De las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, que conforman el mapa judicial 2010, cinco ya finalizaron con condenas a los represores. El último presidente de facto, Benito Bignone, fue condenado en abril a 25 años de cárcel por el Tribunal Nº1 de San Martín, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, y la misma pena recibieron los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros. En el mismo mes, pero en Rosario, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, al ex teniente Juan Daniel Amelong, al ex personal civil de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo y al ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano por el secuestro, desaparición y torturas, entre otros delitos, de 28 víctimas ocurridas entre 1977 y 1978 en los cerca de veinte centros clandestinos de detención que funcionaron en Santa Fe. Otro tribunal santafesino le dictó al ex agente civil de inteligencia del Ejército Horacio Barcos la pena de 15 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y extorsión en dos ocasiones. En Salta, los ex coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo recibieron 20 años de condena por el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, en la ciudad de Tartagal, en febrero de 1978. El fallo más reciente fue emitido a principios de junio por el Tribunal Oral de Mar del Plata contra el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, al que le dictaron prisión perpetua por secuestro y torturas ejercido contra 38 víctimas.