Mujeres en todo el país se movilizarán hoy para reclamar la sanción de una ley que amplíe el acceso al aborto en el marco de la celebración del Día de Lucha por la Despenalización de esa práctica en Latinoamérica y el Caribe. “En el Congreso se están dando debates que son asignaturas pendientes de la democracia, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Gobierno anunció que impulsará la reforma política y una nueva ley de entidades financieras. Parte de esas deudas es el debate por la despenalización del aborto. Hay un crecimiento del consenso en la sociedad de que es un tema sobre el cual no se puede mirar para otro lado”, consideró Estela Díaz, integrante de Acción por los Derechos de las Mujeres. “El principal opositor es la Iglesia Católica”, señaló Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba, y exhortó a los legisladores a impulsar la discusión. Entre 2001 y 2008 se presentaron ante el Congreso un total de 45 proyectos, pero ninguno hasta ahora llegó al recinto.

A partir de las 17.30 organizaciones de mujeres, sociales, políticas y gremiales, que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito se reunirán en la Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso, donde la concentración está convocada para las 19.30. “El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos corresponde solamente a las mujeres, porque afecta nuestra salud integral y nuestro proyecto de vida. Nosotras parimos, nosotras decidimos”, será uno de los lemas de la movilización. La campaña es un frente de más de 240 organizaciones no gubernamentales de todo el país, cuyo slogan principal es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”.

Entre los proyectos que tienen estado parlamentario en el Congreso se destacan dos: el que elaboró la campaña, tras dos años de discusión interna, que fue presentado en 2008 con la firma de más de una veintena de diputados de distintas bancadas y que establece la despenalización dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y otro, que promovieron los kirchneristas Juliana Di Tulio, Juan Héctor Sylvestre Begnis y Nora César, presidentes respectivamente de las comisiones de Mujer, Salud y Legislación Penal, que estuvo a punto de obtener un dictamen favorable pero finalmente fue cajoneado por las autoridades del bloque a fin del año pasado, que no quisieron generar en ese momento un frente de confrontación con la jerarquía eclesiástica por este tema. Esta última iniciativa aclara los alcances del artículo 86 del Código Penal en relación con los abortos no punibles y define, a la vez, un protocolo de atención de los casos, para evitar su judicialización y otras trabas arbitrarias en los hospitales.

El reclamo por la apertura del debate legislativo que se escuchará hoy desde Plaza de Mayo al Congreso –y en otras plazas del país– se suma al que en los últimos días hicieron los ministros de la Corte Suprema, Carmen Argibay y Carlos Fayt. “A los legisladores que piensan que no hay una masa crítica que amerite esta discusión, les recuerdo que la línea telefónica que da información sobre aborto seguro recibe una llamada cada 30 minutos, de mujeres que desde La Quiaca hasta Ushuaia, sobrepasando un dilema ético, frente a un embarazo que no quieren, toman la decisión de abortar. Si ésa no es una masa crítica para impulsar un debate, no sé qué es una masa crítica”, opinó el obstetra y cirujano Fernando Giayetto, ex coordinador del área de salud sexual y reproductiva de la provincia de La Pampa, integrante de Mujeres por la Solidaridad, y asesor médico de la línea “Aborto, más información menos riesgo”, que funciona desde hace poco más de un mes a través del 011-156-664-7070, a partir de una iniciativa de una ONG. Díaz, Alanís y Giayetto participaron del IV Encuentro de PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), que finalizó ayer en Santa Rosa, donde se abordó la problemática del aborto, entre otros temas. La Red PAR, que integran más de cien periodistas de distintos puntos del país, se pronunció a favor de la apertura de la discusión en el Congreso sobre la despenalización del aborto (ver aparte). “Los sectores que se oponen a la legalización del aborto son casi los mismos que, con similares argumentos, lo hicieron frente a la ley de divorcio vincular, y a la más reciente discusión acerca de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Nos podemos preguntar entonces por qué esos temas sí se tratan, incluso con iniciativas del Ejecutivo. Seguramente no hay causas únicas, pero lo que no perdemos de vista es que en los otros temas están implicados tanto varones como mujeres; mientras que en el tema del aborto las principales afectadas son las mujeres. Nadie reconocerá esto de manera explícita; pero seguimos escuchando que ‘todavía no es el momento para este debate’; parece ser que cuando de ampliación de la democracia, de salud y justicia social se trata, hay un territorio resistente: el de los derechos sexuales de las mujeres. Así lleguemos las mujeres a los lugares máximos de decisión, la cultura patriarcal todavía sigue poniendo en el centro su agenda”, opinó Díaz, de ADEM e integrante de la campaña nacional.

Como en la mayoría de los países de América latina, el aborto en la Argentina está legalmente restringido. El Código Penal lo tipifica como un delito contra la vida y la persona y lo sanciona con prisión para quien lo efectúa y para la mujer que se lo causara o consintiera. El artículo 86 establece las siguientes causales de despenalización: 1) si el aborto “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”, 2) “si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para realizar el aborto”. Este artículo mantiene hoy su redacción original de 1921. En tribunales y hospitales suele hacerse una interpretación restrictiva que, por ejemplo, impide a todas las mujeres que sufren una violación y quedan embarazadas como consecuencia de esa relación forzada, acceder a un aborto. Se interpreta que ampara sólo a las mujeres discapacitadas. Es interesante señalar, que durante las dictaduras militares de Juan Carlos Onganía y la que se inauguró a partir de 1976, a raíz de los desacuerdos sobre el alcance de los permisos previstos, por decreto-ley se estableció con precisión la no punibilidad en cualquier caso de violación, como se recuerda en el Informe 2009 de Derechos Humanos en Argentina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “A casi noventa años de la redacción del artículo 86 del Código Penal, los abortos permitidos por esa norma continúan siendo inaccesibles para la mayoría de las mujeres en nuestro país”, denuncia el Informe.

Durante el último tramo de la gestión del ex ministro de Salud, Ginés González García, en el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, se elaboró la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Este documento provee un marco jurídico para que el equipo de salud se sienta respaldado en su práctica. Y en el caso de la violación, define que el aborto no será punible en ningún caso. La guía fue aprobada por la resolución Nº 887 del ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Cappiello, firmada el 20 de abril último. Es la primera provincia que la adopta como normativa.

La penalización del aborto ha demostrado amplia ineficacia: las mujeres no dejan de recurrir a esa práctica ante un embarazo no deseado, pero quedan expuestas a usar métodos inseguros, que pueden causarles la muerte o dejarlas con graves lesiones en su aparato reproductivo. Las estadísticas indican que se realizan en el país unos 500.000 abortos al año. En 2006 hubo al menos unas 68 mil internaciones hospitalarias por complicaciones de abortos y 93 muertes como consecuencia de procedimientos inseguros, de acuerdo con los registros oficiales. Hace más de veinte años las consecuencias de abortos inseguros son la principal causa de muertes de mujeres por gestación (mortalidad materna) en el país.