La seccional 49ª de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Urquiza, funcionaba –hacia fines del año pasado– como un “polirrubro” de la corrupción. Por eso fueron procesados nueve miembros de la cúpula, entre ellos el jefe de la comisaría, Juan Antonio Carranza. Los nueve fueron pasados a disponibilidad en su momento, pero ahora, la Sala IV de la Cámara del Crimen ordenó que se los detenga bajo cargos graves como “asociación ilícita” en concurso real con “cohecho reiterado” (coimas), en algunos casos comprobados en hasta 35 hechos. Los delitos que fundamentan el fallo son por “protección” a comercios en la suma de 3500 pesos cada uno, en forma periódica, que ingresaban a la caja del comisario; el cobro de coimas a taxistas para que accedieran a la parada de un shopping muy concurrido de Parque Saavedra; la existencia de “áreas liberadas” para ladrones a los que se garantizaba la impunidad en algún caso a cambio de un buen par de anteojos oscuros, o habilitaciones “truchas” a vendedores ambulantes a los que los policías advertían cada vez que se observaba en el horizonte la llegada de un inspector municipal.

La orden para que se produzcan las detenciones fue recibida ayer por la mañana por el juez de instrucción porteño Carlos Bruniard y anoche, siete de los involucrados se habían entregado, acompañados por sus abogados, ante la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal. Ahora están a disposición del juez Bruniard. Fuentes policiales dijeron que “era inminente” la detención de los otros dos procesados con pedido de captura. La causa se inició, el año pasado, a partir de una denuncia presentada por un suboficial y dos agentes que cumplían funciones en la seccional 49ª.

Además del comisario Carranza, la orden de arresto corre para los policías Fernando Daniel Echagüe, Horacio Ricardo Ponce, Jorge Andrés Altuna, Luis Alberto González, Gabriel Sebastián Bellusci, Cristian Omar Ochoa, Carlos Alberto Marcos y Cristian Néstor Pavón. Todos pertenecían al plantel estable de la seccional, ubicada en Machain 3045, de Villa Urquiza, con excepción de Altuna, que estaba retirado y había sido convocado por Carranza a prestar servicios para él, y Pavón, quien era jefe de servicio de la Circunscripción VII de la Federal, en cuya jurisdicción se encuentra la comisaría 49ª.

En la investigación se comprobó que la “asociación ilícita” encabezada por Carranza cobraba “protección” a los dueños de unos veinte comercios de la zona. Era una “tarea irregular” por la cual los comerciantes “abonaban periódicamente sumas dinerarias que eran retiradas por Altuna”. Un cabo primero, testigo en la causa, dijo que los comerciantes pagaban por vigilancia “para no tener problemas” dado que “en caso contrario eran víctimas de robos sucesivos”.

Las escuchas telefónicas pudieron determinar, además, que Ochoa, González y Bellusci mantenían contactos con vendedores ambulantes, entre ellos uno identificado como Bigote, a quien los policías le indicaban “en qué lugares podía, y en cuáles no, instalar puestos callejeros de venta de discos compactos y películas”. Incluso le señalaban “los momentos en que debía levantar sus pertenencias para evitar controles municipales”. Una agente policial, que declaró en la causa, relató que aunque su misión era la de custodiar una fiscalía, su superior, Carranza, le ordenó dejar el puesto para ir a custodiar un depósito de aceitunas. La testigo dijo que cuando llegó al lugar “el propietario (del local) le reclamó que permaneciera allí porque para eso pagaban 3500 pesos al comisario”. También se constató “la recepción de dinero por personal de la brigada para autorizar a los taxistas a detenerse en la parada” de un shopping de la zona. Del mismo modo se constató el pago de coimas para que un vendedor ambulante instalara “un puesto callejero de embutidos y afines”.

Otro “negocio” que manejaban los policías era el cobro de estacionamiento en algunos predios cercanos a supermercados y shoppings de la zona. En este caso, los que pagaban eran personas a los cuales los policías les daban la posibilidad de pedirles dinero a los automovilistas, a cambio de dejarlos estacionar en lugares públicos. Las escuchas también permitieron demostrar que los agentes “liberaban zona” y daban “protección policial” a delincuentes que robaban en supermercados y negocios.

Una mujer a la que llamaban Estela o Tula, previo al ingreso a un shopping, “pactó con González que si era descubierta éste evitaría que la detuvieran, para cuya eventualidad el aludido efectivamente se constituyó en dicho centro comercial”. La mujer, a cambio del favor, “habría entregado a González unos lentes ahumados que había sustraído para el comisario Carranza, previo a preguntarle acerca de los gustos de su jefe en relación con ese producto comercial”.

Otro hecho irregular que se constató fue “la liberación indebida de una persona aprehendida por registrar pedido de captura”. Se dijo en el fallo que ordenó la detención de los nueve policías que fue acreditado ese hecho “aun cuando se desconozca (todavía) la identidad del sujeto” que hoy debería estar preso. Los policías lo dejaron ir “a cambio de una dádiva”. El policía Pavón hizo el trato con el abogado del hombre que fue dejado en libertad en forma indebida. El dinero que le sacaron al delincuente se lo repartieron entre Pavón, Carranza y el abogado.