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Luis Alberto Magnanini era hasta el año pasado uno de los profesores más buscados en los pasillos de Ciudad Universitaria. Solía dar clases particulares de matemática a quienes se preparaban para uno de los exámenes más frecuentes en el acceso a las carreras de grado. En esa circunstancia, un día se contactó con Gustavo Andrés García Sánchez, uno de los alumnos conflictuados con la materia: había intentado darla en total ocho veces, en cinco tuvo reprobado y en otras tres, ausente. Ahora, Magnanini y Gustavo García están imputados por falsificación de documento público. La Sala II de la Cámara Federal acaba de confirmar el procesamiento y en los próximos meses serán convocados al juicio oral, uno en grado de autor, el otro como partícipe necesario. Cuando ese momento llegue, profesor y alumno deberán recordar, paso a paso, lo que sucedió aquel día, en febrero de 2001, en una de las aulas de la facultad cuando el alumno le entregó al profesor su documento y el profesor se sentó a dar el examen en lugar del alumno.
La causa lleva el número 23115/01. Comenzó el 21 de febrero de 2001, el día del examen convocado por la cátedra de matemática del CBC, en la sede de Ciudad Universitaria. En el aula estaba sentado Luis Magnanini preparado como el resto de los alumnos para hacer la etapa escrita de la prueba, una de las dos instancias de la evaluación que incluía un oral al día siguiente.
Cuando los docentes tomaron lista, Magnanini se presentó con el nombre de Gustavo García Sánchez. Llevó un documento con su foto pegada sobre la del original y todo hubiese quedado ahí si el sector académico de la universidad no hubiese estado sobreaviso. Magnanini tenía antecedentes, no con este caso sino con uno anterior.
En diciembre del año 2000, el profesor-alumno se había presentado en la misma sede universitaria y frente al mismo examen a rendir matemáticas en nombre de otro alumno. Esa vez el beneficiado era José Luis Romeo, otro de los estudiantes del CBC angustiados por la matemática. Aquel día, a una de las docentes a cargo de la comisión le sorprendió la edad del supuesto estudiante. Cuando Cecilia Braghini revisó los documentos, constató que existía una diferencia de edad importante entre la citada en los papeles y la que evidenciaba la persona que tenía delante. Por eso, separó a Magnanini del resto de los estudiantes, le comentó el caso y cuando quiso hacer algo más, se dio cuenta de que era tarde. Aquel hombre no terminó su examen, ni volvió a la facultad hasta meses más tarde.
Cuando lo hizo era 21 de febrero. Cecilia Braghini otra vez estaba al frente del aula. Magnanini no sabía que los docentes ya estaban prevenidos. Mientras rendía el examen escrito, su documento desapareció del aula y por algunos minutos quedó detenido en el despacho de Eduardo Laplagne, secretario académico del CBC. En ese espacio, quienes estaban ahí, estudiaron paso a paso lo que más tarde se definiría como falsificación de documentos. El DNI de Magnanini tenía el nombre de otro alumno mucho más chico que él, una foto debajo de la suya y un error en las huellas digitales que habían quedado ocultas en el operativo reemplazo. Laplagne llamó entonces a la comisaría 51ª para hacer la denuncia y pidió que lo detuvieran antes de que terminase la hora del examen. “Me dijeron que no podían –cuenta ahora–, que necesitaban la autorización judicial para llevarse a esta persona”.
La autorización judicial la dio el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Al otro día, uno de sus secretarios de su juzgado se comunicó con el secretario académico del CBC para advertirle que la detención se haría, pero fuera de las aulas. Ese día era 22 de febrero. Magnanini volvía a la facultad convencido de que sólo rendiría su examen oral, la segunda etapa de la prueba. Cuando llegó, Laplagne fue a recogerlo. Con una excusa lo sacó del aula y se lo llevó hasta el estacionamiento. Cuando se detuvo ahí, se lo llevó la policía. En ese momento, los profesores estaban convencidos de que aquello no era un caso aislado y de que aquel hombre de unos 38 años hacía negocios con este tipo de actos solidarios. “Estoy seguro –dice Laplagna– de que se calculaba hasta los errores.” Para todos, era la segunda vez que Magnanini se ponía en lugar de los alumnos, pero no sabían cuánto dinero les pedía, desde hacía cuánto que lo hacía y si esto era un caso aislado o una moda instalada entre los universitarios.
Desde aquel momento la causa pasó por el juzgado de Canicoba Corral y entró más tarde a la sala I de la Cámara de Apelaciones donde estuvo detenida hasta ahora. Para la justicia de primera instancia, los dos, profesor y alumno, son autores de un caso que se considera delito federal. Magnanini está imputado como autor en primer grado de falsificación de documento público pero no está detenido porque el delito es excarcelable.
El caso de García Sánchez es más complicado. Cuando se descubrió la estafa, el chico intentó fugarse del país. Cruzó varias fronteras internas como polizón hasta que la policía lo alcanzó en el aeropuesto de Misiones cuando estaba a punto de escaparse. Poco después, su abogado pidió el sobreseimiento ante la Cámara, pero la sala I revocó el pedido: “García Sánchez –dice la resolución– demostró su colaboración activa en el delito que se investiga aportando el instrumento material sin el cual el delito no podría haberse cometido”. Con este criterio, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Raúl Vigliani firmaron el procesamiento y, en tanto, el paso hacia el juicio oral.