En su batalla judicial contra el pago de impuestos, representa a La Nación el estudio Cassagne Abogados, que también asiste a la Sociedad Rural en su oposición a la nulidad del decreto que le cedió a precio vil las catorce hectáreas del Parque Tres de Febrero conocidas como predio de Palermo. En ambos casos ha obtenido éxitos significativos. Bajo el gobierno de Isabel Martínez y durante la dictadura militar, Juan Carlos Cassagne elaboró buena parte del régimen de subsidios a los grupos económicos de la Patria Contratista, como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria. Fue uno de los contados funcionarios de alto rango del gobierno justicialista confirmados por los golpistas. El 23 de septiembre de 1976 consiguió que se firmara el decreto 2140, que otorgó a Papel del Tucumán, de la familia Bulgheroni, todo tipo de subsidios a la producción de papel para diarios. El 24 renunció y pasó por la puerta giratoria a ocuparse de los litigios de Papel del Tucumán con el Estado. En 1977 ingresó como socio al estudio Sáenz Valiente, Padilla & Cassagne, que también tuvo relación con la producción de papel. Su socio Miguel Tobías Padilla era subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, cargo desde el que intervino en la adjudicación de Papel Prensa a La Nación y Clarín. Desde entonces, el estudio, del que Cassagne se retiró en 1983, atiende los asuntos de Clarín. Padilla fue asesinado en abril de 1978, según la información oficial de entonces por un comando guerrillero. Pero el ex abogado de la Comisión Nacional de Valores Pablo Argibay Molina, quien lo conoció en 1972, durante una inspección a la concesionaria de autos Berlingieri, donde el abogado Padilla compartía tareas con el contador Héctor Magnetto, afirma que el asesinato fue ordenado por el jefe de la Armada, Emilio Massera, desairado porque Padilla le había birlado la empresa arrebatada al Grupo Graiver. Durante el gobierno de Alfonsín, Cassagne fue abogado de empresas que litigaron en contra del Estado por centenares de millones de dólares, y el de Menem le encargó el marco legal para la adjudicación de sus empresas a los mismos grupos económicos. Quien lo convocó fue el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. Ambos habían estado vinculados con la Fuerza Aérea: Dromi como intendente de Mendoza, Cassagne como asesor jurídico. La declaración del sector público en emergencia permitió socializar el pasivo y despedir al personal de las empresas a privatizar, pero dejó a salvo el pago de los honorarios de abogados en los juicios contra el Estado, arte en el que Dromi, Cassagne y el tercer miembro de la trilogía privatista, Rodolfo Barra, son virtuosos. Cassagne no sólo fue el principal asesor jurídico de Dromi y Barra en el diseño del desguace del Estado sino también uno de sus beneficiarios, ya que presidió varios de los directorios de las empresas que absorbieron esos bienes públicos, como Aguas Argentinas y Metrogas, y fue síndico de Edenor. En 1995, cuando los tres ejercían su plena influencia sobre el gobierno nacional, Menem designó en la Cámara Civil y Comercial a Francisco de las Carreras, quien en diciembre concedió una medida cautelar a favor del Grupo Clarín y este viernes otra en respaldo de la Sociedad Rural, en ambos casos contra decisiones de los poderes electivos. Mucho antes, De las Carreras había sido uno de los firmantes de la solicitada “En Testimonio de la Verdad”, publicada en Clarín el 19 de setiembre de 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de “solidaridad nacional frente a la campaña del terrorismo internacional y de funcionarios y políticos extranjeros contra nuestro país”. Afirmaba que el pueblo argentino se solidarizaba “con la lucha que nuestras Fuerzas Armadas libraron para defender la libertad y derrotar a la violencia subversiva” y exhortaba “a los extranjeros interesados en opinar sobre nuestros problemas internos a ser veraces y valientes en sus manifestaciones respecto del clima de paz, libertad, trabajo y seguridad que hoy se vive en la Argentina” y hacían votos para que “otras naciones no necesiten vivir nuestra pasada experiencia, que tanto dolor causa en la gran familia argentina, para tomar conciencia de las condiciones en que se desa-rrolla la agresión marxista contra los valores espirituales de Occidente”.

En 1991 Cassagne fusionó su estudio con el de Emilio Cárdenas, quien como presidente de la asociación de bancos extranjeros dijo en el coloquio de IDEA del año anterior que el sistema político del país era una cleptocracia y de inmediato marchó a representarla como embajador de Menem ante las Naciones Unidas. Un aviso publicado en Clarín deformó sus nombres (Casañe y Cadenas) y ofreció servicios de “Fast ethics”, es decir ética ligera. Como dirección cablegráfica figuraba “Cacada”. El aviso blasonaba especialidad en “representación de contrapartes, simultánea o sucesiva”, “fundiciones patrimoniales” y “apropiaciones póstumas”. El estudio se escindió en 2005 y hoy los principales socios de Cassagne, que intervienen en las causas de La Nación y la Sociedad Rural, son su hijo Ezequiel y Máximo Fonrouge. El propio Ezequiel Cassagne reconoció en un trabajo académico1 que la Constitución prohíbe conceder exenciones tributarias por decreto, aunque sea de necesidad y urgencia, como el de Duhalde que invoca su cliente. Claro que lo hizo para reclamar que el beneficio se consolidara por ley. Además, de acuerdo con el principio de subsidiariedad del Estado (que no se debe a una escuela jurídica sino a la Iglesia Católica y su doctrina sobre la sociedad) el apoyo estatal a los medios no debería tener condición alguna. Como la deuda superaba el 50 por ciento del patrimonio de La Nación, la AFIP solicitó una inhibición general de sus bienes, para asegurarse el cobro una vez resuelta su procedencia. En noviembre de 2011, el juez federal de ejecuciones fiscales y tributarias, Carlos María Folco, aceptó el pedido. Cassagne apeló y acusó a la AFIP por temeridad, abuso de autoridad y daños y perjuicios. Pero el 28 de diciembre de 2011, el propio Folco rechazó esas pretensiones. Pero en agosto de 2012, los camaristas de la sala III de apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Esteban Argento y Carlos Manuel Grecco, revocaron la inhibición de bienes invocando la disposición de la Corte Suprema de no innovar hasta la sentencia de fondo.

1 Ezequiel Cassagne, “Las técnicas promocionales para los medios gráficos de comunicación”. Cuestiones de Intervención Estatal. Ed.Rap 2010.