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Desde Tartagal

“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.

La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.

La Ley de Bosques, como se la llama en forma corriente (ver aparte), establece disposiciones que tienden a evitar el desmonte o a realizarlo, en todo caso, en forma racional. La realidad indica hoy que unas 60 familias wichís están siendo empujadas a dejar sus tierras. Ellos tienen su hábitat en diferentes parajes salteños de la más importante área forestal del continente, después de la Amazonia. Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque.

En El Traslado, Oscar y Carlos Frías relatan un presente desalentador. “Ese señor que nos vino a ver parece que no quiere vivir, quiere morir. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie, pero él se nos vino con un arma, un revólver calibre 38. Nos vino a amenazar diciendo que es el dueño de las tierras. Nosotros siempre vivimos acá y no nos queremos ir.” El que habla es Oscar, mientras Carlos guarda respetuoso silencio. El que amenazó dice ser el dueño de las tierras, que ahora han sido alambradas. Algunos caminos tienen inusuales tranqueras con candados. Los caminos pasan por encima de los lugares donde los wichís enterraron a sus muertos. Nadie podría imaginar una ruta atravesando el cementerio de la Recoleta o la Chacarita.

El señor del 38, además de amenazar, trabó el único molino que hay en el paraje y los wichís tienen que recorrer decenas de kilómetros para juntar un poco de agua. Eso, aunque estén de parto (ver aparte). Las comunidades visitadas, en el departamento salteño de San Martín, están cercadas por miles de hectáreas desmontadas. Los wichís viven en pequeñas “cortinas” forestales, conjuntos de árboles y vegetación que han quedado en pie sobre la tierra árida. Los antiguos dueños de la tierra han llevado su caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de insistir largamente ante las autoridades provinciales.

“Acá ha venido mucha gente, funcionarios y finqueros a decirnos de diferente manera que nos tenemos que ir. Nos hicieron firmar un acta acuerdo para desistir de un reclamo (posterior), pero no nos vamos a mover”, asegura, rodeado por los suyos y traductor mediante, el cacique de El Traslado, Roberto Sánchez. El homónimo de Sandro habla de pie, rodeado por sus hijos y vecinos, mientras las mujeres, reunidas en torno del fuego donde se calientan los pies y el agua, observan a prudente distancia. Todas visten polleras largas y coloridas. Sus pies están descalzos. Sánchez habla en voz muy baja, en idioma wichí. El traductor, vaya paradoja, es John (prefiere que le digan Juan) Palmer, un inglés doctorado en antropología que se vino a Salta en su época de estudiante. Ahora está casado con una wichí. Tienen tres hijos y viven en Tartagal.

Sánchez habla, sin ira ni rencor, sobre las continuas visitas de personas interesadas en finalizar “por las buenas o por las malas” un desmonte de 30 mil hectáreas. Para convencerlos de que dejen el lugar, les han ofrecido unas pocas hectáreas en un sector marginal. Ellos saben, por experiencia de años, que se trata de una zona inundable cuando llega la temporada de lluvias. Viene de lejos la polémica por la legitimidad de los “desmontes autorizados” por el ex gobernador Juan Carlos Romero, que los entregó a poderosos empresarios sojeros.

El problema lo heredó el actual gobernador Urtubey, que en los primeros tiempos designó en puestos clave a técnicos formados en la Universidad de Salta (UNSA), siempre a favor del medio ambiente. La autorización para el desmonte en El Traslado fue cancelada por la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que luego fue removida de su cargo. Voceros de la secretaría, ahora a cargo de Cristina Camardelli, le aseguraron a PáginaI12 que el desmonte acelerado “no es responsabilidad del actual gobierno, que heredó una situación compleja a la que está tratando de ordenar”. Camardelli se ha reunido con los representantes de la comunidad wichí, pero las soluciones que ellos demandan no aparecen. Ni siquiera ha dado frutos el planteo legal ante el Juzgado Federal de Orán, presentado en 2006, para que las tierras ancestrales sean demarcadas, a fin de impedir el avance de las topadoras.

La Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Inglesa Anglicana del Norte Argentino) hizo un trabajo según el cual la Secretaría de Política Ambiental convocó a 211 audiencias públicas desde 2004 a la fecha. De ese total, 195 fueron solicitudes de desmonte. De ellas, se autorizaron 191. De un total de 129.257 hectáreas destruidas en 2004 se llegó a las 435.399 del año pasado. La tendencia sigue sin ningún freno. “La ley aprobada el año pasado dice que hay que parar el desmonte, pero nadie nos da una respuesta positiva, ni siquiera la Justicia”, protesta Oscar Frías.

Ana González, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó a Salta para interceder por los wichís. Visitó las comunidades, realizó una gestión ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) y mantuvo un diálogo con autoridades de la policía de Salta, que entró en una comunidad sin tener orden judicial. “Las policías todavía actúan en consonancia con las empresas, eso es preocupante porque sólo deben hacerlo cuando la Justicia se los ordena”, le dijo González a la agencia Télam, una de cuyas cronistas había recibido denuncias por la presencia de uniformados en uno de los parajes.

John Palmer consideró muy grave la situación de los pobladores de El Escrito, que quedaron viviendo en una “cortina” forestal de 50 por cien metros de monte. “Ellos recién ahora toman contacto con el mundo externo. Cuando la empresa (que hizo el desmonte) mandó a alguien para el estudio socioambiental, las mujeres, asustadas, se fueron corriendo al monte. Por eso la empresa dice en el expediente que no hay indígenas en el lugar –precisa Palmer–. Eso demuestra la ceguera de los agroindustriales, que sólo ven posibilidades de ganancia y no la biodiversidad cultural preexistente. Cierran los ojos a todo lo que no coincide con su visión, enfocan nada más que un modelo de economía de producción.” Las empresas más importantes son Cresud S. A., Agrodesmontes S. A., Quebracho Colorado S.A, Inversora Juramento y Tierra Vasca S.A.

Juan Rodríguez ya pasó la barrera de los 80 años de vida y se enoja frente a la tranquera con candado: “No estoy conforme con el gobierno que vende los terrenos fiscales. Los que los compran se creen dueños de todo. Sin monte no tenemos vida. Ya no llevo flechas como antes, pero igual sigo siendo el dueño del monte y de acá no me voy”, asegura.