“Esa que están demoliendo era mi casa”, dice Yésica, y señala a un grupo de hombres con casco que sacuden a mazazos la pared de lo que fue una casita precaria. “Hasta me dan ganas de llorar”, comenta. Pero no es tristeza lo que siente sino pura nostalgia: allí vivió los últimos diecisiete años de su vida, que cambió hace menos de dos años, cuando empezó a trabajar como ayudante de albañilería. No es tristeza porque hace menos de una semana tiene casa nueva, para ella y sus tres hijos, dentro mismo de la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta y que ahora sus habitantes se empeñan en llamar Ciudad Luz. Su vivienda es parte de la segunda serie que construye la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en ese barrio, y se suma a las que se levantan en Los Piletones, a las que comienzan a construirse en el barrio Castañares, en Villa Lugano, y a las que se planifican en la Villa 20. En total, 2610 unidades habitacionales, que convierten a la Fundación de las Madres en la principal constructora de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires, justo cuando el Instituto de la Vivienda de la gestión del macrismo se retira de la construcción social, como informó PáginaI12 esta semana.

En Villa 15 ya pueden verse los contrastes: dos edificios flamantes, de tres pisos, uno pintado de rojo, el más nuevo de verde, se recortan entre el caserío de ladrillo sin revocar y techos de chapa. El barrio está ubicado sobre la avenida Eva Perón y Piedrabuena, en el barrio de Mataderos. El mismo contraste puede verse en el edificio que fue bautizado como “Elefante Blanco”, un esqueleto de cemento abandonado desde hace medio siglo, que tiene su primer piso ocupado por familias indigentes, pero que en la planta baja ha sido recuperado por la Fundación de la Madres: hay un jardín maternal para más de cien chicos, un taller de costura, dos cocinas y los comedores para los operarios que trabajan en la construcción. Evidencias de que la propuesta va mucho más allá de un plan de viviendas.

“Cuando las Madres trajeron el proyecto para construir las viviendas, la verdad, no les teníamos mucha fe: nos venían bicicleteando desde hacía más de un año en el Instituto de la Vivienda con promesas, pero nunca concretaban nada”, cuenta Néstor Cristaldo. El integra una de las 36 familias que en diciembre de 2005 fueron afectadas por un incendio que destruyó las casillas de un sector de la villa. Tuvieron primero una solución precaria, con casillas de material fenólico, y luego las promesas incumplidas, hasta que llegó Sergio Schoklender, director ejecutivo de la fundación, con el proyecto en una carpeta. “En dos meses se armó el grupo de trabajo y empezamos con la construcción”, recuerda Cristaldo, que empezó bien de abajo, como aprendiz, y ahora es capataz en la tercera obra que está iniciando la Fundación.

“Cuando levantamos las paredes con paneles de telgopor, pensamos: a esto se lo lleva el viento. Pero acá los tenés, bien firmes”, cuenta el capataz, asomado desde uno de los ventanales del “Elefante Blanco”, desde donde se ven las primeras casas que se construyeron, entre ellas la suya. Y como para demostrar lo equivocado que estaba, descarga un mazazo sobre una de esas paredes que tienen corazón de telgopor, pero que están revestidas de una malla de alambre y cemento. La pared vibra, pero no le queda ni una marca. Va otro mazazo. Y otro. Y nada.

Esas paredes también se levantan dentro del viejo edificio: allí se construyen cuatro salas nuevas para el jardín maternal, que se agregan a las cinco que están funcionando. Es que la demanda en el barrio es cada vez mayor.

Cambio de vida

La planta baja del “Elefante Blanco” es como el bunker de la Fundación, el centro de operaciones adonde llegan los obreros a la mañana para dejar a sus hijos pequeños en el jardín maternal, partir hacia la obra después del desayuno y luego volver al comedor para el almuerzo.

