Con la presencia del sector empresario en la Cámara de Diputados, el oficialismo continuó ayer con su estrategia para evitar la aprobación de la emergencia ocupacional. El plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo debatió durante más de cuatro horas y contó con la participación de representantes de cámaras empresarias como Daniel Funes de Rioja (Copal-UIA), Pedro Etcheberry (Cámara Argentina de Comercio), Osvaldo Cornide (Came) y Rubén Manusovich (Fedecámaras), entre otros. En línea con el macrismo, la mayoría de los empresarios se pronunció en contra de la iniciativa que limita los despidos durante 180 días e impone la doble indemnización. Tanto Funes de Rioja como Etcheberry negaron la existencia de “despidos masivos” mientras que otros dirigentes reclamaron que se excluya a las Pymes de la ley, ya que deben enfrentar problemas generados por el Gobierno como el tarifazo, la devaluación y la caída del consumo. Manusovich fue uno de los pocos que defendió el proyecto que aprobó en el Senado. Hoy los diputados volverán a reunirse para escuchar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y posteriormente se pasará a la firma de los dictámenes.

Mientras el presidente, Mauricio Macri, anunciaba medidas para paliar el deterioro provocado a las Pymes por la devaluación, la suba de tarifas y la baja en la demanda interna, en el Congreso los diputados retomaron ayer el debate de la ley antidespidos. El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, consideró que los anuncios de Macri “tienen una orientación totalmente positiva” pero sin embargo fue crítico con la política económica de Cambiemos. “Había que haber puesto en práctica un mecanismo de emergencia de las Pymes porque son las que dan una gran parte del trabajo. Y si una situación de alta presión impositiva, aumento sideral de tarifas, tasas (de interés) meteóricas, ponían a las pymes en caída de ventas, en una situación complicada, era importante ir al núcleo del problema y no a la consecuencia”, aseguró Cornide, quien pidió un tratamiento diferenciado respecto del de los grandes empresarios. “No nos pueden poner al lado de esos monstruos para quienes el obrero es un número”, remató.

Desde el Frente para la Victoria, el ex ministro de Economía Axel Kicillof advirtió que la problemática presentada por las pymes es “consecuencia de la política económica que aplicó el Gobierno, que las ha perjudicado fuertemente”. Kicillof, así como ya lo había hecho el jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, adelantó que están a favor de tratar otro proyecto que resuelva las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. “Nosotros vamos a atender las dos necesidades y ya estamos trabajando entre todos los bloques para conciliar una ley que contenga las medidas que reclaman las cámaras pymes”. El diputado del Bloque Justicialista y titular de la comisión, Alberto Roberti, compartió las críticas de Cornide hacia los grandes empresarios y señaló que “la mayoría de los despidos se dio en los sectores que se la llevaron con pala”.

Para Héctor Daer, diputado de extracción sindical del Frente Renovador, el proyecto no es “inconstitucional” como plantearon desde Cambiemos. Daer consideró que el compromiso entre el presidente y las cámaras empresarias para no despedir trabajadores durante 90 días significa el reconocimiento de que “existe el problema del empleo”. Daer, así como Facundo Moyano, son las voces más claras del massismo a favor de la ley. Sin embargo, Sergio Massa anticipó ayer que su bloque no acompañará si no se introducen cambios (ver aparte).

Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios consideró que “no hay despidos masivos” y que prohibirlos “no es el instrumento” correcto porque “terminan disuadiendo la contratación”. En verdad, la limitación de los despidos y la doble indemnización incluye a los trabajadores con empleo al momento de sancionarse la ley y no a los que comiencen a trabajar con posterioridad.

El más fuerte en contra de la medida apoyada por las cinco centrales obreras fue Etcheberry. “Es una ley mezquina, reduccionista y conservadora porque sólo se preocupa de la gente que tiene empleo, ¿y qué pasa con los trabajadores en negro, con los desocupados, los excluidos?”, dijo el empresario, tratando de enfrentar a los desocupados con quienes tienen empleo.

Una de las voces disonantes fue la de Manusovich, que apoyó la iniciativa “para ponerle fin a este proceso que excluye a los trabajadores”. “Lo primero que tendrían que hacer los empresarios que estuvieron en Casa de Gobierno es retrotraer los precios, en relación al poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo el representante de Fedecámaras y remató: “Si esta ley no sale van a seguir remarcando precios”.

La diputada del FIT, Miryam Bregman, denunció “una ofensiva patronal para que no haya ley antidespidos” y se cruzó con Funes de Rioja por las “maniobras para dilatar” el tratamiento. “No estamos recurriendo a argucias porque no somos legisladores”, le respondió el referente de la UIA.