En la Argentina no se cumple con la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, ya que un promedio del 20 por ciento de los adolescentes que tienen entre 13 y 18 años está fuera del sistema educativo. La conclusión corresponde a un estudio de Ctera, realizado en base a datos oficiales, en el que se consignan datos aún más dramáticos. Aquel valor sube al 40 por ciento para el grupo de mayor edad, donde el nivel de deserción crece notoriamente, en parte porque muchos estudiantes se ven forzados a dejar la escuela para buscar trabajo. El registro también se duplica en las regiones más pobres del país, lo que consolida la exclusión de sectores ya marginados de la economía. Para los jóvenes que sí tienen la posibilidad de asistir a la escuela la situación también plantea sus bemoles. Otro trabajo del gremio docente da cuenta de que para universalizar la enseñanza es necesario crear 1,1 millón de vacantes, lo que equivale a mil quinientos establecimientos de jornada simple, según el déficit de bancos estimado por los educadores.

El texto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –realizado en base al último Censo de Población, entre otras fuentes oficiales– distingue también al subgrupo menos aventajado del estudio, como son los 28.600 adolescentes que “nunca concurrieron a la escuela”. A esta forma de marginación extrema se añade el agravante de la deserción, que aumenta a medida que pasa el tiempo y desmejoran las condiciones socioeconómicas. Este enfoque dinámico lleva a concluir que “casi el 40 por ciento de los chicos deja de estudiar”, lo que configura “un proceso de progresiva exclusión”.

En el promedio general, los chicos de 13 o 14 años tienen una concurrencia superior al 90 por ciento. Sin embargo, el 8 por ciento de ellos ya dejó la educación formal y, según proyecta el informe, en una década habrá “medio millón de jóvenes” de esas edades que estarán fuera de cualquier establecimiento. La situación es mucho más grave en los de 18 años, ya que el porcentaje que estudia baja a un magro 58 por ciento. La danza de números muestra también diferencias por sexo (las mujeres desertan menos) y por urbanización (la escolarización baja considerablemente en la zona de población rural dispersa).

El trabajo de Ctera desnuda con rigor estadístico lo que parece una verdad de Perogrullo, como que la exclusión del colegio secundario está estrechamente ligada a la pobreza, considerada ésta como “estructural” y no “por ingresos”. Este enfoque divide la población en función de quienes tienen o no Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), descartando la segmentación según quienes pueden o no acceder a la canasta básica de bienes y servicios. Mirar las NBI es mirar el núcleo duro de pobres, que no dejan de serlo aunque se controle la inflación o haya alguna leve mejora en el salario.

Sólo el 41,47 por ciento de los jóvenes pobres por NBI concurren a la secundaria. Ese casi 60 por ciento restante marginado tras la puerta está condenado a la desocupación o informalidad laboral, entre otras penurias previsibles. El dato resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta cómo se configura el mapa demográfico del país y algunos otros indicadores sociales.

Los jóvenes de la edad en estudio configuran la mitad de la población urbana de la Argentina y están entre los más afectados por la pobreza, aun la medida según el nivel de ingresos. Entre 1991 y el 2006, la desocupación en esta franja se duplicó, subiendo del 17 al 34 por ciento. Esto da la pauta de que quienes dejan los estudios tampoco encuentran amparo en un trabajo, ni siquiera informal y precario.

También existe una divisoria muy notable entre las distintas regiones del país. El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tiene el porcentaje general más alto de inasistencia escolar entre los adolescentes: 28,29 por ciento. Pero este valor supera el 43 por ciento cuando se mide lo que ocurre entre los más pobres y llega al 48 si la mira se focaliza en los chicos de 18 años, generalmente convocados a trabajar para paliar una situación familiar desfavorable.

Esos guarismos muestran que la magnitud del problema es muy superior en esas pobres y cálidas provincias norteñas que en la región Metropolitana, la más poblada y rica del país. Aquí, la inasistencia oscila entre el 10,9 por ciento de los no pobres y el 25,9 por ciento de los que sí lo son.

Aun con esta importante franja de la población joven fuera del sistema educativo, existe un contundente requerimiento para atender la demanda de los estudiantes por ahora incluidos. Según el análisis de Ctera, para garantizar “la gradual universalización de la escuela secundaria” es necesario crear 1,1 millón de vacantes.

Bajo la recomendación pedagógica de que los establecimientos no superen los 1000 estudiantes en total y las secciones los 25, se deriva que son necesarias mil quinientas escuelas de dos turnos simples cada una en todo el país. De ese total, 423 deberían estar en territorio bonaerense, la mitad en el superpoblado conurbano. Según subraya el trabajo, no implica necesariamente construir esa cantidad de edificios, pero sí marca la necesidad de disponer del lugar para el dictado de clases en las condiciones previstas.

“Para dar cumplimiento al derecho social a la educación de todos los adolescentes y jóvenes no alcanza con que los gobiernos nacional y provinciales realicen la inversión necesaria para la construcción de escuelas. También es necesario que garanticen políticas públicas (educativas y socioeconómicas) específicas destinadas a facilitar el ingreso y el reingreso de aquellos que no están, así como garantizar el tránsito y terminalidad del nivel”, concluye el texto de los docentes.