El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.

Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.

Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.

“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–. ¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”

La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.