Algunas de las casi 700 hectáreas de la Isla de Marzi eran, hasta hace un año, el suelo que sostiene el hogar de alrededor de 60 personas que, a tan solo mil metros de los barrios náuticos más exclusivos de la zona Norte del conurbano, sobreviven de la siembra, cosecha y venta de madera; de la venta de juncos y abono para la tierra; y de la pesca. Sus ranchos, construidos con troncos, chapas y alambre, fueron destruidos y hasta algunos prendidos fuego. “Los del Colony Park arrasaron con todo. Hay ranchos que les echaron dos metros de tierra arriba”, relató Roberto Galloro, uno de los damnificados. Colony Park Isla Privada es un emprendimiento inmobiliario de construcción de un barrio cerrado en esa isla de la 1ª sección del Bajo Delta argentino y, si bien hay dos órdenes de suspensión de obra y un juicio penal en la Justicia Federal que recayeron sobre la empresa en los últimos meses, las construcciones iniciadas en septiembre de 2008 no cesan.

Juan Derganz vive en uno de los tres ranchos que quedaron en pie luego de la primera gran barrida, hace un año, y es uno de los pocos vecinos que se resiste a abandonar el lugar donde vive desde hace 22 años. “No se presentaron con buena onda. Vinieron, empezaron a trabajar en las zonas desocupadas y directamente comenzaron a sacar a la gente –apuntó–. Por lo general, cuando las familias tienen que ir al médico, a hacer trámites, o a comprar algo, las casas quedan solas. Y estos tipos aprovechan para romper todo. Yo me ausenté dos días. Cuando volví, el muelle estaba roto. Al techo de la casa flotante le pegaron con un palo; me chocaron el bote; me mataron un perro.”

Llegó en 1987 y se instaló donde el Canal de Vinculación se funde con el Arroyo Anguila. Solitario, Juan es uno de los cuatro vecinos que todavía resiste al atropello que, tal como aseguraron los vecinos a Página/12, viene de manos de la empresa que impulsa la construcción del barrio privado donde ellos viven. Se trata de un proyecto que promete, desde la página Web, ser “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino”, y de cuyo diseño participaron los estudios Robirosa Beccar Varela Pasinato arquitectos, Thays Paisajistas, Fish & Lakes, y Marina del Norte. A este diario le ha resultado imposible localizar a Adrián Gabriel Schwartz, quien figura como presidente de la empresa en la escritura de compra del terreno.

El resto de los vecinos es tan o más antiguo que Juan en el predio, como el caso de Roberto Gallardo y su esposa, Cristina, que se conocieron cuando eran muy chicos y jugaban entre los sauces álamos. De grandes, se cruzaban vuelta a vuelta en el río, cada uno ayudando a sus padres en la pesca. No quisieron abandonar la isla después de casados, hasta que en septiembre de 2008 los obligaron a mudarse con su hijo. “Habíamos ido a tierra porque mi esposa necesitaba ir al médico. Nos quedamos un día en lo de mi hijo y cuando volvimos no encontramos anda. Lo habían sacado todo y habían extendido tierra sobre donde estaba la casa. Enterraron los restos”, relató Roberto (ver aparte). Son seis los vecinos que denunciaron a la empresa por “destrucción de viviendas y bienes” ante las fiscalías 1, 2 y 3 de Pacheco, mientras que otras cuatro preveen hacerlo en estos días. No son las únicas acusaciones legales con las que carga la empresa desde que inició las obras, ya que desde junio de 2008, Enrique Ferreccio, abogado de las familias, la denunció penalmente ante el jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por “usurpación de tierras fiscales y aguas, daño ambiental colectivo y crimen de lesa humanidad”. Los responsables de la firma dilataron la comunicación con este diario hasta el cierre de esta edición.

Además recibió dos órdenes de paralización de obras por no contar con la aprobación de los estudios de impacto ambiental que está obligada a presentar y que nunca cumplió. Una corresponde al Juzgado Civil y Comercial 11 de San Isidro, y sigue vigente. La otra, fue emitida por la Secretaría de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tigre. Antonio Grandoni, responsable del área, confirmó la orden pero sostuvo que “el municipio ya cobró las multas correspondientes. El tema lo debe seguir el organismo provincial de Desarrollo Sustentable, que es quien tiene que evaluar el estudio de impacto”. Por lo pronto, la empresa cuenta con la prefactibilidad de uso, emitida tanto por el municipio de San Fernando como por el Ministerio de Planificación Federal “para trabajar en el dragado de los arroyos”, sostuvo Grandoni.

