¿Qué puede hacer el Gobierno en caso de que el paro de camioneros amenace con interrumpir el suministro de combustibles, caudales o alimentos y decida aplicar la Ley de Abastecimiento? La Ley 20.680 tiene una previsión muy amplia al respecto. Sancionada en 1974, permite la intervención del Estado para garantizar la disponibilidad de “cualquier (...) bien mueble o servicio que satisfaga –directa o indirectamente– necesidades comunes o corrientes de la población”. Para eso cuenta con una serie de facultades, que incluyen la fijación de precios, la prohibición de exportar y el dictado de normativa que rija la comercialización.

En este caso en particular se aplicaría el inciso G de su segundo artículo, que habilita al Estado a, “en caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o prestación de servicios, intervenir temporariamente, para su uso” explotaciones de recursos naturales, industrias, comercios y “empresas de transporte” y “disponer temporariamente” de “elementos indispensables para el cumplimiento del proceso”. Unas líneas después, incluso, aclara que también podrá “disponer que los medios de transporte del Estado nacional o sus empresas sean afectados al traslado de mercancías o de personal”.

En otras palabras, está prevista la máxima intervención del Estado para promover la solución de una situación de emergencia. Hay dos antecedentes cercanos del uso de la Ley de Abastecimiento. El más cercano fue cuando se la aplicó a Shell en 2006 y 2007 por la falta de gasoil y la suba de precios. En esa ocasión, la empresa recurrió a la Justicia aduciendo inconstitucionalidad y también que no se encontraría en vigencia, argumentos que fueron refutados por todas las instancias y tribunales por las que pasaron los casos. En 1999 Fernando de la Rúa intentó aplicarla ante, justamente, un paro nacional de transportes. Estos dos ejemplos dan cuenta de lo amplias que son las facultades y el alcance de esta ley que podría volver a ser utilizada en caso de que el paro convocado por Pablo Moyano llegue a mayores.