En la entrada hay dos hombres que están encargados de la seguridad, y se comunican por celular con otros que cumplen la misma función en el interior del complejo y en los obradores: en total son 90 personas que cubren los tres turnos de guardia. “Decidimos tener seguridad propia cuando empezaron a faltar materiales: desaparecieron unos caños y los paneles con los que se construyen las casas son muy costosos”, explica Yésica. Antes había un puesto de la Policía Federal, pero en la entrada de la villa y al principio hubo seguridad privada, pero no resultó, comentan en la fundación.

“Los que hacen seguridad son muchachos del barrio, conocen a los vecinos, manejan los códigos del barrio. Algunos incluso han salido recién de la cárcel, por alguna macana que se mandaron, y se les ofrece esta posibilidad para que no vuelvan a caer en lo mismo”, relata Yésica. “No es fácil para ellos, que han estado en ese ambiente, verse en una posición de vigilantes. Pero entendieron la importancia de cuidar lo que es nuestro y además han visto las ventajas de tener un trabajo fijo, plata segura al final de la quincena, sin necesidad de robar”, agrega.

La convivencia no es fácil en un barrio con tanta exclusión como la Villa 15. Aunque los vecinos reconocen que con las posibilidades de trabajo, por un lado, y con las medidas de seguridad como disuasivo, por otro, “el barrio está más tranquilo, hay otro clima”.

Yésica empezó como ayudante, hizo uno de los cursos de capacitación y ahora también es colocadora de cerámicas. Y sus compañeros de trabajo la eligieron como una de las tres delegadas de la obra. Tiene 27 años y tres hijos, el mayor de siete, y éste es su primer trabajo formal. “Cuando empezaron a tomar gente me anoté, porque pedían que la mitad de los operarios sean mujeres”, recuerda. Y dice que no les costó adaptarse a ese mundo donde predominan los hombres, porque “nosotras tenemos nuestro carácter y no nos van a faltar el respeto así nomás”. En todo caso, “los que tuvieron que adaptarse fueron ellos”, dice, en alusión a los delegados y jefes de la Uocra, que tuvieron que adaptar un poco el léxico cotidiano a la presencia de las “compañeras”. Yésica y una trabajadora de Los Piletones son las primeras (y únicas) delegadas mujeres en la historia del gremio de la construcción local.

A Yésica le asignaron una de las 48 viviendas recién inauguradas, habitadas desde el lunes. Tienen tres dormitorios y dos baños, y están totalmente equipadas con camas y colchones, mesas y sillas. La calefacción es a través de una pantalla radiante, a electricidad, porque no llega hasta el barrio el gas natural y la cocina debe alimentarse con garrafa. Pero el método de construcción por paneles térmicos contribuye a que el calor no se pierda (ver nota aparte).

Con las casas recién terminadas, ahora la cuadrilla de obreros demuele las viejas construcciones precarias, cuartitos chicos y techos bajos, de chapa, que se convierten en escombro y dejan espacio libre para una futura calle, que se construirá en un tiempo. Uno de los chicos que ahora empuña la maza es Pablo, un pibe de 19 años que hasta hace poco no tenía otro proyecto que el consumo de paco. “Ahora veo a los pibes dados vuelta y pienso: ¿así como ellos estaba yo?”, dice.

Todos los trabajadores están en blanco. Son contratados, cobran con recibo de sueldo, tienen obra social y aportan al gremio. La categoría más baja cobra 1650 pesos por mes y los capataces andan por los 2100. Trabajan once horas de lunes a jueves, y nueve los viernes, pero de ahí hay que descontar la hora del almuerzo, que no se les cobra.

También están en blanco las cocineras que preparan el almuerzo y las costureras que confeccionan los uniformes para los obreros, los cubrecamas y las cortinas para las nuevas casas.

Sólo en Villa 15 trabajan 245 operarios. Entre los tres emprendimientos en marcha, los obreros de la construcción suman 650. Y si se cuentan los que están a cargo de la seguridad, la cocina, los talleres y el jardín, llegan a 950.

