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La estrella del protocolo lanzado por el Ministerio de Seguridad para que después de cinco minutos las fuerzas de seguridad puedan reprimir es el artículo 194 del Código Penal. Establece prisión de tres meses a dos años al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

–El protocolo claramente quiere disuadir y que no haya cortes –explica la experta del CELS Paula Litvachky–. Busca que directamente esa modalidad ni exista.

–Incluso si eso fuera legítimo, ¿cómo se haría para distinguir entre un corte y una marcha?

–La historia y la práctica en la Argentina muestran que pensar en un protocolo como un modo de generar la disuasión automática es equivocado. Cuando un conflicto de fondo se complica, o se complica mucho, la mirada represiva estatal no termina con un corte determinado ni con los cortes. Genera mayor nivel de confrontación. La discusión política es qué se hace para enfrentar los conflictos en sociedades democráticas, cuáles son las respuestas del Estado y cómo los canaliza.

–¿Cómo sería calificado el Protocolo Bullrich desde ese punto de vista?

–Tiene una mirada securitaria y de orden público. Se considera que el corte es siempre un delito y se hace intervenir a la policía. Hay un quiebre de paradigma respecto del gobierno anterior, que planteaba la protección de la protesta. Me refiero a la normativa, por supuesto, y no a los matices o a los dramas que muchas veces surgieron en la práctica. La normativa revelaba que la mirada del Estado era distinta. Consideraba que toda democracia implica conflictos y que muchas veces los conflictos se dirimen en la calle. También incluía un análisis del comportamiento policial.

–¿Cuál era?

–El análisis tenía en cuenta las complicaciones del tema después de mucha historia y de mucho aprendizaje de las estructuras políticas y de los policías. En general ya sabemos que cuantos más policías concentrados hubo menor nivel de conflicto. Los operativos se fueron armando también con el criterio de que no se llegara al enfrentamiento. Y una de las conclusiones fue no usar armas de fuego. Bullrich y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, muestran las cosas como si fueran sencillas y desconocen años de construcción y acumulación de saberes para evitar conflictos. Obviamente no estoy hablando ni del asesinato de Mariano Ferreira ni del Indoamericano ni de la Gendarmería reprimiendo en la Panamericana. Hablo, más bien, de normativas y principios que venían incluso de la experiencia acumulada desde el gobierno de Eduardo Duhalde y del aprendizaje a través de experiencias internacionales.

–¿Cuál es la tendencia mundial sobre el uso de balas de goma?

–Está internacionalmente admitido que no se pueden usar balas de goma para dispersar a los manifestantes. Las balas de goma son admitidas como una forma de defensa de las fuerzas de seguridad.

–¿Y los gases lacrimógenos?

–Lo mismo. Para la dispersión no se usan las armas sino el diálogo.

–El Protocolo Bullrich contempla un diálogo inicial.

–Pero deja que las fuerzas de seguridad federales y el resto de las fuerzas de seguridad se den a sí mismas los protocolos específicos. Lo que termina sucediendo en estos casos es que, en apariencia, se sobrepasa un “loco”. Pero los supuestos locos entre las fuerzas de seguridad no pueden existir, porque no debe haber gente con capacidad de producir un desastre. Y por eso debe haber dispositivos de control importantes. El protocolo que acabamos de conocer es deficiente tanto en el control de los operativos como en los criterios que deberían usar las policías. El protocolo ni siquiera prohíbe el uso de armas de fuego. No alcanza con hablar de que no habrá armas en la primera línea. ¿En segunda línea sí? Cuando el Ministerio de Seguridad se refiere a la supervisión de los operativos establece que supervisa quien no está en el terreno. Esa simple definición está demostrado que no resulta bien ni en el momento ni después, porque unos oficiales terminan amparando a otros. El problema de fondo es que toda la redacción está determinada por un criterio restrictivo.

–¿Cuál sería la restricción?

–El derecho a la protesta es una figura compleja que engloba, por ejemplo, derechos como el de libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades. La restricción consiste en suponer que siempre cortar la circulación supone delito y lleva a configurar los hechos previstos por el artículo 194 del Código Penal.

–El debate habitual versa sobre el cruce de derechos. El derecho a circular versus el derecho a protestar.

–El protocolo resuelve esa colisión de derechos en el mismo texto. Desdeña que cualquier modalidad de corte no es delito. Y no solo la represión debe ser evitada. También la criminalización, porque ampliar lo que se entiende por delito generará un alto número de causas penales. Eso será muy problemático para las organizaciones sociales y para la vida de sus dirigentes. Si el conflicto social se va a resolver a través de la criminalización de dirigentes, habrá intervenciones complicadas. Y además, en términos prácticos, tampoco se resolverán los conflictos con respuestas eficientes por parte del Estado. Se supone que los delegados sindicales tienen cierta protección para defender a sus representados. Esto es bueno para los trabajadores y es bueno también para la convivencia, porque hay canales de diálogo y negociación. Pero el único conflicto válido no es el que se lleva adelante en los lugares de trabajo. La situación se fue complejizando los años 90. Fue la calle y no solo la fábrica el ámbito de conflicto porque la desocupación era un problema.

–Si uno quita del análisis situaciones excepcionales como los 200 cortes en todo el país del jueves en protesta por la detención de Milagro Sala, ¿las organizaciones sociales cortan más calles o menos que antes?

–Menos. En los últimos años las propias organizaciones discutieron el tema del lado de la legitimidad ante el resto de la sociedad. ¿Legitima una protesta que un grupo de cinco personas corte las calles en Corrientes y Callao? Es una buena discusión, pero se resuelve debatiendo y no por medio de balas de goma. Las balas de goma quieren mostrar autoridad en la concepción del Estado y del Derecho. Como si se dijera que acá se gobierna de determinada manera.

–Con fuerza.

–Hasta algunos de los funcionarios relativizan después el efecto de lo que el propio gobierno decide. El secretario de Seguridad Eugenio Burzaco dijo que en el 99 por ciento de los casos no habrá balas de goma. Pero queda el 1 por ciento de los casos. Y, sobre todo, la promesa de Bullrich de que “a los cinco minutos los sacamos”.

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