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Las provincias mineras por excelencia son Catamarca y San Juan. En un segundo nivel, pero con aspiraciones de ser líderes, aparece Jujuy, que fomenta la actividad minera y la considera uno de los pilares de su “desarrollo”. Cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación (El Aguilar y Pirquitas) y exploración de uranio en la zona de la Puna y la Quebrada. También cuenta con decenas de organizaciones sociales que rechazan la actividad minera a gran escala. Entre sus argumentos señalan la polémica experiencia de Minera Alumbrera en Catamarca, la contaminación en Abra Pampa por desechos mineros e investigaciones del fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.

“Los valores de plomo, cinc y cadmio que llegan por el dique de colas al río Grande se encuentran por encima de los límites permitidos y la propia empresa reconoce que dicho impacto es permanente, irreversible y severo. Con respecto a la afectación del suelo, la propia compañía Mina Aguilar reconoce en su informe que la misma es permanente, irreversible, irrecuperable y crítica en la zona del dique de colas”, afirma el fiscal Gómez, y detalla que, en lo referente a metales pesados presentes en agua, “la misma minera en su informe de impacto ambiental de 2001” dice que el río Grande cuenta con niveles de plomo 50 veces superiores a lo permitido. El fiscal remarca que la contaminación del agua, con 50 por veces más de plomo, se comprobó en el pozo de la escuela Casa Grande.

En cuanto al rol de los organismos provinciales de control, el fiscal concluye: “Los informes presentados por la empresa siempre son aprobados, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente”.

El fiscal también investigó la situación de los yacimientos Orosmayo-Pirquitas, donde aportó registro de fotos, relatos, denuncias de vecinos afectados e incluso análisis realizados por el Ministerio de Salud de Jujuy. También recogió un estudio del jefe del Area de Ingeniería de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, ingeniero Daniel Crespe: “La explotación aurífera se realiza en el interior del cauce del río Orosmayo sin la debida autorización y contralor de la Dirección de Recursos Hídricos, habiendo quedado diversos sectores del río totalmente destruidos, convertido en una sucesión de pequeñas represas, con la consiguiente disminución del caudal del mismo, afectando a los usuarios aguas abajo. Se modificó sin autorización la morfología del cauce”, detalla el informe oficial.

A pedido de comunidades indígenas afectadas, el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán puntualizó violaciones ambientales en siete emprendimientos mineros durante 2007 y 2008. Elevó las actuaciones preliminares, y las pruebas, a los fiscales de Jujuy, que pueden actuar de oficio. “Los fiscales federales no avanzaron con las investigaciones, a pesar de las pruebas. Es evidente la desidia de la Justicia por no abordar las consecuencias de las mineras”, afirmó Chalabe, abogada de los vecinos de Tilcara.

Un caso testigo de la acción minera de Jujuy es lo sucedido en Abra Pampa, una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.