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Completar la escuela primaria, capacitarse laboralmente y lograr un empleo remunerado son las principales condiciones que, a modo de sentencia, una jueza de menores impuso a un joven de 19 años, al que juzgó por varios delitos cometidos antes de cumplir la mayoría de edad. El joven deberá cumplir con esas pautas de conducta a lo largo de tres años para liberarse de la otra parte de la pena, tres años de prisión en suspenso, que le impuso la magistrada Gabriela Sansó, a cargo del Juzgado de Menores de 2ª instancia de Rosario, Santa Fe.

Más de cinco intentos de robo y hurto coleccionó el joven de 19 años juzgado bajo el tribunal que preside Sansó, desde que tenía 14 años, cuando comenzó un peregrinaje por comunidades terapéuticas, incluido el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario, para tratar su adicción a las drogas, y desarrolló desvaríos en su salud mental que reveló a través de un comportamiento agresivo tanto hacia los demás como para sí mismo. Al cumplir 18 años, y por “haber vulnerado sistemáticamente todas las reglas, generar conflictos y tener actitudes sumamente agresivas”, fue trasladado desde el IRAR hacia el Pabellón Juvenil del Servicio Penitenciario, donde permaneció hasta la sentencia de Sansó.

La magistrada basó su fallo en lo que considera el papel de la Justicia, no sólo ateniente a los menores, sino a los adultos también: “Recuperar y reinsertar al delincuente es una de las medidas eficaces para promover la seguridad ciudadana”. Sin embargo, remarcó que “la aplicación de la pena a los menores que cometieron delitos sólo se justifica por su absoluta necesidad. No se trata de mirar sólo la prevención general y sacrificar al adolescente por el mero objetivo de ejemplarizar a los demás”.

En ese sentido, desestimó el pedido de la Fiscalía que tuvo parte en el juicio, que solicitó una pena de cuatro años de prisión, aunque no dejó sin condena al acusado. Específicamente, la decisión de la jueza consistió en liberar al joven, pero aplicarle una condena de encierro en suspenso. Así, la sentencia contempla la necesidad de una pena ante la nula recuperación y pésima trayectoria a lo largo de todo el tratamiento tutelar, pero a la vez prioriza la recuperación del chico que delinquió, articulando un mecanismo distinto del encierro.

“Estimo adecuada la aplicación de una condena a tres años de prisión de ejecución condicional, con el sometimiento por igual plazo de condena a reglas de conducta, que serán estrictamente diagramadas y monitoreadas por la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria, y el auxiliar social del juzgado, no sólo para prevenir la comisión de nuevos delitos, sino además para poder efectivizar un seguimiento que permita al joven, en su temprana edad –aún adolescente–, asegurar su inclusión social y laboral, y lograr así la tan preciada recuperación”, reza el fallo.

La idea de la resolución es que el joven no sólo cumpla con una suerte de “penitencia” por lo cometido en años pasados, sino que también refuerce su capacidad de “aprendizaje y entrenamiento profesional, para su reinserción e incorporación a la vida social y laboralmente provechosa y activa”. Así, el sentenciado debe, en un plazo de tres años, encontrar un lugar fijo de residencia, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y asistir a la escuela primaria. También, capacitarse laboralmente y obtener un empleo remunerado, además de someterse al tratamiento médico y psicológico que los profesionales determinen, en caso de ser necesario.

Según lo determinado en el fallo, los resultados de la sentencia “dependen del joven. Si tiene voluntad de cambio, aprovechará las opciones que se le ofrecen o, en su caso, lo intentará por sí mismo”. Para esto cuenta con la posibilidad de recurrir a su defensora, a la asesora, a los organismos administrativos y cuantos organismos sociales le resulten útiles y necesarios. Si no logra cumplir con las pautas establecidas, deberá pasar una estadía de tres años tras las rejas.