Representantes de la comunidad de Andalgalá, de Catamarca, acompañados por organismos de derechos humanos, intelectuales y legisladores, reclamaron ayer el juicio político del intendente de esa localidad para su destitución, la renuncia del ministro de Gobierno catamarqueño y la remoción del juez y la fiscal que autorizaron la violenta represión que tuvo lugar el 15 de febrero pasado. En aquella oportunidad, la comunidad había cortado el camino que permitía el acceso de los camiones para la preparación de la mina de Agua Rica. Ayer, en el Salón José Luis Cabezas, en el Anexo de Diputados, tuvo lugar el anuncio público de los reclamos.

“Esto no puede pasar inadvertido. Por eso vinimos a buscar apoyo porque no es sólo nuestra lucha, sino la de todos los argentinos. El derecho a la vida es primordial a cualquier otro”, sostuvo Aldo Flores, uno de los representantes de la población de Andagalá, durante la conferencia de prensa. Junto a él se encontraban el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Pino Solanas, las investigadoras Norma Giarracca y Maristella Svampa, y Arturo Flores, hermano de Aldo y también representante de la comunidad andalgalense.

Desde diciembre pasado, la asamblea vecinal Los Algarrobos mantenía cortado el camino vecinal que une Chaquiago con El Potrero, el único sendero que pueden recorrer los camiones para acceder al yacimiento de Agua Rica, en el nevado de Aconquija. Los primeros días de febrero, los vecinos de Andalgalá denunciaron a José Perea, el intendente, por amenazas. “Caiga quien caiga, el 25 de febrero las máquinas van a llegar al yacimiento”, había augurado Perea. El 15 de febrero, a las 17.30, los vecinos que cortaban el camino comprendieron en sus propios cuerpos que las amenazas de Perea no eran virtuales.

Unos días antes, el 12 de febrero, la fiscal Marta Graciela Nieva concurrió al lugar donde se realizaba el corte y ordenó que fuera levantado. El corte continuó. El lunes 15, Nieva, ahora con una orden del juez Rodolfo Cecenarro ordenó al grupo Kuntur de la policía catamarqueña que reprimiera. “Usaron balas, gases, golpes y perros”, recordó ayer Aldo Flores. Su hermano, Arturo, recordó que el día de la represión le tocó estar con su señora y su hija “resistiendo el avance de las máquinas. A mi hija la golpearon como a un animal. Nos trataron como delincuentes por defender la vida y nuestra dignidad. No puede ser que estos jueces, fiscales y políticos sigan, con toda la impunidad, ocupando esos lugares”. La idea es “demostrar a los jueces que cuando determinadas fuerzas represivas se meten con los movimientos sociales y con el pueblo la represión no tiene costo cero”, enfatizó Norma Giarracca, representante de la organización Voces de Alerta.

Ayer, los reclamos se concentraron en la destitución mediante juicio político del intendente andagalense, José Perea, “por amenaza de muerte a los pobladores y complicidad en la represión”. El pedido será presentado ante el Concejo Deliberante de ese departamento, según informó Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

Además, se exigió el inicio del proceso de remoción a la fiscal Nieva, que ordenó la represión, y a quien la autorizó, el juez supuestamente de Garantías Rodolfo Cecenarro. Ambos informes serán presentados en el Tribunal de Enjuiciamento de la provincia. Por último, se exige ante la Cámara de Diputados el inicio del juicio político al ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Luis Oscar Javier Silva, que tiene a su cargo la policía provincial, especialmente el grupo especial Kuntur.

“Hasta hace muy poco tiempo estábamos muy solos”, aseguró Aldo Flores, representante de Autoconvocados por la Vida de Andalgalá - Asamblea el Algarrobo, en referencia a la lucha que hace años lleva la población de ese departamento para frenar megaemprendimientos mineros a cielo abierto. Primero fue La Alumbrera y ahora “nos quieren imponer la muerte”, el proyecto de la empresa minera Agua Rica que pretende operar a 17 kilómetros de Andagalá, “pese a que el Código de Minería expresa que esas iniciativas deben estar a cien kilómetros del pueblo”, expresó Aldo. Por ello, explicó que los pobladores decidieron ir al pie del algarrobo, “símbolo de vida”, para reclamar por los derechos fundamentales que “las grandes empresas quieren arrebatar”: la vida, el agua, el aire y un ambiente sano. Y recordó que fue presentado un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para que se prohíba definitivamente la minería a cielo abierto.

Andalgalá no es un ejemplo asilado. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se unió al reclamo y sostuvo que “estos modelos productivos de extracción y contaminación suceden en todo el país y en muchos lugares de América latina. Muchos países del mundo que tienen agotados sus recursos, como el del agua, vienen por Latinoamérica, para arrasar con todo. Es sumamente necesario y urgente que se elaboren nuevas leyes de minería para evitar el saqueo”. En el mismo sentido, Maristella Svampa, de Voces de Alerta, informó que “el levantamiento de Andalgalá significó un ‘no’ a este tipo de modelo de explotación que involucra en forma directa a 12 provincias. Se hizo oír la lucha de sectores invisibilizados, como también lo son los campesinos y los pueblos originarios”. Además, destacó la importancia de que el Concejo Deliberante haya aprobado “un plebiscito vinculante”, a través del que el 25 de mayo los habitantes expresarán si están de acuerdo o no con el emprendimiento minero de Agua Rica. Participaron también los diputados Fernando “Pino” Solanas, Jorge Cardelli y Cecilia Merchán, entre otros.

Informe: Rocío Ilama.