El capellán de la Gendarmería Nacional Gerardo Fernández Rizzo, separado a raíz de su participación en los actos de indisciplina por la liquidación de los sueldos de setiembre, fue secretario del ex Arzobispo de Paraná y Vicario General Castrense Adolfo Servando Tortolo y ante pedidos de auxilio de familiares de personas detenidos-desaparecidos justificó la represión contra “los subversivos”. Fernández Rizzo sugirió que el sacerdote provisoriamente a cargo del Obispado Castrense, Pedro Candia, lo expulsó por presión del gobierno nacional, y “cedió para preservar la continuidad de la diócesis castrense”. En declaraciones a medios del Grupo Clarín lamentó que lo echaran “no por pedófilo, no por ladrón, sino por cumplir con mi tarea sacerdotal. Lo único que hago es proclamar el Evangelio”, que “no es una proclama revolucionaria para derrocar a las autoridades competentes”. Añadió que “debemos perder el miedo de decir toda la verdad”. En respuesta a esta exhortación, vale la pena recordar su desempeño como el más próximo colaborador de Tortolo. En el juicio de Bahía Blanca varios ex alumnos de la Escuela Técnica secuestrados cuando eran adolescentes denunciaron el “encubrimiento eclesiástico”. Uno dijo que el sacerdote Aldo Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes habían sido torturados en el campo clandestino de concentración La Escuelita. “Nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos.” Otro narró que el arzobispo Jorge Mayer les dijo a sus padres que “algo habrán hecho” los secuestrados. Varios prelados prometieron a los padres de la detenida-desaparecida bahiense Elsa Alicia Nocent interesarse por la muchacha ante las autoridades. Pero Fernández Rizzo les advirtió que no debían usarse “los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista”. Ante un reclamo del padre de la desaparecida a la Conferencia Episcopal, su entonces presidente, Raúl Francisco Primatesta, interpretó que Fernández Rizzo “no ha tenido la intención de molestarlo” y negó que la hiriente respuesta implicara que “el fin justifique los medios”. Pasados 36 años y pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos por sanear ese foco de fanatismo y violencia antidemocrática, Fernández Rizzo seguía en funciones, ahora en la Gendarmería, a la espera de un pretexto para pronunciarse en contra de las autoridades nacionales. Esto reafirma la necesidad de denunciar el concordato castrense en el que se basa la existencia de esa institución, vacante desde 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner desconoció como funcionario público al último obispo castrense, Antonio Baseotto, por su reivindicación pública de los métodos del terrorismo de Estado. El gobierno nacional propuso al Vaticano un acuerdo negociado, pero la Iglesia Católica ha dado largas al asunto, a la espera de un cambio de autoridades nacionales que vuelvan las cosas a su cauce tradicional. Como lo evidencia el caso de Fernández Rizzo, la única solución es terminar con esa institución anacrónica, de modo que tanto el personal militar como el de las fuerzas de seguridad pueda practicar el culto de su elección en los mismos templos a los que concurren quienes ejercen otras profesiones, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros.