Elena Reynaga se nombra como trabajadora sexual: “Ni puta, ni prostituta, ni trapo, ni jinetera”, aclara ella, líder nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Tras el debate parlamentario que generó la reciente sanción de la ley de trata de personas, Reynaga advierte: “Legislar es necesario, pero no alcanza”. Hoy, señala, “no hay decisión política” para perseguir y sancionar a las redes que trafican mujeres y las explotan en burdeles, que siguen amparadas por “la policía y algunos jueces”. “Voy a creer que van en serio cuando vea esos lugares cerrados”, dice a lo largo de un reportaje con Página/12, y revela que en la ciudad de Buenos Aires actualmente “hay una persecución policial hacia las trabajadoras sexuales”, que ha generado que muchas hayan dejado la calle para ir a prostíbulos. “Puertas adentro hay explotación, tienen que dejar el 50 por ciento de lo que ganan, no tienen cuidados de la salud, trabajan de 12 a 14 horas por día: pasan a ser una máquina sin derecho a nada.” Reynaga reclama la derogación de los códigos contravencionales que criminalizan la oferta sexual y el reconocimiento oficial como trabajadoras sexuales, que les permitiría, entre otros beneficios, tener una obra social: “Queremos aportar, pero queremos que nuestro aporte vuelva a la comunidad. Desde hace años venimos aportando, pero al bolsillo de la policía”.

Ammar forma parte de la CTA y se define como “el sindicato de trabajadoras sexuales de la Argentina en acción por sus derechos”. Reynaga está indignada porque el gremio no fue consultado para la elaboración de la ley de trata, a pesar de que la explotación sexual suele ser el principal negocio de las redes que trafican personas. “Si tienen que hacer una ley para los maestros, ¿a quién consultan? A los maestros. ¿Quién mejor que nosotras para saber qué queremos?”, dice. Se nota que el tema la enoja. “Entendemos que la discusión sobre el consentimiento es falsa, porque en la trata de personas nunca puede haber consentimiento. En la trata hay en el mejor de los casos engaño, y casi siempre coacción, coerción, abusos, violencia y torturas”, comenta sobre uno de los aspectos más controvertidos de la ley (ver recuadro).

–¿Cuál es el eje de la lucha de Ammar?

–Se derogaron los edictos policiales, pero venimos pidiendo hace muchísimo que se deroguen los códigos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual. En algunas provincias, como Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba, la persecución que sufren las compañeras es tremenda. Hasta ahora logramos la derogación en Entre Ríos en 2004 y no hay escándalo: no hay una cantidad terrible de chicas en la calle, y las que hay se llevan muy bien con los vecinos, porque hacen de “seguridad” en las esquinas. La convivencia es perfecta. Lo único que ha cambiado es que la policía no las puede detener.

–¿Qué opina de la flamante ley de trata?

–Me parece que la sacaron para cumplir con una formalidad, el Protocolo de Palermo (para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas), pero no por una preocupación real por el tráfico. Más claro, mire a la madre de Marita Verón: está en absoluta soledad, se ha recorrido el país buscando a su hija, y los prostíbulos siguen abiertos. Que no me digan que no tienen herramientas suficientes para cerrarlos y hacer cumplir la ley. No hay una decisión política. Nosotras venimos diciendo dónde están. Pero, ¿qué nos dicen los ministros? “Tráigannos nombres.” Nos ponen en una situación en la cual nosotras tenemos que investigar y acusar a las personas. No es así. Nosotras somos una organización no gubernamental. Quienes tienen la responsabilidad son ellos, que tienen la fuerza política para actuar. A la ley le faltan varias patas. Supóngase que hay una mujer mayor de edad que es obligada a trabajar en un burdel. ¿Cómo hace esa compañera para denunciar su situación? Le estoy hablando de un caso en particular, de una chica que la llevaron a trabajar a Sierra Grande...

–¿Qué le ocurrió?

–Esta chica, por querer irse a trabajar a otro lado, el dueño del prostíbulo que la tenía le pegó y le rompió una pierna. La tuvieron que operar. Fue el año pasado. Otra chica, que la CTA está ayudando, también estaba en Sierra Chica y se quería ir a otro lado. La dueña del burdel la sacó a la calle, se quedó con todo el dinero que ella había generado, y con sus documentos y su ropa. ¿Cómo hace esa compañera para que le devuelvan el salario que se ganó y sus cosas?

