El caso que exasperó a Ricardo Casal durante el reportaje fue el de Luciano Arruga, detenido el sábado 31 de enero de 2009, conducido al destacamento de Lomas del Mirador, que no está habilitado para la detención de personas, y desde entonces desaparecido, por haberse negado a robar para la policía. Su primera detención en el mismo destacamento había ocurrido en setiembre del año anterior. Los policías le propusieron que trabajara para ellos. Arruga se negó. Su hermana, Vanesa Orieta, que esperaba por su libertad lo oyó gritar: “¡Me están pegando!”. La respuesta fue una amenaza: “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a la Octava para que te violen, o terminás en un zanjón”. Los golpes fueron constatados por médicos del hospital de San Justo. A partir de entonces fue interceptado varias veces en la calle por la policía, hasta su desaparición hace ya un año y medio.

La investigación estuvo paralizada los primeros cuarenta y cinco días y recién se movió cuando los familiares denunciaron la inacción de la fiscal Roxana Castelli, de la UFI 7. Por más que Casal niegue que se delegue la instrucción de los expedientes en la policía, eso es lo que ocurrió con Arruga, en violación de la resolución 1390 de la Procuración General bonaerense, que por eso dispuso sumariar a la fiscal. La causa fue derivada a la UFI 1, a cargo de Celia Cejas, y en abril de 2009 el entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, colocó en disponibilidad a ocho policías que el 31 de enero estuvieron en el destacamento de Lomas del Mirador: los oficiales Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Borrego. El ingreso de Luciano en el destacamento no fue asentado en los libros. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría 8ª (de la que depende el destacamento) y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su desplazamiento circuló por descampados. Pero en octubre de 2009, el mismo Stornelli reincorporó a los policías en otras funciones. Para el gobierno, como no han sido procesados pueden continuar en actividad. Como no han sido separados de sus funciones la justicia no tiene interés en investigarlos, con lo cual se completa el círculo vicioso de la impunidad. También varios testigos y familiares de Luciano han sido amenazados y hasta sufrido coacciones directas por parte de la policía, como la amiga de Vanesa y testigo de la causa, Anabella Martínez. Conducida a la comisaría 13ª de La Tablada “la golpearon, le dejaron las nalgas llena de moretones”, indicó el abogado de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A casi dos años de la primera detención, no hay imputados y la carátula de la causa es por “averiguación de paradero”. En febrero de 2010 la familia solicitó que se investigara como una desaparición forzada y por lo tanto pasara a la justicia federal. Pero el juez de Garantías Gustavo Banco sostuvo que no había elementos para el cambio de carátula y de fuero, de modo que la causa sigue en el Juzgado Nº 5 de La Matanza. Es obvio que el gobierno y la justicia no harán nada que la movilización social no les imponga para esclarecer un caso paradigmático del modus operandi policial que varios jueces y hasta el ex ministro Stornelli denunciaron.