Paralizadas a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, comenzaron a reabrirse en 2005 una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó su nulidad. En febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. El primero de la lista que integra el padre de la jueza es Nicolaides. En junio de 2006, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, pidió el legajo de Sarmiento y de otros dos coroneles al Ministerio de Defensa, que los envió de inmediato, en el expediente 3-3159/05, “Franzen, María Graciela, s/denuncia privación ilegítima de la libertad y torturas”. María Graciela Franzen fue secuestrada en mayo de 1976, junto con su hermano Raúl Arturo. Ambos fueron sometidos a torturas y a fines de ese año Raúl fue asesinado en Margarita Belén, en un falso intento de fuga. El 25 de noviembre de 2006 el diario El Territorio de Posadas reprodujo una declaración del fiscal general Negro, según quien la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de la SIDE obedece al “macabro espíritu de cuerpo”.

La organización represiva

En diciembre de 2008, la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado” informó al Procurador General Esteban Righi sobre las medidas de ordenamiento procesal necesarias para que en un plazo razonable se produzcan en Misiones “juicios significativos, que den acabada cuenta del fenómeno represivo”. El estudio realizado por el fiscal general Jorge Eduardo Auat, que Righi envió en febrero de 2009 a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Apelaciones de Posadas, describe la organización represiva de aquellos años. En el área 232 funcionaron ocho centros clandestinos de detención, entre ellos el denominado Departamento de Informaciones. Auat cuestionó la dispersión en demasiadas causas, para hechos que ocurrieron en los mismos lugares y con idénticas víctimas y victimarios. A raíz de sus observaciones, la causa Franzen se acumuló con todas aquellas en las que se trataban los episodios ocurridos en la jefatura de policía. A partir del golpe, el coronel Beltrametti fue también interventor militar de la provincia y Sarmiento su ministro de gobierno, el mismo cargo que Ricardo Brinzoni ocupaba en el Chaco en ese momento. La policía tenía dependencia directa del ministro de gobierno. Auat escribió que en ninguno de los expedientes se observaba “un alto grado de avance procesal. En efecto, son sólo cinco personas respecto de las cuales se ha dictado auto de procesamiento. Luego hay cuatro personas indagadas cuya situación procesal todavía no ha sido resuelta y otras veintiuna cuyas indagatorias fueron requeridas por la fiscalía pero el juez no se ha expedido al respecto”. Una de las veintiuna es el coronel Sarmiento. Consultado para esta nota, Auat dijo que había preparado una solicitud de pronto despacho, que se proponía presentar al finalizar la feria judicial de enero. Esta demora se repite en diversas partes del país.

Amor por la justicia

Siempre como miembro de la SIDE, el coronel Sarmiento fue asignado al Ministerio de Justicia, a cargo de una denominada Comisión de Movilización. Este apelativo es engañoso. Comisión de Movilización es el eufemismo acuñado por el Consejo Nacional de Seguridad, CONASE, para referirse al grupo de tareas que en cada ministerio aplicaba las estrategias antisubversivas “dentro de la concepción de una guerra total”, según dicen sus documentos. Estaban a cargo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que desarrollaban sus propios “planes contribuyentes”. El ex canciller Rafael Bielsa se topó con Sarmiento al regresar a la Argentina luego de varios años de exilio en España. En una columna publicada aquí el 1 de marzo de 2004, Bielsa contó que cuando su padre homónimo quiso renovar su pasaporte para visitarlo, se lo retuvieron en la Policía Federal y cuando preguntó la causa le mostraron el prontuario del junior, que decía “Integrante de la Banda de Delincuentes Terroristas Montoneros, prófugo”. Agrega que un discípulo de su abuelo, Roberto Enrique Luqui, viajó a Madrid y le ofreció algunas garantías de seguridad para trabajar con él en el Sistema Nacional de Informática Jurídica. Al volver a la Argentina, en 1981, la primera entrevista de Bielsa fue con el coronel Luis Alberto Sarmiento, a quien describe como “enlace del Ejército en el Ministerio de Justicia”. Agrega que Sarmiento le dijo:

–Usted puede quedarse, pero yo no puedo darle seguridades ni siquiera en el caso en que cruce un par de sopapos por la calle.

El político santafesino concluye que “como el Ministerio de Justicia de la Nación no tenía todavía presupuesto, fui contratado por algunos meses por el Congreso, asignado a la tarea de construir un diccionario jurídico, en la calle Bartolomé Mitre 2085, donde funcionaba la Comisión de Ordenamiento Legislativo, que compiló la base de datos normativa”. Dice Bielsa que la similitud de las siglas produjo la confusión de que “trabajé en la CAL en lugar de la COL. Pero aun en ese caso se trata de una mentira, dado que tampoco allí presté servicios sino que sólo tenía la oficina en dicho lugar físico”. Según la información institucional del Sistema Nacional de Informática Jurídica, fue creado por el Poder Ejecutivo en febrero de 1979 por su necesidad de “conocer la información jurídica global, como medio auxiliar para la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas vigentes, desde las más generales hasta las individuales, como así también en la necesidad de difundir el derecho positivo vigente de manera eficiente, preservando la seguridad jurídica” (sic).

Grupo de familia

Al año siguiente, el coronel Luis Alberto Sarmiento fue enviado por la SIDE a Sudáfrica, cuando aún gobernaba el régimen racista del apartheid, destino de muchos represores a quienes se buscaba alejar por un tiempo del país para que se les perdiera el rastro, como el ex director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro. El grupo de familia de la jueza se completa con su hermano Alejandro Luis Sarmiento, quien el 25 de octubre de 1976 presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar, en la que consta que su padre era ministro de Gobierno de Misiones. Dos años después, su hermana María José ingresó a la justicia. Integrante de la Promoción 111 del Ejército, egresó como subteniente en 1980, pero pasó a retiro con el grado de capitán el 31 de mayo de 1994, cuando María José era designada jueza por el presidente Carlos Menem. Gracias a las relaciones familiares con la justicia, Alejandro Luis llegó hasta el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato apenas curioso: uno de sus compañeros de promoción, José Luis D’Angelo Rodríguez, dirige la revista B-1, que considera presos políticos a los detenidos por haber participado en la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, reivindicada como una gesta heroica. El hijo de Eduardo Romeo San Emeterio, Eduardo Sinforiano San Emeterio, fue el defensor del capitán Juan Carlos De Marchi, también presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, quienes fueron condenados en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería de esa provincia. También defiende a Cecilia Pando, numen de B-1, por el gesto de degüello que dirigió a un funcionario del gobierno nacional el día que se conocieron las sentencias en aquel proceso.