Desde Montevideo

Cómo garantizar que las mujeres que deben enfrentar un aborto puedan tener un procedimiento seguro, que no ponga en riesgo sus vidas –en los diferentes contextos legales de la región– fue uno de los ejes centrales del IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que finalizó ayer en Montevideo y contó con más de medio millar de participantes de diversos países –incluida Argentina–, entre médicos, activistas, investigadores y profesionales de diversos ámbitos. En ese marco, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), que agrupa a las asociaciones científicas de una veintena de naciones, dio a conocer un fuerte pronunciamiento en el que insta a los gobiernos de América latina y el Caribe a elaborar regulaciones sanitarias “a fin de facilitar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones legales”, es decir, en aquellas circunstancias en las que no está penalizada, “por ser éstas un instrumento que contribuye a preservar su vida y su salud y a la reducción de la mortalidad materna”.

El llamamiento de la Flasog es parte de un consenso firmado en esta ciudad que fue bautizado como Carta de Montevideo. Incluye como primer punto pedir a los gobiernos de la región que profundicen sus políticas de salud sexual y reproductiva y garanticen la entrega de métodos anticonceptivos y además, desarrollen programas de educación sexual, según informó a Página/12 el médico peruano Luis Tavara, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de Flasog, y uno de los expositores invitados.

El drama del aborto en la región, las consecuencias en la salud de las mujeres y en los elevados índices de mortalidad materna como consecuencia de leyes restrictivas –como la argentina– y el impacto que han tenido en el último año los cambios normativos que se han producido en algunos países como Colombia y México –donde se liberalizaron las leyes que penalizaban la interrupción de un embarazo– fueron algunos de los temas abordados en paneles y mesas redondas en los que participaron reconocidos especialistas extranjeros. Otro de los temas que concitó mucha atención fue la estrategia de reducción de daños frente al aborto que se lleva adelante en este país, con el aval del Ministerio de Salud desde hace varios años, y que consiste en que los médicos les informen a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo cuáles métodos son riesgosos y que pueden recurrir a otros más seguros –como el uso de la droga misoprostol a través de la cual la propia mujer puede inducirse un aborto–. En Uruguay el aborto está penalizado (ver aparte). La consejería se da en los hospitales públicos antes y también después del aborto, para comprobar que la interrupción se haya completado y la mujer no tenga complicaciones.

Entre las invitadas “estrellas” del Congreso estuvieron Frances Kissling, feminista norteamericana fundadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, con amplia trayectoria en el activismo, y la médica holandesa Rebecca Gomperts, de Mujeres sobre las Olas (Women on Waves), una organización que provee información para que las mujeres puedan tomar decisiones con respecto a la planificación familiar y puedan acceder a abortos seguros: es conocida porque tiene un barco que lleva frente a las costas de países que prohíben el aborto para realizar interrupciones voluntarias del embarazo abordo con medicamentos. Ahora Gomperts está promoviendo que las mujeres accedan a información en Internet sobre cómo realizarse un aborto ellas mismas con fármacos que se envían por correo postal (ver aparte).

Otro de los expositores fue el chileno radicado en Brasil Aníbal Faúndes, profesor titular de Obstetricia de la Universidad Estadual de Campinas, investigador senior del Centro de Estudios en Salud Reproductiva de la misma ciudad y ex presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Faúndes reflexionó sobre el papel de los ginecólogos y obstetras ante la problemática del aborto. “Lo ideal sería que ninguna mujer tenga que abortar. Pero frente al aborto que no se puede evitar, hay que garantizar –como médicos– que sea lo más seguro posible. En una democracia, las mujeres deberían poder elegir por sí mismas sobre su cuerpo. Pero estamos lejos de eso. En casi todos los países de América latina el aborto no es punible en distintas circunstancias. Pero prácticamente es cero la cantidad de mujeres que acceden a esos abortos (en el sector público) y parte de ese cero es responsabilidad de la actitud de ginecólogos y obstetras. Y también de la falta de lineamientos del Estado. Los obstetras nos encariñamos mucho con el feto y cuando nos dicen que ese feto hay que eliminarlo, por distintas razones, tenemos resistencias. No escuchamos a las mujeres con embarazos no deseados. Sólo escuchamos a las que desean tener un bebé”, comenzó una de sus ponencias Faúndes, reconocido internacionalmente por sus varios libros –y más de trescientos artículos publicados en revistas científicas– que abordan la temática. Faúndes destacó que de acuerdo a las recomendaciones de las cumbres internacionales de Población (El Cairo, 1994) de la Mujer (Beijing, 1995) y las posteriores evaluaciones de aquellas conferencias, “cuando está permitido hay que brindarle a la mujer un aborto seguro y no obligarla a que recurra a un método inseguro”, con agujas, sondas, tallos de perejil o en manos de personas inexpertas como sigue ocurriendo en Latinoamérica. Walter Lauría, presidente de la Sociedad de Ginecología de Uruguay, agregó, siguiendo con la autocrítica médica: “Muchas veces hablamos mucho y en la práctica hacemos poquito”, frente a la problemática del aborto.

El IV Congreso Latinoamericano tuvo un fuerte respaldo del gobierno uruguayo. La sede del encuentro fue la intendencia de Montevideo y su lema “Alcanzar las metas del milenio: un compromiso de los profesionales de la salud desde los derechos sexuales y reproductivos”.

El aborto es una gran preocupación para ginecólogos y obstetras por su alta incidencia en los índices de mortalidad materna (MM) de la región. La reducción de la MM es una de las metas del Milenio, a las que se comprometieron los países que conforman la ONU. En Argentina, la tasa de MM creció entre 2005 y 2006 (el último registro conocido), de 39 a 48 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo que significa que de un año al otro fallecieron 56 mujeres más por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio, señaló a este diario la médica argentina Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), expositora invitada al Congreso. En 2005 fallecieron 279 y en 2006, 333, por esas causas, que en la mayoría de los casos pueden ser evitables. En Argentina, el aborto es la causa del 30 por ciento de MM, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.