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Que un ciudadano procesado por los delitos de violencia sexual y abuso de poder cobre una jubilación de privilegio por ser obispo católico retirado merece una amplia discusión pública y la adopción de medidas concretas por parte del Estado y de la propia Iglesia Católica. Nos estamos refiriendo a la situación del antiguo arzobispo de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni.

Para comprender este caso debemos analizarlo en un contexto más amplio. Las instituciones sociales que monopolizaron durante décadas los sentidos de pertenencia e identidad en la Argentina están viviendo un fuerte proceso de deslegitimación y de pérdida de credibilidad ante el conjunto de la sociedad. Cambios en el vínculo entre Estado, sociedad política y sociedad civil, y profundas transformaciones productivas y simbólicas abren nuevas perspectivas para la irrupción de otras experiencias que permiten avanzar en la pluralidad, complejidad y democratización. Sea en el espacio político, educativo, sindical, militar, empresarial o familiar, vemos cómo esas transformaciones modifican nuestras percepciones acerca del pasado y del presente, abriendo nuevas posibilidades hacia el futuro.

El espacio religioso forma parte de esta dinámica. La militarización y catolización de la sociedad hegemonizó creencias, creó adhesiones y oposiciones, e hizo suyo un imaginario de la “argentinidad” que relacionó identidad nacional –la Patria– con identidad católica. Esto se manifiesta de múltiples maneras y tuvo en la última dictadura empresarial-religiosa-militar de 1976 a 1983 su máxima expresión institucional a través de la amplia colaboración y legitimación entre Fuerzas Armadas, Iglesia Católica y empresas para la implementación del terrorismo de Estado.

La denuncia de las violaciones a los derechos humanos, el juicio y castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad –la reclusión al reo Von Wernich es un ejemplo–, una mayor pluralidad y valoración de la diversidad religiosa, un extendido pedido social de hacer crecer los derechos de ciudadanía en democracia están haciendo estallar por los aires ese imaginario nacionalista y católico y cuestionándolo desde sus cimientos.

Sin embargo, hay fuertes reminiscencias de ese poder católico recreado en la dictadura, como bien fue recordado por el periodista Mario Wainfeld en un reciente artículo en Página/12.

Un ejemplo es el decreto aún vigente, firmado por Videla y Martínez de Hoz en 1977, que otorga un honorario mensual a los obispos católicos en actividad y retirados por parte del Estado argentino, equivalente a un porcentaje del salario de un juez de primera instancia. Esta suma asciende hoy a 8000 y 7000 pesos, respectivamente.

Si bien esta remuneración se sustenta en instrumentos legales, estos no son legítimos, ya que fueron decretados por la dictadura militar, suponen homogeneidad de creencias, no respetan la pluralidad religiosa y constituyen un privilegio otorgado a las jerarquías católicas que no corresponde a un país democrático. El culto –sea del grupo que fuere– debe ser financiado por sus fieles y no por el conjunto de la población.

Los distintos gobiernos democráticos desde 1983 hasta la fecha tienen aquí una asignatura pendiente.

Otro ejemplo es el caso de las jubilaciones de privilegio, que tanto han sido denunciadas por diferentes grupos, y tienen también beneficiarios en la Iglesia Católica. El decreto de Videla, en su artículo primero, estipula que, cuando los obispos católicos “cesen en el cargo por razones de edad gozarán de una asignación vitalicia equivalente al 70% de un Juez Nacional de Primera Instancia”. En su artículo tercero dispone que “gozarán de esta asignación los prelados mencionados en los artículos anteriores que acrediten setenta y cinco (75) años de edad o incapacidad, y que hubiesen cesado en sus cargos por alguna de dichas causales” y en el cuarto, que ésta será “móvil”.

Ahora bien, la situación de Storni no es sólo ilegítima sino que se agrava por la manera en la que fue otorgado el beneficio, dado que no cumple con lo previsto en el propio decreto. Para que los lectores hagan memoria, recordemos que ante las denuncias y el escándalo producido en la ciudad de Santa Fe, el obispo Storni presentó su renuncia desde Roma el 21 de septiembre de 2002 a la edad de sesenta y seis años. A pesar de esa circunstancia, el Episcopado católico solicitó al Gobierno el otorgamiento de la asignación vitalicia. A fines de 2002, el entonces secretario de Culto Esteban Juan Caselli otorgó la asignación vitalicia a partir del primero de octubre de 2002. La misma persona que en estos días recibió al cardenal Martino de la Santa Sede y lo llevó en su avión particular a recibir el título de doctor Honoris Causa en la Universidad Católica de Salta.

Estamos por lo tanto no sólo ante la ilegitimidad de ese decreto sino ante el incumplimiento del mismo. El beneficiario no tiene 75 años ni acredita incapacidad. Primaron las relaciones automáticas que tenía el gobierno de entonces con el Estado Vaticano, la Nunciatura y el Episcopado Argentino, otorgando ya no sólo un privilegio que daña la democracia y la pluralidad religiosa sino incumpliendo con la normativa vigente.

El juez Giovanni procesó al obispo Storni en febrero del 2003 bajo la acusación de abuso sexual, siendo el primer obispo de América latina procesado por esta causa. Al igual que con el sacerdote católico Grassi, acusado de violación a menores, la institución católica, una vez más, prefiere callar e ignorar estos hechos, aumentando así la brecha con la sociedad y sus propios fieles, desconcertados ante un silencio que suena a complicidad y defensa corporativa.

Mientras que en Estados Unidos la Iglesia Católica paga millones de dólares a las víctimas de violaciones cometidas por sus miembros, en Argentina el obispo Storni, con sus 71 años, sin ninguna incapacidad y con la acusación de abuso, hoy, en octubre de 2007, sigue cobrando su asignación vitalicia de alrededor de 7000 pesos.

* Sociólogo de la religión (UBA-Conicet). Su especialidad es la Iglesia Católica.