El gobierno nacional y legisladores oficialistas manifestaron ayer su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema contrario a la reforma del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso. “Los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la Justicia son débiles” y “lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia”, sostuvo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien pidió avanzar hacia un sistema judicial “legítimo, eficiente, ágil y de cara a la sociedad”. En tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que la Casa Rosada va a acatar el fallo del máximo tribunal, aunque advirtió que se va a “mantener el debate sobre el rol del Poder Judicial” y a “buscar otros métodos para lograr la total democratización” de ese poder. En tanto, las principales figuras del Frente para la Victoria en el Parlamento, que participaron de la factura y aprobación de la ley rechazada, coincidieron en repudiar la decisión de los magistrados.

“Consideramos que los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la Justicia son débiles, no sólo desde el punto de vista técnico sino que son absolutamente peligrosos desde el punto de vista político, porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia”, afirmó Abal Medina sentando la posición oficial sobre el fallo. “Quienes así no lo entienden, indiscutiblemente, le tienen temor al voto de la gente, a la expresión del pueblo. Le temen, en definitiva, al ejercicio de la soberanía popular”, sostuvo el jefe de ministros.

Para el funcionario, resulta “inconcebible que, habiendo cumplido la democracia ya 30 años, algunas instituciones todavía mantengan una visión retrógrada, propia de otros siglos”, y sin mencionar a los jueces de la Corte, se refirió a quienes “parecen amarrados con todas sus fuerzas a mantener históricos privilegios”. Abal Medina insistió: “Mientras desde la sociedad civil y aquellos que tenemos representación popular y responsabilidades de gestión pública construimos una patria cada vez más democrática, las elites corporativas se esfuerzan por mantener su poder, aun a costa de lesionar las instituciones democráticas”.

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, lamentó que “los jueces, los abogados y los académicos seguirán eligiéndose entre sí, y por sí mismos, para acceder a un cargo de funcionario público” y sostuvo que “la sociedad quiere una Justicia independiente, incluso de sí misma, y no una que privilegie sus intereses corporativos por sobre el interés público”. Para Alak, “en cumplimiento del mandato de la reforma constitucional de 1994, el Congreso ha votado una ley absolutamente constitucional y profundamente progresista, que permite elegir democráticamente a las autoridades del Consejo de la Magistratura”, la cual “lamentablemente no se podrá aplicar” por la decisión de la Corte.

“Una vez más la Justicia ha reemplazado la voluntad del legislador, y todos sabemos que los jueces no deben gobernar”, atacó duramente el ex intendente de La Plata. “De esta manera se mantendrá un esquema de elección corporativo, aristocrático y pre democrático”, completó Alak, quien agregó que “el pueblo no quiere intermediaciones para elegir a sus representantes y por eso las ha ido eliminando a lo largo de la historia”, como sucedió con el Colegio Electoral o la elección indirecta de senadores. Y aunque aseveró que el Gobierno acatará el fallo, advirtió: “El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo. Y el pueblo, tarde o temprano, elegirá a los miembros del Consejo de la Magistratura”.

Por su parte, varios legisladores oficialistas que formaron parte del proceso de sanción de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura criticaron la decisión de la Corte: el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, advirtió que “contradice el artículo 33 de la Constitución, ya que ha hecho prevalecer los intereses sectoriales por sobre la soberanía popular”. Por su parte, la jefa de la bancada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, denunció una “interferencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo” porque “la Constitución encomienda a los diputados y senadores a legislar sobre la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

Por su parte, el senador por la provincia de Buenos Aires Aníbal Fernández se manifestó “avergonzado por este fallo de la Corte”. “Hoy, que está en juego la corporación, la Corte muestra lo peor, lo que no hubiéramos querido ver nunca. El esfuerzo de Néstor Kirchner por garantizarnos a los argentinos una Corte independiente, se resquebraja”, opinó. Su par porteño Daniel Filmus, a su vez, hizo público su “asombro” acerca de que “se prefiera que sean las corporaciones las que elijan a los representantes del Consejo de la Magistratura y se prive al pueblo de decidir sobre un tema tan importante”.