Martes, 26 de mayo de 2009 | Hoy
SOCIEDAD › LAS TINTORERíAS DE FAMILIAS JAPONESAS ACUSAN A MICHETTI DE HACER LOBBY PARA SU HERMANA
Los dueños de las tintorerías tradicionales sostienen que son perseguidos por los inspectores del gobierno porteño porque una hermana de la ex vicejefa es la presidenta de una cadena que les hace competencia. Sostienen que se votó una ley a medida.
Por Emilio Ruchansky
Los tintoreros de descendencia japonesa hablan de “persecución premeditada” y “deslealtad” por parte del gobierno macrista. Apuntan, sin rodeos, a un supuesto lobby hecho en la Legislatura por la presidenta de la empresa 5 à sec en Argentina y su hermana, Gabriela Michetti, ex vicejefa porteña y candidata del PRO a diputada por la ciudad. Ambas, insisten los tintoreros, impusieron la ley 1727 aprobada en 2005 y dos años después un anexo que recategorizó como “industrial” lo que siempre fue un comercio familiar. En el 2008 comenzaron las inspecciones y las multas, que llegan hasta los cincuenta mil pesos. Hoy a las 11.30 habrá un desayuno de trabajo entre Michetti y algunos tintoreros. Por esas horas, algunos comerciantes penarán por el Tribunal de Faltas Especiales para defender lo suyo. Ya cerraron más de 70 tintorerías tradicionales porteñas.
Las inspecciones fueron hechas entre septiembre y diciembre del año pasado y estuvieron a cargo de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad (APA). Hubo más de 250 negocios chicos multados. “Fue una cacería”, describió el abogado defensor de muchas tintorerías, Luis Iraha. El pasado 5 de mayo, este hombre presentó un proyecto de modificación del artículo 36 de la ley 1727, cuyos autores son los legisladores cercanos a Michetti Marcos Peña y Martín Borelli, y que obliga a los tintoreros tradicionales a cambiar antes de 2015 su maquinaria por “la de tercera generación” que usa, importa y vende justamente 5 à sec. Cuestan no menos de 100 mil pesos.
El proyecto de Iraha denuncia que la ley actual es “anticonstitucional” porque no da lugar a la “libertad de elección para la continuidad con el sistema actual de trabajo artesanal”. Y además, el propio texto aprobado en 2005 incurriría en una falsedad “en cuanto a las consecuencias que produce el uso de solvente Exxsol D40 en cuanto a la contaminación ambiental y su impacto”. La información consignada en la norma, respecto de las mediciones de toxicidad sobre este solvente, es que eran superiores al 0,1 por ciento en masa de compuestos aromáticos, por lo que sería peligroso para el medio ambiente.
“Pero los resultados reales correspondidos, otorgados por Esso petrolera argentina, cuyo análisis fue realizado el 17 de enero de 2009, confirmarían que el verdadero valor es de 0,01 por ciento, parámetro que indica su baja toxicidad”, destaca el texto de Iraha. Sin embargo, la supuesta toxicidad del solvente de las tintorerías tradicionales fue el principal motivo para imponer multas por parte de los agentes de APA. De hecho es imposible, por ley, que puedan conseguir el Certificado de Aptitud Ambiental que se les exige. Para ello, ya deberían tener las máquinas de tercera generación. “Eso es competencia desleal”, resaltó el abogado.
“Pusieron al solvente a base de hidrocarburos (como el Exxsol D40) y el percloroetileno en la misma bolsa”, le dijo a este diario un joven que trabajaba junto a sus suegros en una tintorería de la céntrica calle Viamonte, con más de 50 años en el rubro. El percloroetileno (o perc) es el químico utilizado por las máquinas de 5 à sec (ver aparte). Los vapores que genera son más pesados que el aire y quedan a 50 o 70 centímetros del piso. Uno de las argumentos en su defensa es que no es inflamable, como los solventes que usan los negocios tradicionales; sin embargo en caso de incendio el perc produce gases venenosos como el fosgeno, utilizado en la Primera Guerra Mundial para asfixiar a los soldados enemigos.
En septiembre pasado, mientras los tintorerías tradicionales eran controladas masivamente, desde el gremio que agrupa a esta actividad –y a la de sombrereros y lavaderos– denunciaron que se habían frenado las inspecciones laborales que realizaban junto a la Secretaría de Trabajo de la ciudad a la cadena 5 à sec. Lo dijo el propio titular del sindicato, Luis Pandolfi: “Es llamativo que la única cadena que nos impide ejercer la protección de nuestros trabajadores esté ligada a una de las máximas autoridades de la ciudad, porque fueron los mismos representantes del área laboral del gobierno de la ciudad quienes nos dijeron que las inspecciones se frenaban por orden de arriba”.
La cadena 5 à sec, de origen francés, ya tiene 46 locales en la ciudad de Buenos Aires y planean abrir más. En marzo pasado difundieron un comunicado: “Esta ley es un paso adelante en la modernización del sector –dijeron respecto de la norma–. Cualquier persona que haya viajado sabe que los niveles internacionales se inclinan por este tipo de servicios y no por los de las viejas tintorerías que son más contaminantes. Ellos protestan porque en verdad se están quedando sin clientes, ya que no pueden competir con nuestros precios y servicios”.
Silvina Michetti desvinculó del lobby a su hermana, entonces legisladora por el PRO, cuando se aprobó la polémica ley. Dijo que como “cualquier empresaria” recorrió los pasillos y se abrió las puertas solita para imponer la ley denunciada como monopólica. Hubo un pedido de informe al respecto hecho por el legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, y la entonces legisladora de izquierda Beatriz Baltroc le contó a Página/12 que “era sabido” que Gabriela Michetti había presionado para aprobar la norma, al igual que su hermana y otros representantes de la empresa.
En la comunidad japonesa hablan de “una bomba de tiempo”. El abogado Iraha cuenta que ha recorrido un largo camino hasta llegar al desayuno de trabajo con Gabriela Michetti, que a todo esto ya no es funcionaria de la administración macrista pero negocia en nombre del ejecutivo. Para rever las multas se reunieron con la Defensoría del Pueblo porteña, la Agencia de Protección Ambiental (APA), la licenciada Mabel Santoro, de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, y llegaron a la Unidad Administrativa de Faltas Especiales, donde les dijeron que debían resolver el tema en la APA.
“Si las cosas no cambian, por primera vez van a ver a la comunidad japonesa movilizarse masivamente para defender una fuente de trabajo, una actividad digna, saludable, que no perjudica al medioambiente ni al grupo familiar”, dice Iraha. Este abogado es hijo de tintoreros y pudo cursar la carrera y sus hermanos las suyas gracias al negocio de sus padres. Como él, asegura, hay miles de descendientes preocupados por la desaparición de las viejas tintorerías, una tradición tan japonesa como porteña.
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