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La jueza Sandra Arroyo Salgado designó como peritos de parte al “prestigioso médico forense” Osvaldo Raffo y al “especialista en criminalística” Daniel Salcedo, según la calificación al uso en la perezosa prensa local. No es seguro que sepa quiénes son. Protegido del ex jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczik, Salcedo fue Superintendente de Policía Científica y Jefe de Policía y uno de los negociadores del contrato con la empresa francesa Sagem Securité para digitalizar los antecedentes personales, mediante el software y el hardware Automated Fingerprints Identification System (AFIS). Al retirarse pasó al otro lado del mostrador como representante del IAFIS Group, distribuidor de Sagem en la Argentina. Salcedo está asociado en el grupo Kustos de seguridad con el vocal de la Asociación Empresaria (AEA) Teddy Karagozian. Además de los negocios, es un hombre de convicciones ideológicas. Como Superintendente de Policía Científica, entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional conducida por Fray Aníbal Fosbery, que colaboró con el gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy objeta los juicios por los crímenes de entonces. El primer peritaje que no halló rastros de pólvora ni de los materiales del fulminante en la mano del fiscal fue realizado en la sección Balística de la Policía Científica bonaerense, cuya Superintendente es la Comisaria Mayor Liliana A. Sivak, a quien Salcedo trajo desde Mar del Plata y con la que mantiene estrecho contacto.

En 1981, el oficial principal Osvaldo Raffo le escribió al general Ramón Camps que sintió “un problema de conciencia y de dignidad” cuando supo que Jacobo Timerman denunció haber sido torturado. Él revisó a Timerman en la jefatura de policía y “no presentaba signo alguno de violencia externa”. Su tremenda descripción de Timerman es la de un hombre “de actitud humilde y tímida”, quien “era tratado correctamente”. Sólo asustado a golpes, Timerman podia parecer humilde y tímido.

El 19 de junio de 1984, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Raffo contó que además de revisarlo por orden del comisario Miguel Etchecolatz también asistió a un interrogatorio a Timerman. De inmediato advirtió el riesgo e intentó explicar que más que “un interrogatorio policial” le pareció “una plática entre personas, una conversación” sobre “política, cuestiones sociales y económicas”. En ese amable diálogo entre amigos que describe Raffo, a Timerman se le ocurrió contar “que había recibido cincuenta millones de dólares o cincuenta mil dólares, no puedo especificar, para la compra o venta de las máquinas de su diario”. (Cincuenta mil o cincuenta millones, para comprar o para vender. Ojalá su peritaje en el caso Nisman sea algo más preciso). Raffo también dijo que “no se somete a tortura a los detenidos en la policía de la Provincia de Buenos Aires” aunque casi todos alegan “haber sido objeto de malos tratos por razones especulativas”; se trata del “autolesionismo que se hace el delincuente o el pistolero”. En cambio dijo “haber visto cadáveres de personas detenidas en cárceles del pueblo, por guerrilleros, que estaban torturadas a golpes y con corriente eléctrica”. Ante una pregunta respondió que “no le puedo dar nombres exactos”. porque “uno veía estas lesiones a las apuradas y no se hacía todo un informe médico legal”. Se consignaban “como si fueran de combate”. Una vez que “se tomaba conocimiento, se pasaba al jefe y todo se olvidaba porque había otras cosas importantes que hacer”.

Cuando la Cámara Federal de la Capital realizó el juicio que el Consejo Supremo demoraba, uno de los casos tratados en la causa 44/85 fue el de Jorge Rubinstein, abogado y apoderado de David Graiver, quien murió de un ataque al corazón en la mesa de torturas. Aunque el informe de la Morgue Policial de La Plata decía que “no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen la presunta culpabilidad de terceros”, los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo dijeron que tres de los cinco médicos que efectuaron la autopsia ignoraban que Rubinstein se encontraba detenido. Pero la Cámara desestimó la relación causal entre tortura y muerte basándose sólo en el informe de la autopsia. En el juicio del Circuito Camps que concluyó en diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 consideró probado que una intensa sesión de tormentos le provocó la muerte, a raíz de lo cual condenó a prisión perpetua al ex ministro de gobierno James Smart que autorizó esas torturas. En su libro de 2014 La marca de la Infamia, la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina Alaye revela la identidad de los médicos policiales que participaron en aquella autopsia engañosa: uno de ellos era el Jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín, Osvaldo Raffo. La autopsia sólo dice: “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología; que no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. En forma insistente describe la cirugía de by pass que le habían realizado poco antes, el esternón abierto por la operación y los alambres de acero de la sutura. “El foco lo pusieron en el corazón enfermo. Once fotografías acompañan el informe, y varias de ellas contienen la aclaración de que no se observan signos de violencia externa”. Pero en el acta de la autopsia, el subcomisario instructor Martín Berruezo hace constar que Rubinstein murió en el “local policial” donde estaba “alojado”, de modo que los policías médicos sí sabían de antemano que ese cadáver era de un detenido y de dónde provenía. Lo que no autopsiaron fueron los genitales, las muñecas y los tobillos, donde hubiera podido comprobarse que estuvo atado durante la tortura. Al aceptar el cargo de perito de Arroyo Delgado, Raffo dijo la semana pasada que “la autopsia es una continuación del examen del lugar del hecho”. No actuó con la misma sabiduría en 1977.