El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la denuncia toma como uno de sus fundamentos la “emergencia sanitaria” del barrio cordobés Ituzaingó Anexo –saturado de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones–, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la Presidenta. “Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada”, advirtieron.

La denuncia encuadra legalmente el uso de agrotóxicos en la “modalidad agravada” del artículo 200 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de prisión”. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) cita la muerte de tres niños en Entre Ríos (caso conocido como “los primitos Portillo”) y puntualiza acusaciones de una decena de provincias.

“Se ha afectado de un modo inexorable la salud pública. Y ante la gravísima situación de contaminaciones masivas, se solicita se dicte la medida cautelar tendiente a suspender y/o limitar la venta y uso de agrotóxicos que afectan la vida de las personas”, destaca la presentación. Jorge Rulli, fundador del GRR, puso nombre y apellido al químico que apuntan: “El Roundup de Monsanto es una de las referencias obligadas de este modelo. De mínima, hay que cambiar de manera urgente la graduación toxicológica, aún hoy se lo considera inocuo, lo cual es un crimen”, afirmó. El Roundup es el nombre comercial del glifosato, un agroquímico pilar de la industria sojera. Sólo en la campaña 2007/2008, los campos argentinos fueron rociados con 168 millones de litros del agrotóxico.

La demanda también apunta contra los distintos eslabones del modelo agropecuario. “Es imprescindible que se investigue la eventual responsabilidad criminal de quienes producen los agroquímicos, y los funcionarios que han autorizado y liberado el uso de esas sustancias. Resulta imprescindible indagar en los ámbitos que han promovido el modelo y si estos actores han actuado con culpa o dolo”, reclaman a través de las seis carillas de la presentación, realizada el jueves 15 de enero y ampliada el lunes último, radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N8, a cargo de Jorge Alejandro Urso, y en la fiscalía N12, dirigida por Oscar Ricardo Amirante.

Los denunciantes solicitan que se determine la responsabilidad de lo que denominan “impulsores y/o sostenedores” de los agronegocios: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Secretaría de Agricultura. “Sería importante determinar en base a qué prueba científica se han basado las autoridades de aplicación para la aprobación de los agrotóxicos”, reclama y acusa: “Los graves hechos por los que se denuncia a los agroquímicos no hubieran sido posibles sin la participación de funcionarios estatales”.

También culpa a la Facultad de Agronomía de la UBA y el Conicet como los “ámbitos académicos, científicos y tecnológicos desde donde se ha impulsado este modelo criminal de producción agraria”. En cuanto a las empresas responsables, indica que “existen indicios graves, precisos y concordantes que indican que las corporaciones se han servido de publicidad mentirosa o engañosa para comercializar sus productos”.

Luego de una investigación de este diario, el miércoles 14 la Presidenta ordenó al Ministerio de Salud la creación de una comisión investigadora que se ocupe de las denuncias por contaminación y efectos sanitarios que existen en todas las zonas sojeras, con punto de inicio en el barrio Ituzaingó de Córdoba. El lunes último, el decreto 21/2009 le dio sustento administrativo.

El mismo lunes 15, la comisión llegó por sorpresa al barrio Ituzaingó y se reunió con las Madres. “Le remarcamos dos puntos: nuestro barrio es sólo uno de la gran cantidad que hay, que tienen que ocuparse de todos. Y, el segundo punto, que necesitamos urgente ayuda médica y, en casos concretos, también ayuda social para familias que han quedado postradas por el glifosato”, explicó Sofía Gatica, de la organización.

El caso testigo fue el de la familia Olariaga, que sufría permanentes fumigaciones. Yolanda, de 64 años, tiene dos tumores en la cabeza y sufre discapacidad motriz. Débora tiene 26 años, tres tumores en la cabeza y aún no pudieron operarla. Ezequiel Olariaga tiene 25 años y 22 tumores distribuidos en la cabeza y el estómago. Sufre sordera, producto de la enfermedad, y espera turno para ser tratado. “La salud de ellos tiene directa relación con las fumigaciones. Y eso destruyó sus posibilidades laborales. Desde Nación se comprometieron a ayudarlos”, explicó Gatica.

La reunión entre la comisión del Ministerio de Salud y las Madres de Ituzaingó se extendió por dos horas. También intervino la Secretaría de Salud local y se acordó realizar estudios ambientales y un relevamiento sanitario. Formó parte de la comitiva nacional el subsecretario de Prevención Sanitaria, Humberto Jure, un conocido del barrio. “El fue funcionario de salud provincial, sabía de nuestros reclamos y nunca nos escuchó. Queremos creer que no pasará lo mismo con esta comisión”, advirtieron las Madres de Ituzaingó.