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Por juan cruz esquivel*

El conflicto desatado entre el gobierno de Kirchner y el Episcopado, a raíz del documento dado a conocer por las autoridades católicas el último fin de semana, no es más que una evidencia de la complejidad de las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico a lo largo de la historia argentina.
Desde la época de la colonia, las autoridades religiosas fueron portadoras de una cosmovisión que igualaba la identidad territorial a la religiosa. Merced al reconocimiento del catolicismo como pilar de la nacionalidad, la Iglesia gozaba del derecho exclusivo de influenciar sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. Las decisiones gubernamentales en áreas de alta sensibilidad católica, como las relacionadas con la educación y la moral familiar y reproductiva, pasaban por el tamiz previo de la opinión de la Iglesia.
Así las cosas, la entidad católica se atribuyó el papel de institución “rectora” que debía regular las bases de funcionamiento y las pautas de comportamiento de la vida social. Afirmados en su lugar de mayoría, los hombres de la Iglesia han actuado históricamente como si la cultura de la población fuese íntegramente católica, y desde esa posición de poder interpelaron las estructuras del Estado. Su participación en el momento de la conformación de la Nación y la herencia de un modus vivendi definido por un esquema de legitimaciones recíprocas –en más de una oportunidad, la institución eclesiástica fue requerida para “bendecir” procesos políticos– garantizaron la atención de la dirigencia política a las demandas católicas.
Ese cuadro cultural e institucional predominante nos conduce a la reflexión sobre el escaso grado de autonomía que ha conquistado el sistema político argentino. El arraigo de un pensamiento corporativo, en el que se otorga mayor relevancia a los mecanismos de agregación de intereses que a los ámbitos de representación ciudadana, no es ajeno a ese modus operandi.
Ahora bien, las relaciones entre el gobierno de Kirchner y el Episcopado argentino vienen transitando por caminos sinuosos que suponen un punto de inflexión en el esquema simbiótico que ha caracterizado el vínculo entre el poder político y el poder eclesiástico, en los siglos XIX y XX. Más allá del estilo personal del Presidente y de sus palabras altisonantes, lo cierto es que el diseño de las políticas públicas se nutre de una lógica que difiere de la que ha prevalecido en el pasado.
Las acciones ejecutadas en el campo de la educación sexual y la salud reproductiva dan cuenta de un corrimiento en los márgenes de las decisiones gubernamentales. Lejos de consolidar un sendero de “confesionalización” de la política que en el mediano plazo minaría la autonomía de la esfera pública –aunque en el corto plazo, garantice una mayor gobernabilidad–, el gobierno de Kirchner y especialmente su ministro de Salud y Ambiente de la Nación, Ginés González García, han privilegiado la autonomía como modalidad para definir la agenda y trazar las políticas de Estado.
De un modelo de compenetración eclesiástico-estatal, se ha transitado hacia un escenario en el que predomina la independencia entre ambos campos. De todas maneras, el nuevo mapa relacional entre el poder político y el poder eclesiástico no invalida la importancia del diálogo entre los actores involucrados, como cimiento de una convivencia ciudadana en el marco del pluralismo democrático. Para ello, es imprescindible dejar a un lado tanto las posturas excluyentes como las actitudes de confrontación.

* Doctor en Sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y del Posgrado, Universidad de La Matanza.