Por primera vez, el Estado nacional reconoció que negar el acceso al aborto no punible es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Tal como adelantó PáginaI12, lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco de la demanda que enfrenta por el caso de LMR, la adolescente con discapacidad mental de la localidad bonaerense de Guernica que dos años atrás tuvo que enfrentar un tortuoso camino judicial para reclamar la interrupción legal de un embarazo producto de un abuso sexual y que finalmente debió recurrir al circuito clandestino para que le realicen la intervención. Además de una reparación a LMR, las organizaciones de mujeres que llevaron el caso a Ginebra reclaman al Estado una serie de medidas para garantizar que “nunca más” se repitan las violaciones de este tipo a los derechos de las mujeres, entre ellas la reglamentación por ley de la atención de los abortos no punibles (ver aparte).

“Puede concluirse que existió una interferencia ilegítima” del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, “ya que la aplicación del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal”, el aborto “no requiere autorización judicial”, señala un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se presentó en el CDH.

El reconocimiento del Gobierno fue comunicado esta semana por el CDH a las ONG denunciantes y ayer lo dieron a conocer en momentos en que en la provincia de Mendoza la Justicia dilata desde hace casi dos semanas la resolución de otro pedido de aborto no punible, de una nena de 12 años, por cuya violación está detenido su padrastro (ver aparte).

“Si bien todavía el CDH de la ONU no ha emitido su dictamen acerca del caso LMR, la respuesta del Estado argentino significa un importante avance”, destacó ante PáginaI12 la abogada Edurne Cárdenas, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una de las entidades peticionantes, junto con el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario (Insgenar) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.

La demanda fue promovida el 25 de mayo de 2007. Y el caso fue admitido seis meses después, tal como informó oportunamente este diario. En su descargo, el Estado argentino reconoció la violación de los derechos a la salud, a la vida y a la intimidad de la jovencita. En su presentación, incluyó un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al que accedió este diario. Tras analizar los antecedentes del caso, la dependencia que encabeza Eduardo Luis Duhalde concluyó que “asiste razón a la peticionaria en cuanto se le habría impedido a la víctima acceder a la atención médica necesaria para realizar una práctica médica que no está prohibida por la legislación”. El Gobierno propuso al CDH abrir una instancia de diálogo con las organizaciones denunciantes para llegar a “una solución amistosa”.

El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. No prevé soluciones amistosas entre las partes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juicio seguirá su curso, pero igual está acordada para el 24 de septiembre una reunión en Cancillería con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, del gobierno bonaerense y de las tres ONG peticionantes para poder llegar a un acuerdo.

El dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos, en el que trabajó la directora de Asuntos Internacionales, Andrea Gualde, reconoce que haber obligado a LMR a recurrir al circuito clandestino para realizarse un aborto que la ley argentina permite conculcó su derecho a la salud y puso en riesgo su vida.

En la demanda se señala que la violación de los derechos de LMR no era un hecho aislado, sino que demostraba un patrón de violaciones. Además de un resarcimiento a la víctima, por los daños sufridos, “es necesario garantizar el ‘nunca más’ en la obstrucción al acceso a los abortos no punibles”, advirtió en diálogo con este diario Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.

Paradójicamente, en momentos en que el gobierno nacional reconoce que se violaron los derechos de una adolescente al impedirle que tuviera un aborto no punible en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza se repite un drama similar. “¿Por qué tenemos hoy en día otro caso parecido? Porque desde el Ministerio de Salud de la Nación no se están arbitrando las medidas para evitar que vuelvan a pasar”, observó Cárdenas, abogada de Cladem.

“El Estado debería estar dándole todas las garantías a la familia de la nena mendocina para proteger sus derechos, al enfrentar una situación traumática de por sí. En lugar de eso, la familia, como le ocurrió a la de LMR, tiene que estar luchando frente a instituciones que la revictimizan: hace dos semanas que está encerrada en un hospital, sin poder salir; su caso se ventila en los diarios del país cuando debería haberse resuelto en la intimidad, lo que agrava la situación de vulneración de derechos. Una vez más el ámbito judicial está interfiriendo”, señaló Estela Díaz, de Cladem, quien acompañó a LMR y a su familia durante los meses de 2006 que tuvieron que deambular por hospitales y tribunales para tratar de acceder al aborto legal. Con el aval de la Suprema Corte bonaerense y sin que ningún hospital de la provincia accediera a realizarle la práctica médica requerida, finalmente la adolescente fue atendida en una clínica privada, con el apoyo del movimiento de mujeres. “Hace dos años en Buenos Aires, hoy en Mendoza, la Justicia funciona como un obstáculo de la propia justicia”, reflexionó Cárdenas.