Con el voto unánime de los senadores del Frente Amplio, ayer se aprobó en Uruguay la histórica ley que despenaliza el aborto, aunque la amenaza de veto presidencial pone en riesgo su promulgación. “Se ha dado un paso muy importante, esta sanción es un hito: hace 70 años que tenemos una ley que criminaliza la interrupción voluntaria de embarazo, que es injusta y discriminatoria y que no sirvió para lo que fue planteada, es decir, para desestimular el aborto”, reflexionó en diálogo con PáginaI12 la senadora oficialista Mónica Xavier, una de las impulsoras y ferviente defensora de la iniciativa. El Frente Amplio pedirá a Tabaré Vázquez que desista del veto. El Poder Ejecutivo dispone de diez días para expresarse, en caso contrario la norma entrará en vigencia. Pero se espera que los activistas “pro vida” y la jerarquía católica den batalla para invalidarla: una alternativa en danza, si queda promulgada, es que junten firmas –necesitan 250 mil– para llamar a un referéndum para que sea la ciudadanía en forma directa la que opine sobre la ley.

La sanción fue sorpresiva. No estaba previsto el tratamiento de la iniciativa en la sesión de ayer. El proyecto fue aprobado una semana atrás por la Cámara de Diputados con una modificación en un artículo, por lo que debió regresar al Senado, que ya lo había votado en noviembre de 2007. Ayer el bloque oficialista constató que todos sus senadores presentes –entre titulares y suplentes– apoyaban la ley y planteó que se votara: impuso su decisión y consiguió la sanción por 17 votos contra 13.

La ley consagra el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. Y más allá de ese plazo, por razones de salud, malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina o peligro de la vida de la mujer. Pero la norma no se limita a despenalizar el aborto: se trata de una ley amplia de salud sexual y reproductiva, que fija las obligaciones del Estado en la materia y contempla la entrega de anticonceptivos, la educación sexual y la consejería pre y post aborto.

“Más allá de la despenalización del aborto, significa un marco integral de sostén para las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Salud”, señaló la senadora socialista Xavier. Margarita Percovich, otra integrante de la bancada oficialista y promotora de la ley, también celebró la aprobación: “Hay una mayor madurez del sistema político que de a poquito ha ido ganando terreno frente a las presiones culturales contrarias a esta ley, que va en mayor sintonía con lo que piensa la gente en este tema”, analizó Percovich en diálogo con PáginaI12.

Una reciente encuesta de la empresa Interconsult señala que el 57 por ciento de los uruguayos aprueba el aborto, 42 por ciento está en contra y uno por ciento dice no tener posición sobre el tema.

Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía y una de las líderes de la campaña por el derecho al aborto en el país vecino dijo que se trata de “un logro histórico tras el cual apelamos a transitar por el camino más democrático, ya que si bien existe la potestad constitucional del veto, no parece ser la forma más democrática de saldar un debate de tal magnitud”.

En Uruguay se practican alrededor de 30.000 abortos al año y las consecuencias de que se realice en malas condiciones sanitarias, por su clandestinidad, son la principal causa de muerte materna, como en la Argentina.

“La Ley de Salud Sexual y Reproductiva contiene elementos muy positivos que se deben rescatar, pero existen otros, con los que filosófica y biológicamente no estoy de acuerdo y por lo tanto serán vetados”, aseveró Vázquez hace un año. El veto puede ser levantado con tres quintos de los votos de cada cámara reunidos en Asamblea General. Pero parece complicado, aunque no imposible, que el Frente Amplio pueda conseguir las adhesiones necesarias en la Cámara de Diputados, donde la votación, el martes de la semana pasada, fue muy ajustada: 49 a 48.

Percovich precisó que en el marco del secretariado del Frente Amplio se planteó en los últimos días que el presidente de la coalición en el poder, Jorge Brovetto, pida en forma inminente una audiencia con Vázquez para plantearle que no vete la ley, como ha anunciado. El veto lo tiene que emitir con el apoyo de dos o más ministros de las áreas involucradas: en este caso, la de Salud, María Julia Muñoz, ya expresó que seguirá los pasos del primer mandatario; la de Educación, María Simón, ha expresado su apoyo a la despenalización, pero no se sabe qué hará si el presidente le pide la firma para rechazarla. El presidente se enfrenta a este dilema, de vetar una ley impulsada y defendida por la fuerza política que lo llevó al poder, cuando ya se lanzó la campaña interna electoral con vistas a los comicios nacionales que tendrán lugar en Uruguay el 25 de octubre próximo: el Frente Amplio aún no definió a su candidato, y no se descarta que Vázquez se presente para su reelección.

El aborto está criminalizado en Uruguay desde 1938: en los últimos veinte años se presentaron diversos proyectos para despenalizarlo pero no prosperaron: en 2004 fracasó en el Senado por un voto la sanción de una iniciativa que tenía media sanción de Diputados.

Si la ley quedara finalmente firme, Uruguay se convertiría en el primer país de Sudamérica y uno de los pocos del continente en consagrar el derecho de la mujer a decidir la interrupción de un embarazo. Pero quienes resisten la normativa tiene la posibilidad de juntar firmar –unas 250 mil– para llamar a un referéndum y que sea la ciudadanía la que decida finalmente si lo acepta o lo rechaza. El final en esta historia todavía es abierto.