“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.

Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.

“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.

La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.

“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.

La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.

El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.

En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.