–El punto de discusión más fuerte en torno de la ley fue si en el caso de las mayores de edad hay que probar que no dieron su consentimiento para llegar a un burdel. El Gobierno argumentó que organizaciones de meretrices le plantearon que querían que saliera la ley como se aprobó finalmente porque en caso contrario no podrían trabajar libremente en un prostíbulo.

–Primero, ninguna de nosotras habló con nadie del Gobierno sobre el tema. Hubo mucha mano negra para que nosotras no pudiéramos entrar a las comisiones (parlamentarias). Nos invitaron, pero llegábamos y resulta que la reunión se había suspendido o ya se había hecho. Nunca logramos llegar a ninguna comisión. Desde Ammar-Nacional hicimos un documento que les mandamos a todos los senadores y diputados. Para nosotras, la cuestión del consentimiento no está muy clara. Los ejemplos que nos dieron algunos diputados en defensa de la ley son totalmente ridículos. Uno nos dijo que estaba a favor de la ley tal como salió porque si él se encontraba con una mujer en la Terminal de Mar del Plata y ella le pedía dinero para venir a trabajar a un burdel a Buenos Aires, él podía ser acusado de tratante. Será su fantasía, le dije, porque nunca una mujer se le va a acercar a plantearle eso. Es muy infantil ese argumento.

–Es cierto que también hay mujeres que deciden por su propia voluntad trabajar en un prostíbulo...

–Eso es otra cosa. Ammar es una organización que nuclea a trabajadoras sexuales mayores de edad que están en esto por consentimiento propio. Pero también hay mujeres que siendo mayores de edad son llevadas desde Jujuy y Salta para el sur del país. Algunas saben a qué van. Yo sabía que ahí se ganaba buena plata y fui. Cuando me rayé y vi que me iban a sacar mucha plata, me agarré mi valija a las cuatro de la mañana y me rajé. Pero hay mujeres que las buscan con engaños y las tienen en esos lugares totalmente encerradas, encarceladas, especialmente en las provincias del sur y en La Plata, donde también hay niñas. Otro aspecto que reclamamos es que se incorpore a la ley la posibilidad de que organizaciones sociales como la nuestra puedan constituirse como querellantes, como se permite en las causas de derechos humanos.

–En el documento que enviaron a los diputados y senadores cuestionan la falta de un programa integral para la atención de las víctimas de trata. El Gobierno está por poner en marcha uno. ¿Qué debería contemplar?

–Un aspecto muy importante es que no hay que devolverlas a su lugar de origen. En Comodoro Rivadavia, hace dos años, una chica jujeña se escapó de un prostíbulo y fue a una iglesia. La iglesia hizo la denuncia y pudieron rescatar a unas cuarenta chicas de ahí adentro. A esas chicas las mandan de vuelta a su lugar de origen y ahí mismo están las mismas redes que las reclutaron, que las terminan captando y llevando para otros lados. Esas redes siempre amenazan a las chicas con hacerles algo malo a sus familias, a sus hijos; y eso, para nosotras, para cualquier ser humano, es muy fuerte. A las víctimas de trata hay que darles contención en serio, ofrecerles si quieren cambiar de trabajo o prefieren seguir haciéndolo en mejores condiciones, libremente, con garantías. Eso no está contemplado en la ley.

–¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires?

–Hay una persecución policial hacia las trabajadoras sexuales que ha generado que se vayan a trabajar puertas adentro. Puertas adentro hay explotación, tenés que dejar el 50 por ciento de lo que ganás, no tenés cuidados de la salud, trabajás de 12 a 14 horas por día. Pasás a ser una máquina, sin derecho a nada. Esos lugares deberían estar prohibidos. En Constitución, por ejemplo, ves a las chicas paradas en la puerta de esos lugares, cualquier vecino las ve. ¿Me van a decir que la policía no las ve? Quisiera saber quién los habilita y en concepto de qué, porque la ley es muy clara: toda persona que vive de la prostitución ajena está considerada proxeneta. Sin embargo, yo no veo a ninguno de los dueños presos. La mayoría de esos lugares están llenos de mujeres que vienen de los barrios más pobres. Hay otros lugares que tienen chicas de otro nivel económico. Pero de las que se quejan son de las chicas paradas en la esquina. Mientras estés acorralada en un lugar, esclavizada, parece que no le importa a nadie. A la primera que le debería importar es a la Justicia, pero no es así.

–Las estadísticas muestran que las condenas por proxenetismo son mínimas.

