Estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, la incorporación de la figura autónoma de femicidio al Código Penal, la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, pero no así de sus obligaciones alimentarias, son algunos de los reclamos que enumeran Fabiana Tuñez y Ada Rico, de La Casa del Encuentro. Del mismo modo plantean la necesidad de que se abra un ámbito de diálogo entre ONG, partidos políticos, sindicatos, poderes ejecutivos nacional y provinciales, Poder Judicial, fuerzas de seguridad y universidades para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia de género.

De acuerdo con la ley 26,485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, el Consejo Nacional de las Mujeres es el órgano del Gobierno que debe poner en marcha un plan para enfrentar el flagelo. Pero a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, todavía no se conoce si se terminó de elaborar y en qué instancias se encuentra. Tampoco el CNM tiene un presupuesto acorde con esa responsabilidad. Desde la Casa del Encuentro también piden la apertura de oficinas de violencia doméstica dependientes de las cortes en todas las provincias (algunas pocas ya las tienen), para orientar a las víctimas y recibirles las denuncias, y que se les garantice el acceso a la Justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país especializados y capacitados en la temática. También reclaman una mayor cantidad de hogares-refugio y de día, para las víctimas y la implementación de campañas de prevención e información.