El aborto es un problema de salud pública, justicia social y derechos humanos. No se resuelve con mano dura y generando terror. La penalización lo único que consigue es poner en situación de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres de sectores populares que enfrentan un embarazo que no quieren continuar sin contar con el dinero que cuesta una intervención segura (clandestina, pero segura). La criminalización del aborto atemoriza a las mujeres, demoniza la práctica, pero no la evita. La amenaza punitiva claramente no es eficaz. La persecución penal tampoco. Cada año deberían ir presas las casi 460 mil mujeres que se estima –de acuerdo con estudios encargados por el Ministerio de Salud de la Nación– que recurren a un aborto. ¿Estamos dispuestos como sociedad a meterlas en prisión? Son mujeres cercanas. Una tía, una prima, una amiga, la esposa del jefe, la compañera de trabajo, la maestra de nuestro hijos, nosotras mismas.

El Informe sobre Derechos Humanos en Argentina 2011, publicado por el CELS, aporta algunos datos que ayudan a comprender el fenómeno: entre 1993 y 2009 sólo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron cerca de 1130 causas por el delito de aborto, 809 de las cuales fueron por aborto propio. “Si bien las cifras indican que los números son, año a año, cada vez más bajos, hay cientos de mujeres que deben enfrentar largos procesos penales, con el claro impacto sobre la vida personal, familiar, económica que ello implica”, señala Andrea Pochak, hasta hace pocos días directora adjunta del CELS, autora del capítulo del Informe sobre “La despenalización del aborto en la Argentina”. Por eso, agrega Pochak, qué importa sin las condenas han sido pocas: el sufrimiento es grande. De acuerdo con datos obtenidos por el Cedes, apenas 22 mujeres fueron condenadas en todo el país por el delito de aborto entre 2002 y 2008. “Sólo en la provincia de Mendoza, en el período 1996-2009, se dictaron ocho condenas a mujeres”, señala Pochak. La persecución judicial, indican las sentencias, no está dirigida a los profesionales de la salud o parteras y curanderas que favorecen o llevan a cabo la interrupción de embarazo, sino hacia las mujeres, que en la desesperación de un embarazo no deseado son capaces, incluso, de poner en riesgo su propia integridad física, con tal de poner fin a una gestación inconveniente. Otro dato interesante que aporta el rastreo del Cedes: ningún médico ha sido condenado en los últimos años por el delito de aborto. ¿Para qué mantener entonces el aborto en el Código Penal si no se persigue el delito, no resulta disuasivo para prevenirlo y lo único que consigue son graves consecuencias en la salud y la vida de las mujeres por la amenaza punitiva?

Brindar educación sexual integral en las escuelas, promover el acceso a la anticoncepción, difundir la posibilidad de recurrir a anticoncepción hormonal de emergencia ante un coito sin protección, y garantizar un aborto seguro para aquellas mujeres que deciden interrumpir voluntariamente una gestación, son los caminos adecuados para proteger la salud y la vida de más de la mitad de la población del país. La penalización ya ha demostrado su fracaso. ¿Qué más se debe esperar?