Las contrataciones secretas, reservadas o confidenciales son una especialidad que Maurizio Macrì ha cultivado a lo largo de toda su carrera empresarial y política, a uno y otro lado del mostrador, y por sumas más sustanciosas que el choripán de oro con que convidó a Fernando Niembro. En 2007 cuando lanzó su candidatura para la jefatura de Gobierno de la Capital, Macrì anunció que el presupuesto de seguridad se decuplicaría, del 2 al 20 por ciento. Con cautela, omitió informar en qué rubros economizaría la diferencia. También viajó a Neuquén y en Villa La Angostura anunció una alianza con el gobernador Jorge Sobisch, quien al mismo tiempo se postuló como candidato a la presidencia. Era un acuerdo político y de negocios.

El economista Claudio Lozano dijo entonces que a Macrì y Sobisch “no los une el amor sino Burzaco”. Se refería al principal asesor de Macrì en seguridad, Eugenio Burzaco, quien elaboró un Plan Integral de Seguridad para Sobisch. Tanto el gobernador neuquino como el candidato porteño fustigaban al gobierno nacional por su política de contención de los piqueteros y reclamaban su represión. Ocho años después, el presupuesto porteño de seguridad no se decuplicó: alcanza a 4.059.110.137 sobre un total de 85.680.607.511 pesos, es decir el 4,7 por ciento. Por eso la policía porteña recurre en forma permanente a otras fuerzas nacionales para tareas propias de su función. Pero repite los vicios de las peores épocas de la Policía Federal, como la represión con armas de fuego de protestas sociales en el Parque Indoamericano, el Hospital Borda o el Teatro Municipal San Martín. Por el Indoamericano, donde las balas policiales mataron a tres personas, fue llamado a indagatoria Eugenio Burzaco, porque el Superintendente de seguridad metropolitana Miguel Ciancio declaró que tuvo el control operacional del desalojo. Con una estrategia dilatoria, Burzaco reclamó que la causa pasara del fuero nacional penal al federal. Este planteo fue rechazado en primera y segunda instancia y ahora debe decidir la Cámara Federal de Casación Penal, con lo cual han pasado ya cinco años de los hechos sin avances. Esa policía local también tomó parte en las escuchas ilegales, por las cuales sigue procesado Macrì. Uno de los escuchados era Carlos Avila. Cuando se enteró que entre agosto de 2007 y octubre de 2009 se registraron al menos 40 llamados entre Eugenio Burzaco y el primer jefe policial porteño, comisario Fino Palacios, Avila denunció ante la Justicia a T&C y el Grupo Clarín. Dijo que lo escuchaban porque estaba negociando con el gobierno nacional la creación de un canal de televisión estatal que transmitiera en forma gratuita los partidos de fútbol. Alejandro Burzaco, hermano de Eugenio, era uno de los principales directivos de T&C. Hoy está detenido en Estados Unidos por el escándalo de los sobornos por la transmisión de sucesivas ediciones de la Copa América.

Cuando Sobisch pasó de las palabras a los hechos y su policía asesinó al maestro Carlos Fuentealba, Macrì renegó del acuerdo político pero no de los negocios vinculados. La investigación fue realizada en el diario Río Negro por el periodista Jorge Gadano. En septiembre de 2004, Sobisch aprobó por el decreto 2090 un Plan Integral de Seguridad (PIS). Sus criterios de asignación de recursos constan en una declaración sobre los créditos del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, IADEP: “Los otorga el gobernador, y si es a los amigos, mejor”. Luego de explicar que ha habido “cambios en los patrones delictivos”, el decreto afirma que “la naturaleza estratégica de la política de seguridad provincial demanda un alto grado de reserva” en las adquisiciones. El decreto 007 de 2005, substituyó reserva por confidencialidad. El PIS de Burzaco incluyó la digitalización de las comunicaciones policiales, la instalación de un número 911 para recibir y derivar denuncias y la compra de dos helicópteros, 200 patrulleros y numerosas cámaras de vigilancia, por contratación directa, pese a la exigencia de licitación pública de la ley de administración financiera y control. Las contrataciones discrecionales insumieron 50 millones de dólares. Los patrulleros adquiridos fueron Volkswagen, la marca que representa el concesionario Guillermo Dietrich, actual secretario de Transporte de Macrì en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un contrato por un millón de pesos fue otorgado a Marcelo Dietrich.

La empresa Damovo se hizo cargo de la digitalización y televigilancia. Su presidente, Manuel Requejo, acompañó a Macrì como protesorero en la comisión directiva de Boca Juniors. Dos helicópteros Bell fueron adquiridos a Módena Autoesport, cuyo titular, Cristiano Ratazzi Agnelli, es otro amigo del actual jefe de Gobierno porteño e impulsor en la UIA de medidas duras contra el gobierno nacional. Otros proveedores ofrecían menores costos y Motorola y Aerolink denunciaron que ni siquiera fueron recibidas para presentar sus propuestas. Damovo subcontrató con tres empresas, Impoconsultora, Allcont e Instalaciones y Servicios. El diario Río Negro constató que los teléfonos, domicilios y objetos declarados en los contratos de tercerización no correspondían a dichas empresas. El legislador justicialista Ariel Kogan denunció que esos pagos encubrían retornos. El Tribunal de Cuentas informó que Damovo recibió un primer pago por 22 millones de pesos en 2005, de los cuales 12 millones fueron depositados en cuentas abiertas en la agencia Buenos Aires del Banco Provincial de Neuquén (BPN) por la empresa exportadora de carnes Temux y sus controladas Cooperativa de Crédito Santa Elena y Operadora de Crédito Santa Elena Bursátil. Temux ya había sido denunciada por el presidente del Banco Provincial de Neuquén, Félix Racco, por defraudar 22 millones de pesos. El contrato de Damovo fue rescindido en noviembre de 2008 por el actual gobernador Jorge Sapag, quien en 2012 anunció un nuevo plan de seguridad sin referirse al fracaso del anterior. El 911 nunca funcionó. Ante la obstinada negativa en revelar cualquier información, Gadano presentó un recurso de amparo ante la jueza Paula Stanislavsky, que lo concedió. Luego de un año de chicanas judiciales para demorar el cumplimiento del fallo, el gobierno dispuso depositar en una escribanía diez cuerpos de expediente, donde el periodista podría consultarlos durante siete días en horario de oficina, pero sin la posibilidad de fotocopiarlos. Por las dudas, Gadano no fue notificado y recién se enteró de la autorización el sexto día del plazo. Perdió la mitad del séptimo tratando de localizar al escribano designado. A pesar de estas restricciones, Gadano pudo advertir que en siete de los diez cuerpos el foliado no coincidía con el que consta en el amparo. También faltaba la documentación sobre la compra de los 200 Volkswagen Polo. Igual que todo lo concerniente a la contratación con el boquense Requejo, estaba en poder de la fiscal Sandra Ruixo, quien realizaba “una investigación preliminar de ese contrato”. La jueza Stanislavsky le ordenó que también se exhibieran esos expedientes, pero Ruixo primero dijo que Gadano no era parte, luego que no había recibido el oficio y por último que los papeles del amigo de Macrì estaban en el gabinete técnico-contable del Poder Judicial. En lo que Gadano alcanzó a leer, ni Sobisch ni Macrì son mencionados.