Luego de las restricciones de ingreso a ciudadanos argentinos, las autoridades migratorias de España anunciaron ayer que dejarán de requerir “visado de estudios para estancias inferiores a noventa días que no impliquen actividades remuneradas” mientras los gobiernos avanzan en otros mecanismos de “confianza y cooperación” en la admisión de viajeros argentinos a ese país. La decisión se conoció después de que comisiones técnicas de los dos países analizaran casos de ciudadanos de la Argentina que no fueron admitidos en el aeropuerto de Barajas, de los cuales varios llegaban en plan de estudios.

Las cancillerías además acordaron “realizar un esfuerzo adicional en la comunicación entre las autoridades correspondientes para generar un diálogo continuo en el marco de la normativa vigente”. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se reunió el viernes pasado con su colega española, Trinidad Jiménez, en sus oficinas de Plaza San Martín tras la participación de la funcionaria en el sepelio del ex presidente Néstor Kirchner, y analizaron los avances en materia de cooperación bilateral.

Las autoridades informaron que mientras estudian “otros posibles mecanismos de confianza y cooperación en la gestión de flujos”, el gobierno de España dispuso que “no se requerirán visados de estudios para estancias inferiores a 90 días que no impliquen actividades remuneradas”. Así, señalaron que se clarificaba “la aplicación de la normativa vigente”. En el encuentro, Timerman reiteró la “preocupación” del Gobierno por la inadmisión de varios viajeros argentinos. La diplomática ibérica, por su parte, destacó la importancia de “los lazos entre ambas naciones y la contribución que realizan los miles de argentinos que residen en España”. Los cancilleres subrayaron el “alto grado de entendimiento” alcanzado en una reunión que se realizó la semana pasada en Madrid entre la comisión técnica de la Cancillería argentina y las autoridades españolas sobre la materia. Los ministros instruyeron a las áreas competentes a establecer “un mecanismo de coordinación” para “unificar y mejorar la información relativa a los requisitos exigidos para la entrada”.

También se acordó “intensificar el esfuerzo didáctico” de las instituciones de ambos países, compañías aéreas, agencias de viajes, operadores turísticos y viajeros, para “difundir con la mayor claridad posible los requisitos del ingreso” de ciudadanos argentinos.

Estas medidas se tomaron luego de que en las últimas semanas, España impidiera el ingreso de al menos cuatro argentinos: tres eran estudiantes que tenían cartas de invitación que no resultaron satisfactorias para los controles migratorios. Uno de los casos difundidos es el de la docente María Cecilia Tonón, becada por el Ministerio de Educación nacional e invitada a ese país por la Universidad Complutense de Madrid para un intercambio educativo por dos meses. Días después de la expulsión, la mujer perdió un embarazo de tres meses. La docente había sido demorada en el aeropuerto de Barajas, en un salón de inadmitidos. La expulsaron del país porque dijeron que no cumplía todos los requisitos dado que no tenía visa de estudiante.

Victoria Di Salvo, de 58 años, mucama en un hospital de Rosario, también fue deportada. En el control de migraciones le plantearon que “en ningún lugar del mundo le pueden dar 90 días” de licencia a una mucama. De regreso al país, habló con el cónsul para saber por qué no le permitieron el ingreso a España, adonde iba para visitar a su hija embarazada.

Frente a estas expulsiones, el Senado de la Nación manifestó días atrás su rechazo al “maltrato recibido por ciudadanos argentinos por parte de autoridades migratorias” en los aeropuertos de España. Y además, pidió que se respeten los tratados de reciprocidad, tal como ocurre con el ingreso de ciudadanos españoles a la Argentina.