Sin ladrillos

El IVC construye viviendas sociales a un promedio de 490 por año. Pero ya no construirá más, ya que la gestión macrista ha derivado esa responsabilidad en la Corporación Buenos Aires Sur. En marzo de este año, la Corporación llamó a licitación para la construcción de 552 viviendas. En Villa 15, la Fundación Madres de Plaza de Mayo entregó ya 48 unidades y está por empezar la construcción de otras tantas. En el barrio Los Piletones están en construcción 432 casas, de las cuales 105 están prácticamente terminadas. En Castañares y General Paz están empezando la edificación de 780 viviendas con su infraestructura, 200 de las cuales serán para los habitantes de Villa Cartón, que se incendió en febrero de 2007. Las otras se distribuirán entre habitantes de Villa 19 (INTA) y otros barrios precarios vecinos. Y, por último, ya comenzaron los trabajos de perimetrado de terreno y remoción de suelos para levantar 1300 unidades para la gente de la Villa 20, en Cruz y Escalada. Un acuerdo con la UTN permitirá establecer los niveles de contaminación, por la presencia del cementerio de autos, y elaborar un plan de remediación.

En total, la Fundación de las Madres se ha embarcado en la construcción de 2610 viviendas, lo que la convierte en la mayor empresa constructora de vivienda social en la Ciudad. Salvo la obra de Piletones, que fue licitada por la Corporación del Sur el año pasado, y en la que la Fundación ganó con comodidad a empresas privadas, el resto de las obras se hace por contratación directa, en el marco del programa de Urbanización de Villas y Asentamientos, del Ministerio de Planificación Federal. El costo de cada unidad de 70 metros cuadrados es de 90 mil pesos, a un promedio de 459 dólares el metro cuadrado. Y los fondos se pagan a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

Salir de la exclusión

Pero no sólo de vivienda vive el hombre, o la mujer. La iniciativa de la Fundación, que las Madres bautizaron como Misión Sueños Compartidos, viene acompañada por un proyecto social. “Cuando las mujeres empezaron a trabajar en la obra nos dimos cuenta de que no tenían con quién dejar a sus chicos. Primero empezamos en una casa, con una madre cuidadora, pero después empezamos a habilitar salas en el ‘Elefante Blanco’. Hoy tenemos allí el Jardín de los Abrazos”, dice a PáginaI12 Hebe de Bonafini, la presidenta de la Fundación.

Basta recorrer la planta baja de ese edificio para ver cómo la Fundación y la gente del barrio construyeron en un lugar que el Estado dejó vacante. Allí, donde funcionó un centro de salud hasta hace unos años, hoy funcionan las cocinas y el comedor de los obreros, el taller de costura y hasta un gimnasio con aparatos.

“Todo se construye con el excedente del dinero obtenido por la obra. Lo que para una empresa es la ganancia de los empresarios, nosotros lo reinvertimos para la gente del barrio”, explica Schoklender.

Ese dinero alcanza para levantar las paredes de las nuevas salas del jardín maternal, pero no para designar el personal docente. No obstante, se ha incorporado a una especialista en Educación para capacitar a las madres cuidadoras que trabajan en el jardín y armar el programa pedagógico.

Para completar el programa, una trabajadora social se ocupa de abordar problemas crónicos del barrio: el paco y el alcoholismo. “Trabajamos con las familias que tienen ese problema para asumir, primero, que es un problema familiar, no del chico. Y estamos capacitando a facilitadoras para que el trabajo social se multiplique en el barrio”, relata Andrea Roca, trabajadora social. También capacitan a las madres cuidadoras para detectar problemas de abuso o maltrato, y contactan con la fiscalía a las familias que quieren denunciar a los traficantes del barrio, “porque la policía no hace nada”.

“En un año y medio se notan los cambios –destaca Hebe–. Hay menos droga, menos alcoholismo, el barrio está más limpio y la gente tiene un proyecto para salir de la exclusión.”