Distintas organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se agruparon ayer frente a la sede del Ministerio de Salud y entregaron un documento a funcionarios de esa cartera en reclamo de la firma del titular de esa cartera, Juan Manzur, para otorgar el carácter de resolución a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Este protocolo, que existe desde 2007, fue actualizado este año y se encuentra vigente, aunque sin el carácter de resolución ministerial. “Es necesario que desde el ministerio se dé el aval y el apoyo para que los efectores de salud se sientan amparados por una política clara, y así se garantice en todo el país lo que establece el artículo 86 del Código Penal” para los casos en los que el aborto está permitido, sintetizó a Página/12 Florencia López, miembro de la Campaña. La respuesta del ministro Manzur llegó desde San Juan, donde participaba en un acto junto al gobernador: allí se manifestó “en contra” del aborto y ratificó que fue “un error” la publicación como resolución de la actualización de la guía.

Tal como lo informó la semana pasada Página/12, la polémica se desató cuando el miércoles 21 de julio Manzur afirmó que “no existe una resolución” del ministerio sobre la guía. Un día antes el protocolo había sido colgado en la página de la cartera de Salud y en su portada se incluía: “Los procedimientos previstos por esta Guía son de aplicación establecida por Resolución Ministerial N0 1184 del 12 de julio de 2010”. Además, el 13 de julio, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Lidia Mondelo, presentó ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) esta guía, supuestamente aprobada por resolución ministerial, como un avance del ejecutivo”, recordó ayer Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos, organización que integra la Campaña desde sus inicios.

El desconcierto del primer momento, por lo que fue supuestamente avalado en un principio y posteriormente desmentido, se convirtió en desilusión y reclamo. “La firma de la resolución ministerial es una apoyatura institucional muy importante”, señaló Schvartzman. Además, otorga alcance nacional a la aplicación de la guía y da fuerza para garantizar “el acceso a esta prestación a las mujeres cuya única cobertura es el servicio público de salud”, dice el documento presentado ayer en el ministerio. Este protocolo para los casos de abortos permitidos “viene a hacer efectivo lo que ya está estipulado por el Código Penal”, desde 1921, explicó una vez más la militante. En el artículo 86 del Código se permite la interrupción del embarazo en casos que peligre la vida o la salud de la mujer, por un embarazo producto de una violación y en caso de embarazo producto de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

“La guía estipula los pasos técnicos, legales y médicos para la implementación del artículo 86. Es una apoyatura importantísima para que los médicos se sientan respaldados” en su proceder, afirmó Schvartzman. También, explicó que este protocolo “existe desde 2007 y que este año se hicieron modificaciones. Ahora, lo que tiene que hacer el ministerio es imprimirla, distribuirla en todos los hospitales públicos del país y monitorear su cumplimiento”. A esos argumentos, López agregó: “En las provincias donde la guía cuenta con el aval de los ministerios de salud provinciales, por ejemplo en Chubut, Santa Fe y Buenos Aires, los casos de abortos no punibles son efectivizados mucho más rápido”.

La lluvia postergó para el próximo lunes a las 12, frente a la sede del ministerio, en la Avenida 9 de julio y Moreno, una muestra fotográfica y la intervención urbana con zapatos de las 100 mujeres fallecidas este año por abortos clandestinos. Sin embargo, la tormenta no aguó el objetivo de alcanzar los argumentos sobre la importancia del apoyo del ministerio, documento que fue entregado al subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto, indicó Schvartzman.

Ante las declaraciones de Manzur, la militante aclaró que “los criterios personales de un funcionario no deben intervenir en las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que los abortos son una realidad y se debe impedir que las mujeres mueran producto de los abortos clandestinos”. Según el documento presentado por la Campaña, “en Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino”.

Informe: Rocío Ilama.