Al margen de la detención de un cuarto sospechoso, por su participación en el cuádruple crimen de la familia Mansilla (ver nota aparte), el centro de la escena, en relación con el caso, lo ocupó la polémica desatada por el sistema de tobillera electrónica para el seguimiento de presos con prisión domiciliaria, que fue burlado por el principal imputado en la causa, Angel Fernández. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que “la situación de las pulseras tiene que ser analizada y revisada”, porque su uso “no fue concebido” para casos como el de Angel Fernández, condenado a 25 años de cárcel por delitos graves como robo agravado y violación. En el mismo sentido, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, declaró que los jueces tienen que “tener en claro que el interés y la seguridad pública también están en juego” y que la libertad controlada mediante tobilleras debe darse sólo por “razones humanitarias” a “embarazadas, ancianos o enfermos terminales”. Además, en la Legislatura bonaerense se presentó un pedido de juicio político al juez de San Martín Nicolás Schiavo, por haber permitido que Fernández gozara de prisión domiciliaria.

El juez Schiavo se defendió diciendo que si un año atrás, cuando le concedió la prisión domiciliaria, alguien le hubiera dicho que Fernández “iba a cometer este horrendo crimen, no lo hubiera liberado”. Schiavo defendió su decisión asegurando que siguió “la letra de la ley” y que no fue una decisión “arbitraria”. Sostuvo que en su momento “hubo un informe de la asistente social de la oficina pericial de San Martín, donde consta la gravísima situación de salud que padecía la esposa de Fernández y el estado de abandono de los chicos (hijos del matrimonio) porque nadie podía cuidarlos. La morigeración (de la prisión preventiva) era para que Fernández pudiera trabajar de herrero en la casa y mantener a la esposa”.

Según Schiavo, esa medida la tomó en una causa por la cual Fernández fue detenido en el año 2005, por tenencia ilegal de arma de guerra y cuando estaba con prisión preventiva. La morigeración de la medida cautelar fue adoptada el 16 de febrero de 2007. Al principio se había dicho que Fernández obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en la causa por la que fue condenado a 25 años de cárcel.

Fuentes del Ministerio de Justicia provincial, a requerimiento de PáginaI12, hicieron un repaso del prontuario de Angel Fernández. Detenido en el año 1990 (otra versión había señalado que estaba preso desde 1987), lo condenaron a 25 años de cárcel en 1998. La condena unificó tres causas en su contra, todas por robo agravado, en un caso por lesiones graves, en el segundo por portación de armas y en el tercero por violación.

En el 2002 se le dio la libertad condicional por esos delitos y en el 2005 volvió a caer preso, según el juez Schiavo por tenencia de arma de guerra (aunque en el Ministerio de Justicia dicen que fue por hurto calificado). Estaba con preventiva cuando le dieron la prisión domiciliaria. Lo que nadie confirmó es si en el 2005 ya había cumplido la pena –por el conteo de la ley del dos por uno– o si violó la libertad condicional. Esto último agravaría su situación y tornaría más polémica, todavía, la decisión del juez Schiavo.

Schiavo respondió a las críticas diciendo que había ordenado que Fernández fuera vigilado a través del monitoreo electrónico. Por eso aseguró que sobre él no puede recaer ninguna responsabilidad. “Es absurdo que se me atribuya a mí esta situación. No firmé esta resolución arbitrariamente, sino porque había un motivo humanitario fuerte”, insistió. De todas maneras ya se presentó en la Legislatura provincial un pedido de juicio político del legislador Guido Lorenzino, del Frente para la Victoria, que cuenta con el aval del gobierno bonaerense.

Lorenzino justificó el pedido al asegurar que en el caso “había más de un elemento como para evitar este tipo de beneficio a alguien de semejante peligrosidad y semejante riesgo para la sociedad”. Aclaró que a Schiavo “no se le imputa un delito sino una falta grave, pero esta persona no puede ser juez”. El gobierno provincial analizó los prontuarios, unos 3000, de 297 detenidos que cumplen prisión morigerada por el sistema de pulsera o tobillera electrónica. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, confirmó que durante el fin de semana se revisaron los casos de 296 presos. En uno de los casos, se comprobó que el detenido no estaba en su domicilio y en otros diez, se detectaron fallas en el funcionamiento de las tobilleras.

Por supuestas irregularidades en el caso de Angel Fernández, fue relevado un jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y “puesto a disposición de la Justicia porque en el informe técnico elevado a la Fiscalía insistió en que la pulsera (de Fernández) no había sido violada, cuando ya se sabía que hubo una manipulación”, anunció Casal.

“Estamos revisando cada legajo de los detenidos con tobilleras para enviarle a cada uno de los jueces nuestra sugerencia”, adelantó Casal. El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, coincidió en que el beneficio de la libertad controlada fue concebido sólo “para casos leves: señores mayores, mujeres en condiciones de embarazo o con chicos, y situaciones muy particulares, en delitos de menor cuantía, para quien no representa un peligro para la sociedad”.

Aníbal Fernández dijo que la situación de las pulseras debe ser “analizada y revisada” porque “tienen que tener todas las condiciones y garantías de seguridad para que no puedan ser quitadas y para que no puedan ser burladas”.