La idea de envolver en un puño de acero la mano invisible del mercado ha sido política constante de Estados Unidos, que identifica democracia con apertura económica, y cuya política exterior hacia lo que denomina Hemisferio Occidental no se conduce desde la Secretaría de Estado sino desde el Pentágono. La idea es que sobre las ruinas del maternal Estado Providencia se edifique un paternalista Estado Penitencia, tendiente a inducir mediante la amenaza penal la aceptación de empleos precarios y bajas remuneraciones, y empleando a las Fuerzas Armadas con el argumento de combatir el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo. Esto se hizo evidente durante la presidencia de Fernando de la Rúa y el interinato a cargo del Poder Ejecutivo del ex senador Eduardo Duhalde. Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Defensa de ambos y antes de Raúl Alfonsín, incluyó en la agenda de la Comisión de Seguridad de Diputados que integró en 2000, los cortes de rutas y lo que llamó “indisciplina social”, la interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas. Ricardo López Murphy, quien precedió a Jaunarena en el mismo ministerio, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas de 2000, enumeró las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad. Entre ellas “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas”, el terrorismo internacional, el narcotráfico, “el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional”. Añadió que los militares debían “comprender los cambios de la naturaleza del conflicto” y “la forma integral en que el instrumento militar contribuirá a apoyar la decisión política”. En 2002 Jaunarena y el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni plantearon ante un auditorio de militares y empresarios, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi, la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas e identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven diez millones de pobres. En 2010 Jaunarena y Dromi insistieron con una propuesta similar, patrocinados por el cardenal Jorge Bergoglio. Duhalde volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior la Nochebuena de 2009. Propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar a los que llamó “jóvenes en riesgo”. Su objetivo era reeducar a “todos estos jóvenes que han cometido delitos, donde estaban antes los conscriptos”. En 2010 fueron los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero (UCR-Mendoza), Adolfo Rodríguez Saá (Peornismo Opositor, San Luis) y José Pampuro (FpV, Buenos Aires), quienes intentaron crear un Servicio Cívico Voluntario para “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” y fomentar “la cohesión social”. La entonces ministra de Defensa Garré consultó con el Ejército, que respondió que no tenía espacios, personal ni capacitación para esa extravagante tarea. En 2004 pude debatir en el programa de televisión Oppenheimer presenta, con quienes eran jefe del Comando Sur y viceministro del Pentágono para América latina, el general James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron los fantasmas del populismo radical, el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que “amenazan la seguridad de los Estados Unidos”. Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía “un sistema legal muy establecido”, donde las Fuerzas Armadas, la policía y la Justicia tienen roles bien definidos, a diferencia de América latina. Esta respuesta sería más difícil de sostener hoy, cuando el Capitolio votó una sección de la ley que autoriza los gastos de Defensa permitiendo que los acusados de terrorismo, aun norteamericanos y dentro de Estados Unidos, sean encarcelados por tiempo indefinido en prisiones militares, sin juicio alguno.