Es el dragado permanente que la empresa está llevando a cabo en el Arroyo Anguila –cuyo curso ya modificó no sólo en dirección sino también en el ancho de su cauce–, además de la elevación del nivel de superficie de la isla y el talado de árboles lo que preocupa no sólo a los isleños originarios sino a los habitantes de otras islas del Delta. “Todos nos consideramos afectados. Si destruyen el humedal, las consecuencias, no sólo para el Delta, sino para toda la provincia de Buenos Aires, serán terribles”, apuntó Jorge, miembro de la Asamblea Delta y Río de la Plata. Los mismos argumentos figuran en la denuncia por daño ambiental colectivo, elevada por Ferreccio y las familias. “Contaminan el agua superficial con barros basales, suben el nivel de la superficie, con lo cual el agua ya no va a poder pasar por acá y se replegará hacia las costas del continente. Y además, se perderá el filtro natural que es esta isla para el agua que viene contaminada”, apuntó Jorge.

El único representante de la empresa que accedió hablar con Página/12 es su ex apoderado: Alberto Urani. Aseguró que “la única familia que era habitante antigua de la isla era la Aguirre Castro, con la que la empresa llegó a un acuerdo. Le pagó 30 mil pesos y les dieron un terreno en otra isla, más materiales”. En tanto, el ex apoderado de Colony Park S.A., sostuvo que “todos los demás eran ocupantes de la isla, no propietarios. Gente que tenía un ranchito al que iba los fines de semana a pescar”.

Los vecinos confirmaron que en varios casos representantes de la empresa se acercaron para ofrecerles dinero, “pero aceptaron sólo tres”. La empresa, a través de Urani, ofreció a Juan Carlos Aguirre Castro la firma de un convenio de desalojo en el que el hombre “reconoce la titularidad dominial a favor de Colony Park S.A., comprometiéndose en este acto a la desocupación total y definitiva del inmueble”. La empresa le pagó 30 mil pesos y le cedió un terreno en otra isla. No obstante, la familia se arrepintió al poco tiempo y rompió con el acuerdo por tratarse de “lesión de los principios de buena fe, vulneración de la moral y las buenas costumbres y el menoscabo del ejercicio regular de los derechos”, según consta en el documento.

Ninguna de las personas despojadas de sus hogares o amenazadas de serlo cuenta con título de propiedad. No así Colony Park, que pagó 30 mil pesos por 360 hectáreas de la isla a la compañía uruguaya Better S.A., en septiembre de 1999. Hoy, cada lote del barrio privado, de media hectárea, vale 200 mil dólares. Sin embargo, los vecinos “son poseedores para la ley argentina” del espacio donde viven o vivían según sea el caso, explicó Ferreccio a Página/12. Porque llevaron a cabo lo que se llama “posesión veinteañal”, es decir “la posesión por más de 20 años del lugar en forma pública, pacífica e ininterrumpida”.

Entonces, “los vecinos están peleando judicialmente la posesión, un hecho que da derechos sin la necesidad de papeles que lo certifiquen. Tienen que demostrarlo mediante testigos frente al juez y, si lo logran, la posesión está probada, y esos derechos son más importantes que los que brinda la titularidad registral de Colony Park S.A. Ahora, están en manos del juez”, completó Ferreccio. Las pruebas serán aportadas en el marco de la causa por “falsedad ideológica” en la que se exige que “se declare nula a la Escritura Pública Nº 300”, donde figura la transacción entre Better S.A. y Colony Park S.A. “Existe falsedad ideológica porque son los isleños los que tienen la posesión. (...) La empresa Better SA habría comprado en base a una simple inversión y no tomó posesión material de las parcelas de la isla; y luego, la vende a Colony Park S.A. con los isleños que si la ocupan de muy antiguo”, se describe en la denuncia.

Jerónimo, Mario y Julio o “Julín” Gadea son tres hermanos que nacieron en el rancho de sus padres, que ahora es techo de Jerónimo. Cuando crecieron, Julín, se mudó a la orilla de enfrente. Mario hizo lo mismo y se fue a otra zona, arroyo adentro. “Fuimos con Jerónimo al continente a vender la pesca. Cuando volví, el rancho estaba incendiado”, dijo Julín. Todavía pueden verse los troncos quemados que sostenían su casa. Armó una nueva unos metros al costado, a pesar de los avisos “en tono extraño” de personal de Prefectura Naval. “Mientras yo levantaba el rancho me decían ‘El juicio está iniciado, así que no siga’. Yo no les di bola.”