–Es así. Mire: los jueces que investigan el asesinato de Sandra Cabrera (quien era titular de la filial rosarina de Ammar), dicen que los testimonios de las prostitutas no tienen validez por ser prostitutas. A esa causa la van a cerrar, va a caducar en junio y va a reinar la impunidad. Fue alevoso el crimen de Sandra, alevoso lo que ella denunciaba: a todos los prostíbulos de la Terminal de Rosario, que tienen menores y chicas extranjeras. Lo he visto yo, que entré a esos lugares, no me lo contaron. Sin embargo, después del asesinato de Sandra los volvieron a abrir y hoy siguen funcionando.

–¿Cuál es la magnitud del problema de la trata en la Argentina?

–Siempre hubo trata. Hoy es un tema de debate, mediático. La historia es clara: acá vinieron los europeos a traer polacas, italianas. Menos mal que ahora se está discutiendo y ojalá se logre disminuir el tráfico de personas, que no es sólo para la prostitución sino también para los talleres textiles clandestinos. Es cierto que la mayoría son mujeres que son explotadas sexualmente, pero también hay varones, jóvenes, niños.

–¿Por qué se definen como trabajadoras sexuales?

–Las que estamos organizadas pudimos optar por este trabajo; y digo optar y no elegir porque elegir pueden las que fueron a la universidad. Nosotras optamos entre las escasas opciones que tenemos las mujeres de clase trabajadora. Las obreras optan, los mineros optan, las señoras que limpian casas optan: no eligen. Nosotras optamos por este trabajo para hacerlo lo más dignamente posible y poder sobrevivir. Hay que separar las cosas. Hoy ejercer la prostitución no es delito, pero estamos en una nebulosa. El hecho de que nos reconozcan como trabajadoras nos permitiría, primero, salir de la ilegalidad en la que estamos; segundo, empezar a tener los mismos derechos que los demás trabajadores: acceso al crédito, una obra social. Queremos aportar, pero queremos que nuestro aporte vuelva a la comunidad. Desde hace años venimos aportando, pero al bolsillo de la policía: nunca volvió a nosotros ese dinero. ¿Qué queremos? Basta de prostíbulos. Si algunas compañeras quieren juntarse, alquilar un departamento y trabajar puertas adentro, eso no es ilegal, siempre que no haya un tercero. Pero eso no les conviene a los grandes jefes de las redes.

–¿A quién le interesa mantener ese esquema?

–Hay un poder policial. Para que la gente lo recuerde: en la época de los edictos policiales, nosotras, en el barrio de Flores, cada una pagaba 400 pesos a la seccional 50ª de la Policía Federal. Cuando lo conté por primera vez en Página/12, me llenaron la cara de bollos en la 50ª y me incomunicaron. Hoy eso sigue sucediendo con los lugares que funcionan puertas adentro. Basta abrir algunos diarios para ver todos los lugares que hay en Constitución, Flores, Once. La policía se lleva una gran tajada. Los inspectores del gobierno de la ciudad viven de las coimas de esos lugares. Las niñas siguen explotadas ahí adentro y las mujeres mayores también, mientras hay algunos jueces que ganan mucha plata y jefes de la policía y de Migraciones también. Pasan por la frontera de Paraguay colectivos con muchas mujeres y hacen la vista gorda. Voy a creer que van en serio cuando vea esos lugares cerrados.

–Ammar Capital y algunas investigadoras académicas plantean que la prostitución no puede ser considerada un trabajo porque siempre implica una relación de explotación y dominación.

–Explotación sufre toda la clase obrera, no sólo las trabajadoras sexuales. Hay que empezar por ahí. Después, lo que piensa la Academia me tiene totalmente sin cuidado. Históricamente han tratado de interpretarnos y de querer hacernos decir qué es lo sentimos y cómo tenemos que definirnos. Respeto la posición de las compañeras de Ammar Capital, pero son una minoría y están muy influenciadas por algunos grupos feministas que piensan de esa manera. Aclaro que yo también soy feminista: quiero la igualdad, la equidad. Como tengo derechos sexuales, con mi sexualidad también trabajo.

–¿Los dueños de los burdeles son personas poderosas?

–Así como cuando quieren voltear a un intendente van y ponen una cámara oculta, si realmente quieren investigar (el negocio de la prostitución) podrían ponerle una cámara oculta a alguien que se haga pasar por cliente. Mire el caso de Vicente Serio, el de las esclavas de San Miguel, acusado por tener varios burdeles donde se explotaba a chicas paraguayas: estuvo sólo dos años preso y tenía acusaciones por corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y proxenetismo, tenía causas para estar por muchos años adentro y sigue siendo dueño de todos los prostíbulos de San Miguel. Evidentemente ese tipo tiene vinculaciones y es más valioso afuera que adentro, donde puede hablar.