Con sus coloridos atuendos típicos, veinte mujeres de distintas comunidades wichí y guaraníes del departamento salteño de San Martín llegaron a Buenos Aires para amplificar su reclamo “por territorio y contra los desmontes ilegales” de bosques nativos en serranías y en las márgenes del río Bermejo, en la localidad de Embarcación, a unos 500 kilómetros de la capital provincial. Ayer entregaron un petitorio en la Corte Suprema, y denunciaron que se está violando la suspensión de la tala ordenada por el máximo tribunal el 26 de marzo, en el marco de un recurso de amparo presentado por organizaciones indígenas. “Si no se frenan la explotación maderera y la depredación del medio ambiente, se corre el riesgo de que se produzca un desastre natural similar o peor que el alud que afectó a la ciudad de Tartagal” en febrero y que causó la muerte de dos mujeres, advirtió en diálogo con Página/12 la cacica Octorina Zamora, de la comunidad wichí Honat Le’Les (Hijos de la Tierra).

El reclamo de las mujeres aborígenes salteñas cuenta con el respaldo de docentes de la UBA, entre ellas la antropóloga Eugenia Morey, que trabaja en la zona. “La tala se ha intensificado en los últimos cuatro meses alrededor de la ruta 34, en el límite de las serranías, a orillas del río Bermejo, donde están actuando empresas madereras con la complicidad de las autoridades: es imposible no ver los camiones enormes que transportan los rollos de madera y están pasando por caminos vecinales, rutas provinciales y el río Bermejo”, describió Morey a este diario.

Ayer, fuentes del gobierno salteño negaron que exista tala clandestina en la provincia. Página/12 intentó comunicarse con el ministro de Ambiente de Salta, Julio Nazer, pero no logró ubicarlo.

Las veinte mujeres que ayer se manifestaron frente al Palacio de Tribunales pertenecen a 9 comunidades wichí y guaraníes: representan a unas 600 familias, que han sido corridas en los últimos años de sus tierras por el avance de los campos sojeros y la explotación maderera, explicó Morey. “No queremos ser el granero del mundo a costa de la vida de nuestros pueblos y la muerte de nuestros montes”, enfatizó Zamora.

El petitorio que entregaron en la Corte Suprema incluye, entre otros puntos, el reclamo para que se frenen la tala y los desmontes clandestinos en el departamento de San Martín, la recuperación de tierras y territorios que históricamente ocuparon las comunidades aborígenes, y el acceso a viviendas dignas.

El 29 de diciembre, el máximo tribunal de la Nación dispuso “el cese provisional de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007” y convocó a una audiencia pública para el 18 de febrero: entonces el ministro de Ambiente salteño defendió las autorizaciones para desmontes, mientras que los representantes de las comunidades alertaron sobre “la pérdida total de los bosques nativos en los próximos quince años”. La causa se inició a partir de un recurso de amparo presentado por 18 organizaciones indígenas contra la provincia de Salta y el Estado nacional, con relación con “un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones para desmonte en el último trimestre de 2007”, ante la inminente sanción de la Ley 26.331, de Protección de Bosques Nativos, que finalmente fue sancionada y se reglamentó en febrero último, tras el alud que sufrió la localidad de Tartagal.

En una medida posterior, el 26 de marzo la Corte ordenó “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en los cuatro departamentos, hasta tanto la provincia de Salta, en el plazo máximo de 90 días, realice un estudio de impacto ambiental, “en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” y en el que “se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”. Ese estudio, precisó el máximo tribunal, “deberá concentrarse en el impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte sobre el clima, el paisaje, el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes”. Según informó el gobierno salteño, ese estudio fue entregado la semana pasada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cargo de Homero Bibiloni. Consultada por este diario, Octorina Zamora negó que las comunidades aborígenes de Embarcación hayan participado en la elaboración del estudio de impacto ambiental.

Según el fallo de marzo de la Corte, en Salta “se otorgaron autorizaciones tomando en consideración el impacto ambiental de cada una, pero no se efectuó ningún estudio sobre el efecto acumulativo de todas las autorizaciones”, pese a que “la tala y desmonte de un millón de hectáreas tendrá un efecto que no se puede ignorar”. La sentencia aplicó por primera vez en la Argentina el “principio precautorio”, por el cual se actúa antes de que los daños se manifiesten. El fallo advirtió que “se configura una situación de daño grave porque podría cambiar todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras” con “un perjuicio irreversible”.