Nuevos indicios dan cuenta de que en terrenos de la localidad de Dique Luján, partido de Tigre, donde se proyecta construir un emprendimiento privado, existe un yacimiento arqueológico con vestigios de civilizaciones precolombinas. Ese lugar forma parte del sitio arqueológico Punta Canal, al que vecinos y representantes de comunidades originarias intentan resguardar de los avances de un megaemprendimiento inmobiliario. Hace quince días, en ese predio apareció un resto fósil de cráneo humano, según confirmaron investigadores del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, de la UBA. Esa pieza significa para los vecinos un nuevo elemento para reclamar la protección del patrimonio cultural y medioambiental del lugar, donde aún existiría un yacimiento arqueológico. En medio de esta disputa hizo su aparición la Defensoría del Pueblo de la Nación, que investiga la situación de esas tierras a través de pedidos de informe a los distintos organismos intervinientes. Los primeros en dar explicaciones serán el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), del Conicet y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Tal como lo informó Página/12 en marzo, desde el 19 de febrero último los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, integrado por vecinos y comunidades indígenas, acampan sobre la calle Brasil a metros del sitio arqueológico Punta Canal, que fue cercado por la empresa inmobiliaria Eidico con la intención de construir “un campo de equitación para los chicos de una escuela” de uno de los once barrios privados que tiene en la zona del Delta, comentó Graciela Satalic, una vecina de la zona. Ese sitio se encuentra dentro de las dos hectáreas que reclaman los vecinos y de las que Eidico tiene el boleto de compraventa, aunque todavía no cuenta con la escritura, según reconocieron desde la compañía.

Sin embargo, la lucha no se limita a esas dos hectáreas, sino que los vecinos denuncian irregularidades en la transferencia de tres kilómetros de un antiguo terraplén ferroviario por parte de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF). Debido a ese pase a manos privadas –a Eidico–, las tierras fueron levantadas para hacer la ampliación del Canal Villanueva y continuar con la construcción de barrios cerrados. Como consecuencia, “el yacimiento arqueológico Garín (donde ya se construyó otro emprendimiento) y parte de Punta Canal fueron destruidos”, afirmó Satalic.

El grupo en Defensa de la Pacha exige que al menos esas dos hectáreas, donde queda parte de Punta Canal, continúen siendo tierras públicas y que se preserven los recursos naturales y culturales del lugar. Los arqueólogos del Inapl hicieron la excavación en ese sitio en diciembre de 2008 y de ella retiraron 120 mil piezas y fragmentos. De esta forma, los especialistas aseguraron que ya no quedaba más nada de ese yacimiento, pero los vecinos afirman que siguen apareciendo restos.

A mediados de abril, encontraron un fragmento de material que decidieron mandar a analizar al Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, de la UBA. El “estudio morfológico y macroscópico” que realizó la jefa del Area de Antropología Biológica del museo, Claudia Aranda, determinó que la pieza, “que habría sido recuperada de las inmediaciones del sitio”, pertenece a “un fragmento de bóveda craneana humana correspondiente al hueso parietal”, indica el informe firmado por Aranda. Además, precisa que “se constató que pertenece a un individuo adulto” y que por “su coloración amarronada oscura, sin evidencias de meteorización, indicaría una exposición muy breve en la superficie”. La antropóloga explicó a este diario que para obtener datos más exactos, como por ejemplo la edad de muerte o el sexo del individuo al que pertenece ese fragmento, “se requieren estudios más específicos”. Y en relación con la disputa, Aranda consideró: “Imagino que a partir de este hallazgo los arqueólogos responsables deberán realizar nuevos estudios y dialogar con la comunidad”.

Sobre la revelación de nuevos restos en la superficie, Daniel Loponte, uno de los arqueólogos del Inapl que dirigió la primera excavación en Punta Canal, sostuvo que “los fragmentos encontrados ahora pueden ser una redepositación de cuando se rompió el yacimiento para la apertura del canal”. No obstante, aclaró que “para confirmar esos restos redepositados se necesita hacer un nuevo trabajo en el lugar, que se realizará en los próximos días”. Además señaló que “con este nuevo sondeo se recolectarán todas las piezas que estén sobre la superficie, para darles mayor tranquilidad a los vecinos”.

“No queremos que se vuelva a hacer el mismo trabajo anterior, de retirar lo mucho o poco que queda y que se vuelva a liberar el terreno. No queremos que se extraigan los restos, sino que se preserve el sitio”, enfatizó Graciela.

Justamente el Inapl, organismo encargado de velar por la ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (25.743), es uno de los dos primeros destinatarios de los pedidos de informes que solicitó la Defensoría del Pueblo de la Nación para su investigación. El otro es el Instituto Cultural de Buenos Aires. Los informes buscan obtener información sobre “la existencia de sitios arqueológicos –en la zona del delta del río Paraná, desde Zárate hasta San Fernando–, la magnitud de esos yacimientos y el grado de preservación de los mismos”, informó el director de derechos sociales de la Defensoría, Horacio Esber.

“La investigación recién empieza y, más allá de la existencia de un sitio, también indagaremos sobre el impacto ambiental de estos emprendimientos sobre una zona en donde la crecida de barrios privados no era habitual”, resaltó Esber. Después de estos primeros pasos, el representante de la Defensoría afirmó que van a requerir informes de todos aquellos organismos que tienen alguna incidencia en el tema, “como la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Municipalidad de Tigre”.

Además, diputados nacionales y concejales del partido de Tigre trabajan junto con los vecinos para hacer llegar el reclamo a las autoridades. Por ejemplo, los diputados Horacio Piemonte y Elsa Quiroz presentaron un pedido de informes a la Cámara de Diputados sobre el proceder del Inapl, en el que hacen referencia, además, a que la financiación de la excavación que realizó el Instituto hace dos años provenía de la empresa Eidico, interesada en el predio para la ampliación de sus proyectos.

Informe: Rocío Ilama.