Jueves, 7 de octubre de 2010 | Hoy
SOCIEDAD › OPINIóN
Por Adriana Puiggrós *
La media sanción del Senado al proyecto de ley que crea el Servicio Cívico Voluntario es un verdadero disparate y no coincide con ninguna teoría pedagógica, excepto que “la letra con sangre entra”, agravado porque en este caso no se piensa en la letra y lo de la sangre es altamente inoportuno en nuestro país, que aún recuerda a los jóvenes que recibieron su dosis de reeducación desapareciendo en los campos de la dictadura.
En esta época en que las cuestiones relativas a la comunicación ocupan un lugar destacado en los frentes donde se lucha por el poder, la apropiación de palabras es una modalidad que ha resultado muy efectiva, en especial para una nueva derecha que desborda de cinismo. Las reformas neoliberales fueron hechas en nombre de la desburocratización, la descentralización, la distribución y otras tantas acciones que se colocaron en la serie de la democracia, pues era obligatorio declarar a las propuestas antidictatoriales y antiautoritarias para que se consideraran políticamente correctas. La operación perfecta consiste en la apropiación de un término que tiene connotaciones reivindicativas produciendo su vaciamiento, lo que no es un inocente juego lingüístico, porque los juegos lingüísticos son actos de ejercicio del poder. Así ocurre con la palabra “inclusión”, hoy de moda. Hace dos siglos, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, sostuvo que el sistema escolar latinoamericano debía construirse a partir de los pobres, los desarrapados, los negros, los indios. Ellos serían el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le otorgaría sentido. (Si hubiera vivido en la Argentina del siglo XXI seguramente habría agregado a la lista a los chicos de 14 a 18 años sin trabajo ni estudio.) Los agregados, los incluidos en segundo lugar de importancia, serían los otros, los hijos de los ricos. En cambio, los autores del proyecto de Servicio Social Voluntario piensan de manera inversa al educador venezolano. Representan al sector que ha estado siempre en contra de la educación pública y a favor de un sistema meritocrático privado. Sus propuestas no nacieron con el neoliberalismo, sino que acompañaron a todos los gobiernos antidemocráticos y dictatoriales, pero el proyecto educativo neoliberal los alentó y actualizó. Su gesto más genuino es racista. Consideran que primero debe educarse a los mejores, en quienes se invertirán los mayores recursos. Luego se irá construyendo la pirámide hacia abajo pero, dicen, necesariamente los pobres, negros, desarrapados, que llegaron a tal situación producto de la crisis, o, la verdad, porque carecieron de capacidad, qué le vamos a hacer, ahora ya son drogadictos, delincuentes, pero lamentablemente no se puede poner a todos preventivamente presos o en reformatorios o hacer con ellos justicia por mano propia, dado que estamos en democracia y no hay más remedio que incluir a todos, en nombre de la inclusión hay que darles el lugar que merecen, y que merecemos que tengan, lejos de nuestros hijos y de nuestros bienes, por eso los mandamos a los “cuarteles”, para que los eduquen, los hagan personas de bien. En el oscuro fondo del razonamiento que impulsa el proyecto subyace la imagen de campos militares donde se imponga la disciplina de la cual estos chicos supuestamente carecen.
El proyecto denota un profundo desconocimiento de nuestros jóvenes. La Argentina está muy lejos de sufrir bandas juveniles que tienen un alto nivel de organización, como ocurre en México, en El Salvador o en Brasil. Los grupos de nuestros “chicos de la calle”, afortunadamente, de ninguna manera son comparables con aquellas organizaciones. Programas como el “Fines” de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, en los cuales incluirlos es darles una mano para que recuperen el capital simbólico que se les ha expropiado o negado, logran atraer y orientar a los jóvenes, así como los programas deportivos, recreativos y especialmente los de capacitación laboral. Además existe el sistema escolar, que los autores del proyecto de hecho descartan, pues para ellos no es una buena solución abrirles a aquellos chicos un lugar en las aulas a las cuales concurren sus pares de otros niveles sociales. Pero lo peor es que consideren una falta que no trabajen, mostrando su total desconsideración de la legislación nacional e internacional, que prohíbe el trabajo infantil y juvenil. El proyecto es antidemocrático, injusto y espanta al denotar la persistencia de una mentalidad represiva que ha causado profundos dolores al país, así como la condensación del odio social en los chicos pobres, una vez más.
* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
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